Hay un interés global por el papel que pueden desempeñar los inversores institucionales para ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Los SDGs, por sus siglas en inglés, son 17 objetivos de desarrollo sostenible acordados en septiembre de 2015 por los 193 países miembros de Naciones Unidas. El primero y principal es la erradicación de la pobreza. Los antecesores de los SDGs fueron los MDGs (“millenium development goals”) que tuvieron un éxito sin precedentes en la erradicación de la pobreza, gracias fundamentalmente al crecimiento en China, donde se calcula que 439 millones de personas salieron de la pobreza en las dos últimas décadas.
Los SDGs amplían los objetivos del milenio e incluyen otros como el cambio climático, la desigualdad, la innovación o el consumo sostenible. El énfasis se amplía también. Junto al objetivo principal de erradicar la pobreza, se añaden dos: la protección del planeta y la búsqueda de paz y prosperidad.
Nadie duda de la importancia de esta iniciativa. Hoy, 767 millones de personas siguen viviendo con menos de 1,90 dólares al día. Además, es sabido que los efectos del cambio climático y la subida de temperaturas impactan en países que no están preparados para defenderse: huracanes y terremotos son devastadores en países en desarrollo. El FMI calcula que para un país en desarrollo mediano, cada grado adicional de temperatura global supone un impacto negativo en el crecimiento de 1,2%.
Aunque muy ambiciosos, los SDGs tienen un enfoque muy pragmático y orientado hacia la colaboración. En este sentido, se busca que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil colaboren en proyectos e iniciativas que sirvan a la consecución de los objetivos en 2030. La inversión necesaria para alcanzar estos objetivos en áreas como la producción eléctrica, transportes, telecomunicaciones, agua o saneamiento urbano es inmensa. De acuerdo con la UNCTAD, la inversión adicional que habría que dirigir para alcanzar estos objetivos se estima en más de 2,5 billones de dólares cada año.
El papel de los inversores institucionales puede ser determinante. Los fondos de pensiones, las grandes aseguradoras, los gestores de activos y los fondos soberanos, controlan casi el 70% de todas las acciones cotizadas del planeta. En nuestro próximo Informe Fondos Soberanos 2018 analizamos en detalle el papel que los fondos soberanos pueden jugar en el difícil objetivo de limitar las emisiones y el consiguiente aumento de la temperatura global. Los fondos soberanos gestionan hoy en día 7,5 billones de dólares, de los que solo una parte muy pequeña se destina a “inversiones verdes” alineadas con los SDGs.
Sin embargo, las expectativas son muy altas. Y es que los fondos soberanos llegan preparados para acometer estas inversiones en sectores clave para el desarrollo. Durante los últimos diez años los fondos han virado su estrategia de inversión. De invertir de manera muy conservadora en activos líquidos y renta fija, los fondos han pasado a exponerse más claramente a activos reales no cotizados. El sector inmobiliario, las infraestructuras, los fondos de private equity o las empresas tecnológicas de alto crecimiento (startups), suponen ya más de un 30% de las carteras de estos fondos y más del 70% de sus operaciones del año pasado.
Esta transformación está dirigida todavía en mayor medida hacia los mercados maduros. Como veíamos en el Informe 2016, y veremos en el 2017, los fondos apuestan por infraestructuras en Europa y Australia. Sin embargo, otras regiones están aprovechando también este tirón. América Latina, por ejemplo, puede verse favorecida por este cambio de tendencia. Por un lado, las infraestructuras (de transporte, distribución y generación energética, saneamientos urbanos, etc.) son una prioridad en la región. El hecho de que los fondos se hayan especializado facilita su llegada. Por otro lado, la saturación de los mercados maduros, que ofrece pocas opciones de inversión a largo plazo, facilita que los fondos se orienten a mercados emergentes. El semi-fondo soberano creado en India para invertir en infraestructuras del país es un claro ejemplo. Ya ha sido apoyado por ADIA, el Abu Dhabi Investment Authority, que ha comprometido 1.000 millones de dólares y se espera que otros fondos soberanos sigan su ejemplo.
