Desconectarse de lo que piensa y siente la gente. Ésa ha sido la apuesta que viene marcando al gobierno federal desde 2014.

Fue un sangriento y escandaloso bienio: Tlatlaya, los 43 desaparecidos en Iguala, la Casa Blanca de Las Lomas, la crisis de las autodefensas en Michoacán.

La mirada gubernamental de esa coyuntura fue traducida por el entonces jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, en entrevista con el periódico El País.

“No vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto (...) No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”, advirtió Nuño en diciembre de 2014.

El exjefe de la Oficina de la Presidencia cambió de responsabilidad, pero no de perspectiva. Actualmente es el secretario de Educación Pública y su postura de inflexibilidad frente a las protestas de la CNTE se mantiene en el discurso, aunque en los hechos se ha tenido que ceder.

De modo que la estrategia de aguantar y aguantar ha puesto a prueba al propio Nuño en la defensa de no moverle ni una coma a la Reforma Educativa.

Pero el apoyo de más del 60% de la opinión pública que hace 21 meses tenía la evaluación a los maestros va en descenso.

Hoy, según la más reciente encuesta de Ulises Beltrán, el desacuerdo es de 45% frente a un respaldo de 44%.

Esto significa que el éxito mayor del sexenio ya es un tema que polariza a la sociedad mexicana, en un momento en el que los niveles aprobatorios de la manera de gobernar del presidente Peña son de 27%, según las mediciones de BGC-Excélsior difundidas este lunes.

Ulises Beltrán planteó que el descenso en la popularidad se explica “por el mayor escepticismo en torno a sus reformas, los escándalos de corrupción y la persistente percepción de inseguridad y mala situación económica”.

A pesar de que el 69% de los consultados manifiesta su desacuerdo con la conducción del país, en el arranque del último tramo sexenal la decisión de desconectarse de lo que piensa y siente la gente se llevó al extremo este miércoles.

Porque si un asunto muestra altos grados de consenso entre la opinión pública es justo el rechazo al discurso  antimexicano de Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca. 

Consecuentemente, el anuncio de la visita del estadunidense generó enfado social y advertencias de la oposición de que era un desacierto.

Y el mensaje posterior que de manera conjunta dieron el presidente Peña y su invitado en Los Pinos desató una especie de ira popular.

No recuerdo un acto de gobierno que en los últimos años desencadenara un repudio tan generalizado como diverso hacia el Ejecutivo federal.

El agravio se acentuó porque Peña dio por un hecho el levantamiento del muro fronterizo, en caso de que el abanderado estadunidense llegue a la Casa Blanca.

La decepción popular aumentó porque el presidente no hizo una condena a esa pretensión ni un mínimo intento de disuadir a Trump, quien confirmó su oferta electoral de cemento. Y porque en su pronunciamiento, el anfitrión empleó un tono diplomático de trato a un jefe de Estado.

Conforme corrían las horas del ya histórico miércoles 31 de agosto, la crisis se profundizó con la pública molestia de la candidata demócrata Hillary Clinton, el discurso posterior del republicano a su regreso a Arizona, donde burlón dijo que los mexicanos pagarán el muro aun cuando todavía no lo saben.

Hacia la noche vino la contención de daños en una estrategia de comunicación que justificó el recibimiento de Trump con un catastrófico escenario económico para México en el día después de su eventual triunfo electoral: fuga de capitales, devaluación del peso y deportación masiva de connancionales.

El yerro de haber desoído el sentir de la gente esta vez, sin embargo, alcanzó al propio gabinete cuando los inconformes con la decisión filtraron a la prensa -mediante terceros- haberse opuesto a la visita del magnate, misma que habrá sido idea del titular de Hacienda, Luis Videgaray.

Según las versiones difundidas tanto la canciller Claudia Ruiz Massieu como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, plantearon a Peña su desacuerdo con el encuentro.

La fractura del gabinete tan deliberadamente expuesta a la opinión pública muestra el desorden interno del equipo gobernante y su indisposición para cuidar la investidura presidencial.

Y es que el destape premeditado de las diferencias entre los secretarios de Estado golpea a Peña todavía más en su capacidad de lidear con las intrigas palaciegas.  

En respuesta a ese debilitamiento y como parte de la crisis, la legisladora Marcela Guerra se precipitó este jueves a representar la inconformidad del PRI y se adelantó a lo que sus compañeros del PRD y del PAN reclamarían pronto: ante la errática reunión con Trump, el Senado deberá tomar la estrategia a seguir frente a las elecciones de EU.   

Con este panorama que ha hecho agua entre los suyos, Peña dijo este 1 de septiembre que está dispuesto a asumir los costos de la impopularidad. Ésa fue la frase del IV Informe de gobierno.

Pero en la práctica no se trata de una opción a elegir. La factura del llamado “error histórico” está a su nombre. Y nadie se atreve a compartirla. Una desgracia.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excélsior.com.mx.