¿Un regreso al pasado? 

El gobierno quiere pasar una serie de modificaciones a la Ley LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública), que regula las compras y adquisiciones delsector público. Esto ha desatado un torrente de críticas de todos los sectores, que señalan el retroceso que esta reforma, que no tiene razón de ser, causaría al país.

En esta columna me enfoco en los problemas que estas reformas causarían al gobierno mismo y la Presidencia de la República, que son tantos y tan paralizantes que lo hacen a uno preguntarse por qué el Presidente podría presentar reformas tan autodestructivas para su propia gestión.

Ahora las compras están descentralizadas en unidades especializadas ubicadas en cada institución del Estado, coordinadas en un sistema nacional para asegurar la consistencia de los criterios aplicados en sus operaciones. Este sistema reemplazó a la nefasta Proveeduría General de la República, que compraba y atrasaba todo como un cuello de botella, y creaba grandes oportunidades de corrupción, causadas no sólo por el volumen de las operaciones sino también por las complicaciones y confusión causadas por la compra de miles de cosas distintas, que requieren de conocimientos diferentes para comprarlas, por individuos que saltaban de comprar libros a cobalto para el control del cáncer a palas para Obras Públicas en la misma mañana.

En ese torbellino de órdenes de compra, éstas desaparecían como en una espiral de la cual era difícil conseguir que reemergieran. Sólo el poner una solicitud arriba de miles de otras era ya en sí una oportunidad de corrupción. Había muchas más. Las reformas básicamente llevarían las compras de regreso a este sistema.

¿Qué se pretende?

Como toda ley, la LACAP puede mejorarse. Pero las reformas propuestas no incluyen las partes que pueden mejorarse. Al contrario, sus propuestas desmejoran la ley en muchas dimensiones y muy sustancialmente.

Las leyes de compras y contrataciones tratan de encontrar un equilibrio entre la protección contra el abuso y la corrupción y la promoción de eficiencia en las compras del estado. Es decir, estas leyes buscan crear un ambiente en el que las compras se realicen lo más rápida y eficientemente posible mientras se controla el uso de los fondos estatales de tal manera que se reduzca al mínimo las posibilidades de corrupción.

Así, leyes como éstas pueden mejorarse de dos maneras: una, volviendo los procesos más expeditos y eficientes sin disminuir el control de los fondos, o aumentar el control de los fondos sin disminuir la eficiencia.

Las reformas propuestas harían lo completamente opuesto: disminuirían el control de los fondos, abriendo nuevas y enormes oportunidades de corrupción, mientras que a la vez disminuirían fuertemente la eficiencia y la rapidez de las compras.

Adicionalmente, las reformas causarían un problema de organización interna del Órgano Ejecutivo. En términos del manejo del gobierno, el ministerio más poderoso es sin duda el de Hacienda, ya que necesariamente todos los fondos estatales deben pasar por una sola institución para introducir orden en las operaciones financieras. La Constitución misma ordena que todos los fondos pasen por una caja central.

Las reformas aumentarían brutalmente el poder de ese ministerio, que controlaría no sólo estas funciones sino también todas las compras del Estado, algo que no es necesario centralizar y que, como se discute abajo, en realidad debe mantenerse descentralizado.

Esto disminuiría sustancialmente la capacidad de ejecución de todas las unidades del gobierno mismo, que es lo mismo que decir que disminuiría la capacidad de ejecución del Presidente.

Las reformas propuestas

Las reformas harían lo siguiente. Primero, concentrarían el poder de las compras totales del estado en una unidad en el Ministerio de Hacienda, que no haría las compras mismas, pero establecería un directorio de contratistas calificados que serían los únicos de los que los distintos ministerios y otras unidades del estado podrían comprar.

Hacienda también establecería los términos, condiciones, y demás requisitos que serían definidos en las bases de licitación correspondientes. Es decir, en Hacienda decidirían de quiénes se pueden comprar y en qué condiciones todas las medicinas, los materiales y contratos de Obras Públicas, los servicios especializados para controles de plagas, las cámaras para control de tráfico, los insumos para hacer análisis de ADN, los libros de la Biblioteca Nacional, los materiales necesarios en los museos y en las excavaciones de sitios arqueológicos, los vestidos de los bailarines de ballet, etc. Es la negación de las ventajas de la especialización y de la cercanía de los que compran con los que ordenan las compras.

Pero la unidad en Hacienda también evaluaría a las propuestas de compras, que es la segunda reforma, para lo cual se tomaría un máximo de 60 días. ¿Se imaginan las peticiones diarias de las unidades de compras de más de 1.500 instituciones estatales para por favor aprobarme esto ya, que es urgente? Y el poder del funcionario a cargo, recostándose en la silla y diciendo, “Vamos a ver, vamos a ver…”

La tercera reforma es darle a Hacienda el poder de revisar sus propias decisiones, pero eliminando la apelación, de tal manera que todas decisiones y el control de éstas se concentrarían en Hacienda. Sólo alguien que no ha trabajado en el gobierno deja de entender el poder gigantesco que esto concentraría en Hacienda, que sería capaz de elevar cualquier proveedor a las alturas de los millones, y de destrozar a otros, y de luego decir que sus decisiones han sido correctas, sin tener el riesgo de que alguien apele a otra institución –todo con un toque de una pluma de un funcionario que no tendría que responder a nadie.

Pero hay otra reforma que cierra la impunidad que Hacienda tendría en el tema de compras: las reformas, inexplicablemente, eliminarían a la Fiscalía como representante del estado en contratos de bienes inmuebles (propiedades) –un punto que puede ser inconstitucional porque la constitución la nombra como representante judicial del estado sin excepciones. Esta medida inexplicable debilitaría todavía más lo controles sobre el sistema de compras.

Hay otras cosas muy preocupantes en las reformas, como la creación de las Compras de Baja Cuantía, que serían como las de caja chica, sin controles más allá de una factura, sólo que con sumas hasta de $6.000. Pero sólo estos temas ya mencionados son suficientes como para preguntarse bajo qué lógica se están proponiendo reformas que atrasarían las compras, crearían enormes burocracias y trámites burocráticos, confundirían los procesos, y crearían infinitas oportunidades para corrupción.

La presidencia disminuida

Los efectos de pasar estas reformas se sentirían muy rápidamente, primero en términos de atrasos y confusiones enormes en las compras de 1.500 unidades estatales, y de quejas de proveedores potenciales dejados por fuera de los procesos de compra por falta de conocimiento de los que establecerían las listas de proveedores, o por otras razones peores.

Con el tiempo, se sentiría la rigidez del sistema, especialmente en las compras de los insumos tecnológicos, cada vez más importantes, por falta de conocimiento de los sectores tecnológicos de salud, o de educación, o de transporte por parte de la unidad centralizada en Hacienda.

Los proveedores y las provisiones en estos sectores cambian continuamente, demasiado rápido para burócratas centralizados que sentirían que ellos tienen el poder y que los que quieren comprar son sus súbditos. Luego se volvería obvio que las oportunidades de corrupción se han aumentado.

¿Por qué retrasar las compras, bajar su eficiencia y aumentar el riesgo de corrupción sin obtener ningún beneficio para nadie? El primer perdedor de estas reformas sería el gobierno mismo, que se entramparía todavía más que lo que ya lo entrampó el FMLN.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato.org.