El vínculo entre criminales y criptomonedas supone un duro golpe a la región y, en particular, mina los esfuerzos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ir tras las ganancias de grupos delictivos que libran una guerra sin cuartel por el control de lucrativas rutas para el tráfico de drogas, armas, dinero y personas.
Ciudad de México. A principios de abril de 2019, mientras veraneaba en un exclusivo barrio de Playa del Carmen, en pleno Caribe mexicano, un escuadrón de la policía federal detuvo a Ignacio Santoyo, alias "El Sony", por el delito de trata de personas.
El sujeto, quien se encuentra recluido mientras dura su proceso, fue señalado por un juez de ser el propietario de las páginas web "Zona divas" y "Boutique VIP", desde donde reclutó a más de 2.000 jóvenes de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela para chantajearlas y explotarlas sexualmente.
Las autoridades tenían meses siguiéndole la pista a Santoyo y finalmente dieron con su paradero luego de que sus datos salieron a la luz tras adquirir bitcoins por encima del límite en que se activan las alarmas en el sistema financiero local.
Al hacerse de criptomonedas, Santoyo pretendía lavar miles de dólares en ganancias ilícitas, una práctica cada vez más usada por los grupos del crimen organizado en Latinoamérica, incluidos los poderosos cárteles de Sinaloa -del apresado Joaquín "El Chapo" Guzmán- y Jalisco Nueva Generación (CJNG), según funcionarios mexicanos y la DEA.
Ni Santoyo ni sus abogados pudieron ser contactados para hacer comentarios. La fiscalía general de México se negó a comentar mientras el caso permanezca abierto.
Aunque incipiente, el vínculo entre criminales y criptomonedas supone un duro golpe a la región y, en particular, mina los esfuerzos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ir tras las ganancias de grupos delictivos que libran una guerra sin cuartel por el control de lucrativas rutas para el tráfico de drogas, armas, dinero y personas.
"Hay una transición hacia cometer delitos en el ámbito cibernético, como la adquisición de criptomonedas para lavar el dinero (...) y la pandemia la está acelerando", dijo a Reuters Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda de México.
La autoridad y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) aseguraron que funcionarios mexicanos y estadounidenses trabajan de la mano para hacerle frente a esta nueva modalidad de lavado de activos, pero no ocultaron sus inquietudes.
"La DEA está ciertamente preocupada", confesó a Reuters un portavoz del organismo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. "A medida que el tráfico continúa evolucionando, nosotros también debemos evolucionar. Es un gran desafío".
Primeros casos ¿Punta del iceberg? El caso de Santoyo es uno de los dos que involucran lavado de dinero a través de bitcoins detectados hasta ahora por las autoridades mexicanas, cuyos detalles no se han publicado previamente. Funcionarios aseguraron a Reuters que más casos podrían estar ocurriendo a sus espaldas por la versatilidad y el anonimato que ofrecen estos novedosos instrumentos monetarios.
En su oficina de la capital, Nieto reveló que integrantes de la Unión Tepito, un cártel que siembra el terror en Ciudad de México, estaban a cargo de vigilar a las muchachas reclutadas por la organización de "El Sony".
En 2018, el delincuente y su hermana Ivy adquirieron al menos 440.800 pesos (unos US$22.260) en bitcoins a través de Bitso, una plataforma para comprar y vender criptomonedas con operaciones en México y Argentina, según datos oficiales a los que Reuters tuvo acceso.
La ley mexicana obliga a los proveedores de activos virtuales a reportar operaciones superiores a los 56.000 pesos (unos US$2.830). Según cifras de la UIF, en el país hay 11 firmas registradas, incluida Bitso, que declinó comentar.
El segundo caso de lavado de activos a través de criptomonedas que las autoridades mexicanas han seguido es el de la banda "Bandidos revolution team", acusada de robar millones de dólares a través de ataques cibernéticos a grandes bancos.
En mayo de 2019, una fuerza especial detuvo en el central estado Guanajuato a su líder, Héctor Ortiz, conocido como "H-1", luego de que adquiriera bitcoins para tratar de lavar miles de dólares en ganancias ilícitas.
Al igual que "El Sony", el "H-1" quedó al descubierto gracias a la Ley Fintech local, una de las normativas más avanzadas de la región para regular a las instituciones de tecnología financiera promulgada en 2018.
Ni Ortiz ni sus abogados pudieron ser contactados por Reuters en busca de comentarios. La fiscalía general de México también se negó a comentar mientras el caso esté abierto.
Recientemente, la DEA calificó como "alarmante" la presencia cada vez mayor de organizaciones de blanqueo de dinero asiáticas involucradas en el lavado de activos a nombre de poderosos grupos criminales mexicanos.
La agencia antinarcóticos estadounidense considera a los cárteles mexicanos y colombianos como los más poderosos y quienes están usando criptomonedas para lavar sus ganancias.
"Tanto las organizaciones criminales transnacionales mexicanas como las colombianas están aumentando el uso de monedas virtuales debido al anonimato y la velocidad de las transacciones", dijo a Reuters el portavoz de la DEA, Michael D. Miller.
"Se cree que el uso de moneda virtual solo aumentará en el futuro, a medida que se generalice", agregó.
En abril de 2018, en una operación conocida como "Tulipán blanca" y coordinada por la Oficina Europea de Policía (Europol), la Guardia Civil española desarticuló una banda criminal que blanqueó más de ocho millones de dólares del narco a través de cajeros automáticos y compra de criptomonedas.
