Para el ciudadano común y corriente, las frecuentes noticias de diverso calado sobre la corrupción en la administración pública mexicana no son noticia. En la conciencia colectiva y en el mismo imaginario popular de México, este tipo de noticias no cambian en nada la vida social y política del país. Se les percibe simplemente como crímenes sin castigo. La pertinaz impunidad que permea los actos presunta y efectivamente ilegales en el manejo de los ingresos y gastos públicos nos ha llevado desde hace muchos años a ver éstos como algo irremediable. Una suerte de resignación fatal ha rodeado hasta ahora la percepcion ciudadana ante todas las “transas” y “agandalles” que se saben que existen en todos lo niveles de gobierno.

No debe sorprender, por tanto, que en estas elecciones presidenciales (cuya competencia formal comienza hasta abril), el tema de la corrupción es “el tema”. Los tres principales candidatos le han entrado a esta cuestión, destacando Meade, obviamente, por dejarlo como un tema secundario en su discurso. AMLO lo tiene como medular en su propuesta y Anaya, para no quedarse atráen este candente asunto, amenaza con llevar a la cárcel a Peña Nieto si fuera el caso de que encontrara corrupción en su gobierno (sic).

¿De verdad estamos por comenzar una nueva etapa en la vida política y social de México? ¿El ganador, que estará entre AMLO y Anaya, pondrá la bases para acercarnos a una democracia avanzada donde la ley sea un imperativo en toda acción pública? ¿Los intereses creados por los cleptócratas de las altas esferas entrarán pronto en una fuga histórica hasta ver reducida la corrupacion a su mínima expresión? ¿Veremos a célebres e impunes delincuentes de cuello blanco en las cárceles?

Estas son algunas preguntas que andan en la mente y en la boca de muchos, pero el escepticismo y la suspicacia todavía son los lentes con los que se ven las pretendidas soluciones que se pregonan en torno a este tema que traspasa todos los ámbitos y niveles de la sociedad mexicana.

Hoy existen instituciones públicas que están disponibles para intentar hacer algo contra este problema nacional endémico. Veamos solamente dos de ellas: La Ley de Fiscalización Superior de la Federación: LFSF (que tiene como instrumento nuclear la Auditoría Superior de la Federación: ASF) y la Secretaría de la Función Pública, (SFP) que depende directamente del ejecutivo federal.

¿Para qué y cómo funcionan formalmente ambas instituciones?

Dentro del gobierno federal existe el llamado “control interno”, que se hace antes, durante y después de realizada la gestión financiera, y lo efectúan las contralorías reconocidas en las diversas agencias gubernamenales. La SFP coordina esta tarea a través de tales contralorías, ubicadas en cadauna de las dependencias del poder ejecutivo. El presidente se encarga de vigilarse así mismo y su fiel e incondicional secreatriado, eso dicen los que saben de estas cosas.

Por otra parte, está el llamado “control externo”, que se realiza después de la gestión financiera gubernamental por medio de la citada ASF. Esta institución, invocada y aludida como parte medular de la rendición de cuentas en la democracia mexicana, parece tener una potencial capacidad fiscalizadora que, hasta ahora, es, a pesar de sus muchos méritos, una buena promesa y nada más.

De una lectura no experta de los 96 artículos de la LFSF queda claro que la ASF no puede ser una institución con capacidades legalmente punitivas, “con dientes”, no obstante que su trabajo cotidiano es relevante para que la Cámara de Diputados, de mala fama casi siempre, y para que través de su Comisión de Vigilancia, pueda ejercer sus facultades para que se evalúe la rendición de cuentas del poder ejecutivo, que es lo que mandata la LFSF.

En el mes de febrero pasado las primeras planas de los principales diarios destacaron que entre los años 2012 y 2016 se detectó un presunto desvío de recursos públicos por 6 mil 879 millones de pesos mediante una figura que permite la contratación entre dos dependencias gubernamentales, con el propósito de evadir la Ley de Adquisiciones del Sector Público y así facilitar la entrega de recursos públicos a una tercera empresa privada que no es supervisada.

¿Cómo se pudo hacer esta trácala, o desviación, para decirlo en el lenguaje formal de los auditores?

Muy sencillo: este mecanismo permitió dicho desvío a ciertas secretarías del ejecutivo federal, universidades públicas y gobiernos estatales y municipales mediante contratos que atendieron unas supuestas consultorías, asesorías y otros servicios relacionados, pero que no se comprueban o no se llevan cabo.

Dentro de todo este torbellino de denuncias y señalamientos, salió el nombre de Rosario Robles, titular de la la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu). Y luego para hacer más aparatoso el espectáculo lamentable, se pidió la comparecencia de ella en la Cámara de Diputados, pues los desvíos detectados por la ASF fueron por más de dos mil millones de pesos durante las gestiones de esta señora al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu).

Al final del día, todo fue puro humo mediático, griterío frívolo, pues los representantes del PRI, PVEM y PANAL votaron en contra de llevar a cabo un efectivo ejercicio de rendición de cuentas. Y colorín colorado, ese cuento ha terminado.

Pero para consuelo de la ciudadanía indiferente a estas maniobras que entierran, ocultan y opacan el manejo de estos millonarios recursos, la ASF propuso de inmediato reglamentar el artículo 1º de la Ley de Adqisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LASSP) para evitar desvíos cuando se contraten bienes o servicios entre entidades y dependencias públicas, así como para obligar a los titulares de cada entidad del sector público a suscribir de manera directa los contratos correspondientes, de forma que se conviertan en responsables por el manejo de esos fondos.

Finalmente, no pasó ni pasará nada. Ni siquiera los nombres de los embarrados en estos pillajes fueron cambiados. Entre formalismos triviales y acciones parlamentarias “de dudosa reputación”, todo esto también se desvaneció en los murmullos de la plaza pública. Los medios, al fin y al cabo, le dieron vuelta a la hoja. Y así la vida sigue, pues aquí no pasó nada.