El crecimiento de la economía en China ha ido de la mano con el crecimiento de la desigualdad en la distribución del ingreso (el principal instrumento para medir esa desigualdad, el coeficiente de Gini, creció en 50% entre 1980 y 2012). Podría plantearse dos argumentos para restar importancia a ese hecho. El primero es que, según la Curva de Kuznets, era previsible que la desigualdad de ingresos creciera en las primeras etapas de la industrialización, como también cabría prever que esa tendencia se revierta a medida que la población adquiera nuevas calificaciones a través de la educación, y se incremente el ingreso per cápita. El segundo argumento es que, en tanto producto de la asignación de recursos por parte del mercado, ese crecimiento en la desigualdad de ingresos refleja una desigualdad en méritos, y sería el costo a pagar para obtener una economía más eficiente. 

Existen, sin embargo, dos problemas con esos argumentos. El primero es que la secuencia prevista por la Curva de Kuznets operó en los países para los que fue concebida (en lo esencial, Europa occidental y los Estados Unidos), hasta 1980, pero a partir de entonces la desigualdad de ingresos en esos países comenzó a crecer nuevamente. En segundo lugar, parte importante de la desigualdad en China no es producto de la asignación de recursos por parte del mercado, sino de políticas públicas que redistribuyen de manera regresiva el ingreso (al favorecer a la ciudad sobre el campo, y a ciertas élites urbanas sobre el conjunto de la población). 

Marx sostenía que lo que denominó “acumulación originaria” era el equivalente dentro del capitalismo al pecado original dentro de la teología cristiana: la creación de las primeras sociedades industriales (en las cuales unos pocos eran propietarios de los medios de producción y la mayoría no tenía más medios para subsistir que la venta de su fuerza de trabajo), fue el producto de la confiscación compulsiva de los productores directos. Es decir, la acumulación de capital se habría producido históricamente a expensas de la pequeña propiedad privada agropecuaria y artesanal. Para suerte suya, Marx no vivió para ver como a fines de los 70 el Partido Comunista chino emprendía su propia versión de la acumulación originaria, a través de medios igualmente compulsivos.

Las zonas rurales (en las que habita cerca de la mitad de la población de China), han sido el convidado de piedra del crecimiento de las últimas décadas. Hay dos razones fundamentales para ello. De un lado, a diferencia del ámbito urbano, la población rural no ejerce derechos de propiedad sobre la tierra (que sigue perteneciendo al Estado), o incluso sobre sus viviendas (las cuales sólo pueden vender a otros  miembros de su propia comunidad). De otro lado, los habitantes del campo no pueden emigrar libremente a las ciudades, porque los registros de residencia (denominados “Hukou”), los atan a su lugar de nacimiento: en caso de emigrar, no calificarían para obtener acceso a vivienda, salud, educación o puestos de trabajo. 

Por último, la descentralización política creo incentivos perversos para las autoridades locales en zonas rurales. De una parte les transfirió atribuciones sin transferirles los recursos necesarios para ejercerlas. Y en ausencia de derechos de propiedad, los bienes inmuebles no podían ser fuente significativa de una renta imponible, o la base de un impuesto predial. Bajo esas circunstancias, las autoridades locales buscaban fuentes de ingreso vendiendo las tierras del Estado, desplazando en el proceso a la población que vivía de esa tierra (esa es a su vez la fuente principal de las cientos de protestas que ocurren a diario en China). Todo ello en un país con empresas públicas dirigidas por dirigentes del partido y sus familiares, y cuyas utilidades están garantizadas por el acceso privilegiado tanto a las compras de entidades públicas, como a crédito a tasas preferenciales otorgado por bancos del Estado. 

Dado que ha comenzado a perder dos de las fuentes de ventajas competitivas de sus exportaciones (el bajo costo de su mano de obra, y la manipulación en la cotización de su moneda), China busca en el consumo interno una nueva fuente de crecimiento. Pero no es casual que se busque incrementar el consumo interno promoviendo para el ámbito rural una “participación igual en la modernización”, así como “mejores derechos de propiedad”, de modo de “garantizar el sustento de la gente y la estabilidad social” (según reza la declaración final del reciente Pleno del Comité Central del Partido Comunista). Porque las reformas anunciadas en forma reciente por el Partido Comunista de China no sólo buscarían crear nuevas fuentes de dinamismo en la economía, sino además reducir las fuentes de desigualdad y protesta social.