Después agregó: estamos a favor de la despenalización de la mariguana y la amapola, como una medida adicional para combatir la violencia ligada al narcotráfico, que ha dejado decenas de miles de fallecidos en el país. Y más, “Ya la despenalizó Canadá, ya la despenalizó casi la mitad de los estados de Estados Unidos. ¿Qué estamos pensando, matándonos, cuando ya toda Norteamérica la está despenalizando y muchos países europeos?”.

En este contexto, más que bienvenido el reporte La Política de drogas en México: causa de una inmensa tragedia nacional, Una propuesta radical pero indispensable para remediarla del expresidente Ernesto Zedillo, Alejandro Madrazo y Catalina Pérez Correa del CIDE y Fernanda Alonso una joven y brillante estudiante de doctorado en la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Deberá volverse un referente para la que vaya a ser la política pública del próximo gobierno.

Este documento es una muestra de que los académicos tienen mucho que aportar a la solución de los problemas. Los autores llevan años estudiando el tema, han logrado fijar la conversación pública al respecto y presentan un diagnóstico preciso de las consecuencias de la política prohibicionista. Parten de la premisa, irremediablemente, acertada de que, “el régimen internacional de control de drogas, al basarse en un paradigma punitivo de aplicación de la ley, ha tenido como resultado más violencia, más personas en prisión y la erosión de la gobernanza en el mundo entero” y de que “los daños a la salud asociados con el uso de drogas, lejos de disminuir, han aumentado”.

Explican, claramente, que los daños y los riesgos relacionados con las drogas son de dos tipos: el primario, vinculado con el uso, y el secundario, que se desprende de la naturaleza ilícita del mercado de drogas. En México, los riesgos y daños secundarios, claramente, superan a los primarios. Por fortuna, todavía no tenemos un problema serio de consumo de drogas: sólo el 2.7% de la población adulta reconoce haberlas utilizado, al menos, una vez en el último año. Es una cifra relativamente baja, pero ha ido en aumento.

Por eso, fundamentar la política de drogas en el derecho a la salud implica la adopción de una concepción amplia y clara de la reducción del daño, que incluye no sólo minimizar el impacto negativo directo en la salud del uso de drogas, sino minimizar el impacto negativo que causa en la sociedad la política de drogas vigente.

Si este diagnóstico bien documentado y fundamentado se acepta, no hay más remedio que dar el paso: un cambio radical en la política de drogas. El trabajo es todo menos dogmático. Reconoce que no existe un modelo único de regulación y que cada país debe identificar sus circunstancia institucionales, sociales y culturales. Por eso, presentan un espectro de opciones regulatorias.

No se engañan. Están conscientes de que “la reforma de la política de drogas, por sí sola, no resolverá los problemas de debilidad institucional o la falta de seguridad que México padece, y que hoy son los principales obstáculos para lograr el pleno desarrollo económico, social y político del país”. Pero argumentan con razón que para atender la actual crisis es indispensable establecer sistemas legales que permitan a las personas que usan drogas acceder a ellas de manera legal, segura e informada. Y cuando dicen “acceder” dan en el blanco: si se liberaliza la demanda, pero se mantiene la ilicitud del suministro, podrían aumentar los ingresos de los traficantes ilegales y, por tanto, su poder criminal. Por ello, recomiendan que el Estado tome el control del suministro de las sustancias hoy prohibidas mediante una regulación legal responsable.

La mejor noticia es que la propuesta está alineada con algunos de los planteamientos que ha hecho el equipo el AMLO: a) la amnistía a miles de jóvenes que comercian pequeñas cantidades de drogas y a campesinos que cultivan drogas porque no tienen alternativas; b) la austeridad, ¿para qué seguir malgastando, dice el estudio, los escasos recursos del Estado en una política de persecución penal cuando está claro que no da resultados? y; c) la corrupción, porque la actual política “en un terreno fértil para que las organizaciones delictivas obtengan ganancias considerables, que en parte se destinan a corromper a las autoridades y a las instituciones”.

No hay, pues, pretexto para seguir posponiendo una solución, encargar diagnósticos, montar foros o hacer consultas populares. En La Política de drogas en México: causa de una inmensa tragedia nacional se encuentran una serie de recomendaciones a partir de evidencia científica y que enarbola como principio de la toma de decisiones un enfoque integral que incluye la salud pública, los derechos humanos, la violencia, la delincuencia, la corrupción y los mercados ilícitos asociados a las políticas prohibicionistas probadamente ineficaces.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excélsior.com.mx.