Recientemente, el ministro de economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo que si el "kirchnerismo" gana las elecciones presidenciales de Argentina (con Alberto Fernández y Cristina Fernández como dupla de la oposición), el 27 de octubre próximo, su país consideraría retirarse del Mercosur en la medida que este abandone la apertura comercial llevada a cabo durante la presidencia de Mauricio Macri. Pero ¿es esto una amenaza real y efectiva de corto plazo o simplemente una señal política?
Las señales políticas o amenazas parecieran tener asidero en el deseo de continuar el camino de la apertura comercial y no de perder los beneficios de la negociación de acuerdos comerciales hoy en curso. Por ejemplo, con el Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) o Canadá. En este sentido, el propio acuerdo UE-Mercosur es un ejemplo de aquello, al establecer la posibilidad de que una vez ratificado por la UE, quien primero ratifique el acuerdo en el bloque sudamericano podrá hacer uso efectivo de este, sin tener que esperar la aprobación de manera individual de los congresos de los cuatro miembros del Mercosur.
A la vez, en términos de la dependencia comercial entre ambas naciones, Brasil parece estar en una situación ventajosa para una medida como la expuesta. Si bien, esta relación ha mostrado algunos altibajos en los últimos años, Brasil se ha consolidado como el principal socio comercial de Argentina en 2018, con el 23% de su intercambio comercial, el 18% de sus envíos y el 24% de sus compras, mientras que a la inversa, las exportaciones de Brasil a la republica trasandina no superan el 6% del total.
Sin embargo, en el plano formal, el Tratado de Asunción establece en su Capítulo V, Art. 21 y 22, las condiciones para la desvinculación (denuncia) de alguno de los países miembros del bloque, bajo el cumplimiento de ciertos requerimientos y tiempos de implementación. Así, y adicionalmente a la comunicación formal y expresa mediante los correspondientes instrumentos diplomáticos a los demás países del bloque, y finalizada esta denuncia, el acuerdo y su esqueleto de normas continuarán en vigor por un periodo de dos años en el país que solicita la desunión. Dicho lo anterior, un proceso como el planteado no tomaría menos de dos a tres años de desarrollo.
Finalmente, la interconexión entre ambas economías, los procedimientos administrativos y diplomáticos a cumplir, y la cercanía de las elecciones argentinas, hacen pensar que en lo inmediato lo expresado por Guedes es más bien una maniobra de presión política, más que una medida efectiva de corto plazo. Aunque esta genere incertidumbre en los mercados y en los operadores económicos de la región.
