El caso del cementazo está haciendo metástasis frente a nuestros ojos. Cada día trae nuevas revelaciones, actores, connivencias e instituciones implicadas. Si bien toda la trama hiede a corrupción, aún no se ha probado la comisión de un delito. Para llegar a ese punto, se requiere, primero, de la labor diligente y valiente de un Ministerio Público que investigue en profundidad los hechos y presente cargos contra los implicados. Sin embargo, en nuestro país eso es pedirle peras al olmo.

La responsabilidad política de lo que está ocurriendo recae sin lugar a dudas sobre el presidente Solís. Sin embargo, desde un punto de vista institucional, la presión de la opinión públicadebería enfocarse en el fiscal general. Desde la llegada de Jorge Chavarría al frente del Ministerio Público en el 2010, el país se ha visto sacudido por varios escándalos sonados —trocha fronteriza, Soresco y ahora el cementazo— sin que por algún motivo se haya sentado responsabilidades penales.

En Brasil y Perú vemos cómo la fiscalía está jugado un papel protagónico destapando la corrupción relacionada con Odebrecht. Allá, los fiscales han recurrido a fuerzas operativas especiales y a instrumentos como la delación premiada para desenmascarar redes criminales e imputar a políticos y empresarios poderosos. En Costa Rica, es la prensa la que está exponiendo las anomalías, mientras que Chavarría parece enterarse de los “nuevos hechos” por los periódicos.

Esto tiene consecuencias. Si bien en Brasil y Perú los escándalos han minado la confianza en el sistema político, a la larga estos países saldrán fortalecidos puesto que las autoridades judiciales están enviando un mensaje contundente de que la corrupción será perseguida y castigada. En Costa Rica no vemos esa acción institucional. Más bien corremos el riesgo no solo de que se consolide una cultura política de impunidad, sino de que esta sirva de caldo de cultivo para el eventual surgimiento de un populista antisistema.

La corrupción lleva años siendo una de las principales preocupaciones de los costarricenses. Y, aun así, cuesta identificar figuras importantes que en tiempos recientes hayan sido procesadas por delitos conexos. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo sean simples percepciones y que en realidad nuestra clase política nos gobierna con probidad escandinava. Eso, o al fiscal general nadie le ha explicado cuál es su trabajo.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato.org.