Una de las pruebas contundentes para saber si un país es justo o no, son los indicadores sobre el grado de movilidad social que se registra durante una cierta etapa de su historia. De haber tendencias innegables a moverse en la pirámide social desde los estratos bajos hacia los de arriba, habría señales de que las economías de mercado y las políticas públicas instituidas han podido ofrecer un arcoíris de oportunidades para que los pobres salgan de pobres.

Son abundantes los datos sobre este tema peliagudo que demuestran todo lo contrario. Lo descubierto en las últimas décadas en las ciencias sociales mexicanas apuntalan este punto de vista. La información rigurosa así expuesta ni siquiera nos lleva a un optimismo moderado. Los expertos y sus diagnósticos cuantitativos permiten conocer a fondo esta problemática social de dimensiones abrumadoras, políticamente peligrosa. Sin estos inteligentes estudios no habría forma de comenzar a ventilar el tema y procurar solucionarlo con imaginativas y eficaces acciones de política social para combatir la que es su causa principal: la pobreza. 

Los frágiles y perversos mecanismos imperantes de distribución del ingreso y de la riqueza tienen que ver, sobre todo, con el tipo de desarrollo económico que ha tenido el país en los últimos tres quinquenios. La casualidad no tiene lugar en este caso. Entre el 2000 y el 2017 el país ha registrado un crecimiento del PIB por habitante menor al 1%. Esto significa que, con ese ritmo de crecimiento, el ingreso promedio apenas si se podría duplicar cada 70 años, es decir, cada tres generaciones (suponiendo que nada cambia).

En una perspectiva global se puede constatar en estudios muy acreditados que las economías con elevada desigualdad y bajo ritmo de crecimiento tienden a registrar una baja movilidad social. Este es el caso de México, sin duda alguna. En este contexto histórico las aspiraciones de mejora personal y familiar de las masas pobres del campo y de las ciudades están siendo sistemática y permanentemente bloqueadas por barreras casi infranqueables: bajos salarios, informalidad laboral, desigualdad de oportunidades educativas y sanitarias, condición de género, ubicación geográfica y hasta color de piel, o sea, esa identidad racial que castiga de muchas formas nuestras raíces indígenas. 

Así, ser pobre, ganar poco, tener escolaridad básica de baja calidad, carecer de atención médica, ser mujer, trabajar en empleos precarios e informales, vivir en el sureste y tener rasgos raciales indígenas, conforman un bulto social y cultural tóxico que encierra todas las desventajas en el mundo mexicano actual. En estas circunstancias adversas, ni con el ejemplo emblemático del Presidente Benito Juárez, hay modo de que la voluntad férrea de salir adelante lleve a las multitudes hoy en pobreza a contar con decentes horizontes de vida.   

La desigualdad económica y social existente en el país, y su secuela depredadora en el bienestar familiar, tiene rostros variados y menciono aquí los más visibles y, por lo mismo, bastante bien cuantificados y diagnosticados hasta ahora: deserción escolar, escaso rendimiento escolar, acceso limitado a servicios de salud, obesidad mórbida, drogadicción, embarazos adolescentes, violencia juvenil, criminalidad, homicidios, etcétera. Todo esto alimenta el horrendo círculo vicioso de pobreza-inmovilidad social-pobreza.

Entre las masas pauperizadas y las clases altas están obviamente las clases medias, que pudieran ser el ejemplo de que la movilidad social ascendente existe. Cierto, pero su peso económico y social es aún muy bajo en un país con 122 millones de habitantes, con la mayoría en pobreza y, todavía más, con una parte significativa en situación de pobreza extrema. Es muy probable que lo ganado en años por los “clasemedieros” se venga abajo cuando aparecen las recesiones económicas o, simplemente, persistan por largo tiempo ritmos anuales de crecimiento económico por debajo del crecimiento poblacional.

De cuando en cuando saltan los defensores de los avances económicos recurren a los ejemplos (volátiles en la mayoría de los casos), que presumen de la expansión y fortalecimiento de las clases medias. Los datos y argumentos para sustentar esta tesis son frecuentemente falaces. Se trata de percepciones simplistas que no tienen una base empírica sólida; en su gran mayoría son ficciones que quieren validar la supuesta existencia de un éxodo mayúsculo de la pobreza hacia estatus sociales superiores. Se pone el ejemplo del arribo real de las “nuevas” clases medias, en el que la educación superior y ciertas competencias tecnológicas de punta son las palancas de esta movilidad social, pero muy dosificadas todavía.  

¿Qué puede hacerse con la educación pública para mitigar la desigualdad y fomentar la movilidad ascendente? Uno de los postulados centrales de la Constitución de 1917, hoy vigente, es la educación gratuita y laica. Entre 1940 y 1980, aproximadamente, el acceso gratuito a la educación en todos los niveles explica parte de la disminución de las brechas sociales y regionales que se observaron en ese largo periodo.

Con el auge del pensamiento neoliberal en la cúpula del Estado, el efecto nivelador y compensador de la educación pública ha sido cada vez menor. Viendo con lupa la vida familiar de los pobres, es innegable que su brutal falta de oportunidades se explica por la baja escolaridad de los padres, aún en el caso de que éstos mejoren su ingreso, sea por su trabajo o por los subsidios recibidos a través de la política social. De esta forma encontramos una señal más de un fatalismo amargo: quienes nacen pobres, se quedan pobres.     

La tomografía de la vida social mexicana no deja lugar a la certidumbre y al sosiego. Ha servido de poco que el país se ubique entre las primeras veinte economías del mundo.  Y lo mismo si algunas decenas de empresarios pudientes aparecen en la exclusiva lista de los plutócratas globales. Los saldos funestos del modelo económico dominante desde hace tres décadas están a la vista. Las llamadas “reformas estructurales”, los célebres equilibrios macroeconómicos y la dichosa estabilidad monetaria han sido insuficientes para “sacar al buey de la barranca”. Es urgente y necesario un nuevo Pacto Social para comenzar a revertir las tendencias sociales que han castigado el bienestar de la mayoría de la población. Esta tarea será ardua y llena de obstáculos y nadie en su sano juicio diría lo contrario.

*Recomiendo la lectura del estupendo trabajo "El México del 2018. Movilidad social para el bienestar", elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el cual proporciona una sólida y amplia visión de este tema.