El impacto socioeconómico de la guerra abierta del gobierno lopezobradorista contra los ladrones de gasolina ha sido importante, rápido y con una pizca desestabilizadora, sin duda alguna. El presidente ha tomado el toro por los cuernos, consciente de que está sacudiendo el avispero en el que se mueven pesados intereses, sucios e inconfesables. La antigüedad del problema y la determinación de resolverlo frontalmente explican en gran medida tales impactos y las mismas reacciones sociales de tono alarmante.

La conducta, cuando menos timorata, omisa y permisiva de los gobiernos anteriores frente al saqueo desvergonzado de Pemex, hoy se exhibe crudamente con los datos y situaciones alarmantes que se tienen que encarar para resolver esta indiscutible emergencia nacional.

Innegable: hay un panorama de tensión y preocupación ciudadana en el país que salta a la vista por esta acción atinada, legal y legítima del gobierno de AMLO. Sin embargo, hasta ahora los costos políticos realmente existentes parece que no son del todo medibles y visibles, ni por su duración ni por su magnitud. Sospecho que, en las dos semanas por venir, conforme se expresen todos los actores sociales y políticos interesados en posicionarse activamente frente a esta crisis, ya podremos estar en mejores condiciones de valorar los partes de esta guerra anunciada e impulsada por el propio AMLO.

El prestigiado diario Reforma publicó el viernes 11 de enero los resultados de una encuesta telefónica entre 400 adultos de los siete estados más afectados por esta crisis, los que manifestaron sus opiniones sobre esta ofensiva contra el "huachicoleo", donde el efecto de corto plazo del cierre de los ductos de las gasolinas es el punto deliberado. Vale destacar algunas de las respuestas que permiten tener ahora una cierta idea de cómo percibe una parte de la ciudadanía este histórico ajuste de cuentas, que tiene como alegato primordial a su favor la reivindicación plena del Estado de derecho en México.

El 73% acepta que es preferible acabar con el robo de gasolina, aunque no haya combustible por un tiempo; el 18% prefiere que se garantice el abasto de gasolina, aunque esta se esté robando.

El 63% le cree al gobierno cuando se anuncia que la falta de gasolina se debe al cierre de los ductos para combatir el "huachicoleo"; el 32% no le cree al gobierno en este anuncio.

El 88% cree que es probable que personal de Pemex está involucrado en el robo de combustible; el 7% cree que esto es poco o nada probable.

El 47% no cree que el cierre de los ductos resolverá el "huachicoleo"; el 46% sí cree que esta acción resolverá dicho problema.

El 60% considera que la medida del gobierno poco o nada le ha afectado; el 40% percibe que sí le ha afectado algo o mucho.

El 42% atribuye la escasez de gasolina al gobierno de Peña Nieto; el 31% a los "huachicoleros" y el 13% al gobierno de AMLO.

El 67% cree que el abasto de gasolina se normalizará pronto; el 24% cree que empeorará con el tiempo.

Cada una de estas respuestas refleja una muy diversa percepción ciudadana sobre esta guerra, pero nada que anuncie un rechazo absoluto a la misma, aunque hay bastante escepticismo respecto a sus resultados inmediatos. La mayoría de los encuestados reconoce implícitamente la legitimidad y legalidad de la medida, de sus intenciones últimas, aunque en esta etapa belicosa no se percibe todavía un triunfo fácil e inmediato contra las fuertes redes de complicidades bastardas que han instituido y sostenido al “huachicol” desde hace décadas.

Hay quizá consenso (no unanimidad) entre "moros y cristianos" de que la estrategia de guerra de AMLO tiene hoy dos fallas graves:

1) los dispositivos gubernamentales de comunicación han sido inoportunos, insuficientes y centrados en el mismo presidente.

2) la falta de culpables de alto rango en los tribunales deja hasta ahora el crimen sin castigo. 

A las guerras, hay que recordarlo, se va siempre con ánimo resuelto, pero siempre con incertidumbres inevitables. La moraleja es obvia: más vale equivocarse haciendo algo, que no equivocarse al no hacer nada.

El gobierno ciertamente ha cometido errores (no estratégicos) en esta etapa de la guerra contra el “huachicol”, pero no está improvisando. La bandera de la lucha frontal y sin tregua contra la corrupción dentro y fuera del Estado no será arriada. Los yerros cometidos, sin embargo, tienen que ser reconocidos y corregidos pronto para alcanzar resultados convincentes.

Las decisiones tomadas hasta ahora están perfilando escenarios sociales y políticos sin precedente. Las campañas negras en las redes sociales contra el Peje forman parte de una evidente estrategia de los malandrines para caldear irresponsablemente el clima político nacional.

Hay un enfrentamiento inédito entre las fuerzas del cambio social y las defensoras del inmovilismo corruptor que nos ha empobrecido y desmoralizado como nación, donde el aprovechamiento racional y social de la industria petrolera vuelve a ser el eje central de un nuevo proyecto nacional.

Noticias reanimadoras en estos momentos de tirantez social: el peso alcanzó el viernes pasado su mejor nivel en 10 semanas y el indicador de confianza del consumidor alcanzó en diciembre pasado el nivel de confianza más alto en 12 años. “Los mercados” y las familias refuerzan los afanes reformadores que salen del palacio nacional.