La corrupción es sin duda un tema complejo para analizar y más aún para controlar. Las recetas son de muchos tipos. Ninguna infalible. Hay estudios que señalan que el problema de las estrategias anticorrupción es la falta de presupuesto. México desmiente esta hipótesis. Si se suman el presupuesto del conjunto de instituciones destinadas a combatir la corrupción en México (Inai, ASF, SFP, la Unidad Especializada de la PGR, la Fepade y la UIF) y se compara su crecimiento durante todo el sexenio de Peña Nieto puede demostrarse que en México se han invertido cada vez más recursos y que, sin embargo, la percepción de la corrupción fue en ascenso. Entre 2012 y 2018, el presupuesto de este conjunto de instituciones se incrementó en 56 por ciento. En esos mismos años perdimos seis puntos en la calificación del Índice de Percepción de la Corrupción y 33 lugares en el ranking internacional con respecto al año anterior. Ahora tenemos una calificación de 28 sobre 100 puntos y estamos en la posición global 138.

¿Justificaría esto disminuir el presupuesto? No, pero la administración así lo cree. En 2019 se redujo el presupuesto de estas entidades en 12.8% y si bien en 2020 habrá un incremento real de 10%, estas instituciones aún tienen 4.1% menos presupuesto que en 2018. Al dinero hay que darle un buen destino. Por ejemplo, para para fortalecer las instituciones de procuración y administración de justicia, pues con niveles de impunidad de 97% no hay lucha anticorrupción que valga.

Ha faltado, como en otras áreas, deshacerse de los slogans de campaña y diseñar una estrategia que: a) no confunda la voluntad con el voluntarismo, b) el cambio de leyes con su cumplimiento, c) la aprobación de leyes punitivas con la disuasión de los actos de corrupción, d) las medidas de “austeridad republicana” con las del combate a la corrupción y, e) la concentración de poder en unas pocas personas de “probada honestidad” como método para erradicar la corrupción.

Todavía no sabemos cómo ha evolucionado la corrupción en este año. Muy probablemente la percepción disminuirá tanto porque López Obrador es un político identificado con la honestidad, como porque el tema sigue siendo el más recurrente en sus discursos. A pesar de ello, bien haría el gobierno en conocer las opiniones de la población y sí, también, de la prensa y de las organizaciones de la sociedad civil.

Tres mensajes han mandado estos actores.

Los ciudadanos. La política anticorrupción es una de las políticas mejor evaluadas, pero las opiniones negativas sobre cómo se está tratando el tema siguen siendo más numerosas: 34% dice que bien o muy bien frente al 41% que dice que mal o muy mal (El Financiero, noviembre 2019). Sólo 17% señala los esfuerzos contra la corrupción como el mayor logro hasta ahora.

La prensa. Cada vez son más los medios que denuncian incongruencias entre el discurso y las acciones en la materia. Para muestra un botón. Proceso (7-12-19) publica el reportaje AMLO y el doble rasero anticorrupción. Ahí se muestra el contraste entre el implacable tratamiento a la corrupción del pasado —acusando sin probar, ni reparar en el daño a la reputación de los presuntos corruptos— y la justificación y respaldo a sus colaboradores: Servidores de la Nación, superdelegado en Jalisco (C. Lomelí), otros nueve superdelegados, Manuel Bartlett (CFE), Yeidckol Polevnsky (Morena) o Ana Gabriela Guevara (Conade).

Los centros de investigación y las organizaciones de la sociedad civil. Estas instituciones llevan mucho tiempo denunciando los actos y redes de corrupción del pasado y ahora del presente. Lo han hecho sin distingos partidarios. Han diagnosticado la realidad mexicana en materia de corrupción, calculando sus costos económicos, políticos y sociales, desentrañando los mecanismos que la permiten y la hacen rentable, estudiando las experiencias de éxito y fracaso en otros países y haciendo recomendaciones de política pública. Existe una amplia cantera de iniciativas —administrativas y legales— lista para ponerse a disposición de las autoridades responsables de combatir la corrupción y la impunidad y una amplia comunidad dispuesta a colaborar.

No estaría mal escuchar a estos tres sectores y trabajar de manera conjunta.

*Esta columna fue publicada originalmente de Excélsior.com.mx.