Todos los años me reúno con muchos emprendedores de startups que ofrecen productos o modelos de negocio innovadores. Conversamos sobre sobre el impacto que han tenido en la creación o crecimiento de su empresa los programas de apoyo público a la innovación, que se dan usualmente en forma de subsidios o créditos blandos. Y si bien nos dicen que estos apoyos son muy relevantes, una realidad común que nos transmiten resulta algo desconcertante: lo que realmente hace la diferencia en el desarrollo de sus empresas emergentes es cuando reciben la primera orden de compra importante de su producto.

A partir de esa primera compra, nos dicen, se ponen marcha un conjunto de eventos virtuosos que van eliminando casi naturalmente muchas de las barreras para innovar y crecer que antes enfrentaban. Por ejemplo, aparecen potenciales inversionistas de capital emprendedor y jóvenes talentosos se muestran deseosos por sumarse a la compañía. Esto nos lleva a hacernos una inevitable pregunta: ¿cómo podemos impulsar el poder de esta primera orden de compra para fomentar la innovación y el desarrollo emprendedor?

Parte de la respuesta parece estar en la demanda del sector público. En promedio, la compra de bienes y servicios por parte del Estado suele explicar entre un 10% a 15% del PIB; en América Latina inclusive un poco más. Por ello, quienes trabajan en políticas públicas han venido observando ya hace algunas décadas el potencial de las compras públicas como disparador de una mayor inversión privada en innovación y, al mismo tiempo, como vía para mejorar la eficiencia en la provisión de servicios públicos. De hecho, muchas de las innovaciones disruptivas que disfrutamos en la actualidad como el GPS, la resonancia magnética, la leche deslactosada o incluso el Internet, son el resultado de respuestas privadas a necesidades del sector público.

En los últimos años, todo el conocimiento y experiencias acumuladas se han convertido en un marco de trabajo y en políticas concretas, que de manera creciente se dan a conocer con la sigla CPI o compra pública de innovación. En una definición amplia, la CPI consiste en un procedimiento administrativo de contratación, por el cual el comprador público puede licitar la contratación de un producto o servicio que no existe en el mercado y según sus especificidades funcionales y que puede requerir el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación. La CPI no es comprar productos que ya existen; no es un nuevo tipo de contrato; no es una nueva forma de adjudicación (pues se usan las mismas modalidades: adjudicación directa, licitación nacional, internacional, etc.) y no es informatizar los procesos de contratación.

¿Cómo luce en la práctica? En Suecia, un grupo de municipios buscaban refrigeradores para los servicios de vivienda social que fueran 40% más eficientes y con menor impacto ambiental. Lanzaron una licitación de CPI a la cual se presentaron 5 empresas, 2 resultaron finalistas y 1 fue adjudicada con la compra de un primer lote de unos 600 refrigeradores que cumplían con la especificación funcional requerida. En Bélgica, un ayuntamiento contrató, mediante CPI, el desarrollo de filtros de emisiones de carbono para los autobuses de transporte público, reduciendo en un 85% las emisiones de hollín. En España, el Servicio Gallego de Salud licitó una nueva plataforma de telemedicina para el seguimiento de pacientes con enfermedad pulmonar crónica, y uno de los prototipos obtenidos se probó en más de 800 pacientes generando grandes ahorros para el sistema sanitario.

Estrategias y programas de compra pública de innovación

En la mayoría de los países desarrollados la CPI fue integrándose gradualmente al conjunto de políticas de innovación y a las guías de adquisiciones públicas. Ya en 2014, 23 países de la OECD contaban con una estrategia nacional de apoyo a las compras públicas de bienes y servicios innovadores. Lo mismo en la Unión Europea, que desde mediados de la década pasada empezó a instalar este tema dentro del marco comunitario de adquisiciones y de las ayudas estatales para la innovación.

Por ejemplo, se destaca el caso de España, que proporcionó un gran empuje a la CPI desde finales de los 2000 incorporando las directrices de adquisiciones de la Unión Europea y generando un marco regulatorio para implementar la CPI en sectores tales como infraestructura, salud y desarrollo urbano. Dos herramientas importantes en este proceso han sido la Plataforma Central de Adquisiciones del Estado, donde se anuncian y negocian todos los contratos ofrecidos por las administraciones públicas del país para desarrollar innovación; y el Programa Innocompra (hoy FID), que apoya con asistencia técnica y financiamiento a la entidad pública que quiere desarrollar CPI.

En América Latina, a pesar del interés creciente en la CPI, esta todavía es una herramienta incipiente entre las políticas de apoyo a la innovación. A pesar de esto ya existen algunos casos puntuales que se pueden mencionar, tales como los concursos de Chilecompra para el diseño de nuevos calzados para la policía o el caso de la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Ecuador, que mediante el reto Fuga Cero lanzó un concurso para soluciones a los problemas de filtraciones de agua. Para acelerar la marcha, desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hemos publicado un análisis de su aplicación en la región, estamos impulsando pilotos de CPI Colombia, Ecuador, Peru y Uruguay  y a fines de noviembre apoyamos la realización del II Foro Iberoamericano de CPI, para intercambiar experiencias y lecciones aprendidas entre especialistas de España y países latinoamericanos. Este aprendizaje será relevante para el propio Banco, que ha recientemente actualizado su marco de adquisiciones para que sea más amigable a la compra de soluciones innovadoras.

Cuando logramos que los compradores del sector público comuniquen sistemáticamente sus necesidades y que proveedores aporten soluciones innovadoras que luego se plasmen en contratos de compras de bienes y servicios, estamos hablando de CPI.

Si la primera orden de compra importante es crucial para una startup innovadora, por la escala y complejidad es aún más relevante si esta compra proviene del sector público. Y si a este impulso que la CPI da a la innovación en las empresas, le sumamos la generación de ahorros, la mejora de los servicios ciudadanos y el desarrollo de una cultura de innovación en el Estado, tenemos todavía más razones para promoverla.

*Esta columna fue publicada originalmente en el blog Puntos sobre la i, del BID.