Precisamente ADIA adquirió a finales de 2016 un 20% de la unidad de autopistas de Abertis en Chile, por unos 500 millones de dólares. En septiembre del mismo año, un consorcio liderado por la canadiense Brookfield, y apoyado por fondos soberanos de Sinagapur (GIC) y China (CIC Capital), realizó en Brasil una de las operaciones más importantes del año. Fruto de la reestructuración de Petrobras, el consorcio adquirió el 90% de la unidad que gestionaba la distribución del gas natural—Nova Transportadora do Sudeste—por 5.200 millones de dólares.
Además de cubrir las necesidades de inversión en infraestructuras críticas, uno de los ámbitos donde los fondos soberanos pueden tener un papel clave para alcanzar los SDGs, es el de la inversión responsable. Así, una de las políticas más conocidas en este ámbito es la des-carbonización de portfolios. Tanto Noruega como Nueva Zelanda son la avanzadilla en estas políticas. Estos dos países con fondos soberanos han decidido excluir de sus portfolios aquellas compañías que están expuestas al carbón. Se estima que en los últimos dos años han vendido acciones por valor de unos 3.200 millones dólares en empresas altamente vinculadas al carbón. El argumento trata de ser lo más financiero posible: el riesgo que supone el carbón no está aún incorporado en el precio de esas acciones y su impacto debe cubrirse, por ejemplo, reduciendo la exposición a las empresas más vinculadas a ese riesgo.
Pero mientras el riesgo carbón no sea interiorizado en los mercados, el mercado puede no ver que se trata de una decisión de largo plazo sino un argumento político o de políticas públicas. Que, de hecho, puede ser muy importante. Entre otras cosas porque después del carbón vienen otras sectores.
Así, recientemente, el fondo noruego ha propuesto vender las acciones del sector hidrocarburos (petróleo y gas natural) de su cartera. Una decisión que ha sacudido los mercados ya que posee acciones del sector valoradas en 35.000 millones de dólares. Señala el banco central, que gestiona el inmenso fondo, que no puede exponerse a los riesgos del sector a medio plazo. La amenaza principal es el declinar del precio de las acciones del sector. Los ingresos del gobierno de Noruega, cada vez más dependientes de los retornos del fondo a través de la regla fiscal, no pueden exponerse a largo plazo a la mengua progresiva del valor de estas empresas.
El fondo tiene 379 empresas del sector petróleo y gas en su cartera. Cuatro de las diez participaciones más grandes han perdido valor bursátil en los últimos cinco años. El retorno de estas diez empresas ha sido del 2,7% en este periodo. Los resultados no son brillantes pero no son desastrosos. Todavía, argumenta el banco central.
Junto al riesgo financiero, el banco central podría señalar otros riesgos que sí refleja en su política acerca del cambio climático: riesgos regulatorios (políticas públicas que limitarán el uso de combustibles fósiles), tecnológicos (fuentes alternativas de energía, como las renovables; mejoras de eficiencia en el uso de baterías) y físicos (la no recuperación de reservas de hidrocarburos).
La noticia se suma a otras iniciativas que buscan mayor transparencia sobre la exposición al carbón de los inversores institucionales. En Francia, por ejemplo, se aprobó una ley este verano que obliga a los inversores a declarar su “huella de carbono”. Es la primera vez que la ley se dirige a los inversores y no solo a las empresas. Una iniciativa global, “Task Force on Climate-related Financial Disclosures” presidida por Michael Bloomberg y compuesta por otras personalidades influyentes en multitud de industrias y geografías, tiene como objetivo la homogeneización de la información sobre cambio climático. Se trata de una de las claves para impulsar la inversión verde: Solo con información consistente, comparable, fiable y clara se pueden evaluar los riesgos financieros ligados al cambio climático. Y así, los inversores institucionales, entre los que tienen un papel principal los fondos soberanos, podrán desbloquear sus recursos y apoyar con inversión la gran tarea de erradicar la pobreza, proteger el planeta y fomentar la paz y la prosperidad.