Según la gendarmería de España, los delincuentes ingresaban en cajeros automáticos españoles pequeñas cantidades de dinero que más tarde eran recogidas en Colombia y Ciudad de Panamá.
Pero cuando las operaciones de blanqueo fueron detectadas por la Guardia Civil, el procedimiento cambió. Los delincuentes comenzaron a comprar bitcoins con los fondos procedentes de la droga en el popular sitio de red entre pares (P2P) LocalBitcoins, con sede en Finlandia. Esas divisas digitales eran más tarde convertidas directamente en pesos colombianos.
Tres meses después, en otra investigación, la Guardia Civil y la policía colombiana detuvieron a 23 personas en Colombia y España tras desarticular dos organizaciones criminales que blanquearon cerca de 2.5 millones de euros procedentes de actividades ilícitas de ambos lados del Atlántico.
Los criminales, explicó la gendarmería española, usaban distintos métodos para lavar el dinero como el "pitufeo" -dividir una gran transacción en varias más pequeñas para evitar el escrutinio- y la compra y venta de criptomonedas como bitcoins.
Colombia es uno de los países donde más han aumentado las transacciones con criptomonedas. Según LocalBitcoins, la compraventa entre bitcoins y pesos colombianos creció un 45% en el último año al alcanzar US$3.8 millones en la primera semana de noviembre de este año.
El aumento se explica por la carestía de transacciones bancarias internacionales, pero también por operaciones criminales como el lavado de dinero, dijeron especialistas.
Menos decomiso de efectivo, más bitcoins. Cada año, el crimen organizado blanquea más de US$25.000 millones en México, de acuerdo a cálculos del Gobierno y firmas de inteligencia financiera.
El método predilecto para mover y lavar activos sigue siendo el efectivo, dijo la DEA en su último informe, pero el retroceso en la cantidad de dinero incautada desde 2010 abona a su aserto de que los criminales están abrazando las nuevas tecnologías para minimizar los riesgos de mover toneladas de billetes.
Los decomisos de efectivo en Estados Unidos pasaron de US$741 millones en 2011 a 234 millones de dólares en 2018, un retroceso del 68%, de acuerdo a datos de la DEA.
"Las monedas virtuales, como Bitcoin, se están volviendo cada vez más comunes y ofrecen a los traficantes un método relativamente seguro para mover los ingresos ilícitos por todo el mundo con mucho menos riesgo en comparación con los métodos tradicionales", aseguró la DEA.
La propia agencia reveló que apenas ha seguido menos de una decena de casos de lavado de dinero a través de criptomonedas desde 2014, pero éstos se han venido incrementando y hay algunos relacionados con México.
En uno de ellos, tras una enorme operación policial que culminó en diciembre de 2018 y que involucró a más 400 agentes, se desbarató una red de tráfico de drogas que operaba en Estados Unidos y era liderada por el Cártel de Sinaloa, según documentos judiciales a los que Reuters tuvo acceso.
Entre los 29 arrestados, Gregory Werber, de 56 años, fue acusado de usar "Coin Services International", su negocio de criptomonedas en Manhattan Beach, California, para lavar y transferir las ganancias del cártel a México desde, al menos, febrero de 2018, según al acuerdo de culpabilidad.
Según el documento fechado en diciembre de 2019, Werber fue capturado luego de que autoridades intervinieran sus teléfonos y correos electrónicos, y que agentes encubiertos compraran bitcoins en su empresa. El acusado, que se declaró culpable, lavó entre US$550.000 y US$1,5 millones, que luego depositó en un monedero de criptomonedas del cártel de Sinaloa.
Autoridades mexicanas, por su parte, no descartaron que más casos pudieran estar sucediendo a sus espaldas, sobre todo, si se dieran a través de la internet profunda (deep web), aquella que no está indexada por motores de búsqueda tradicionales como Google o Yahoo y donde pueden establecerse contactos que no son monitoreados por lo que las transferencias -tanto de mercancía como de pagos- son prácticamente imposibles de rastrear.
"Es posible que se pueda dar el tema", dijo a Reuters Rolando Rosas, titular de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas (UICOT) de la Fiscalía. "En el caso de la deep web es un poco más complicado (combatir el lavado de activos) por el anonimato que dan este tipo de mecanismos".
Para estar a la altura, Rosas solicitó más y mejor personal para su unidad. La UICOT tiene unos 120 elementos, pero debería contar con más del cuádruple, estimó el funcionario.
De las 11 entidades registradas en México como proveedoras de activos virtuales, una establecida en el estado Jalisco ha enviado 1.008 avisos de operaciones inusuales, un 98% del total de notificaciones recibidas por las autoridades en 2020, según datos federales a los que Reuters tuvo acceso.
"Esto nos permite tener un indicador de que el cártel Jalisco (Nueva Generación) puede estar incorporado en esta dinámica (de lavar activos a través de criptomonedas)", reconoció Nieto, el titular de la UIF.
Tomás Álvarez, director general de Volabit, dijo a Reuters que su empresa es a la que Nieto hace referencia, pero negó cualquier relación con el crimen organizado.
"Es un error (...) asumir que como los avisos los genera una compañía basada en Jalisco estos deben corresponder a personas de Jalisco", dijo Álvarez.
"Volabit es una plataforma digital, tenemos usuarios de todo el país. De hecho, la mayoría de los reportes no son de usuarios que viven en Jalisco. Si nuestras oficinas estuvieran en Ciudad de México dirían que el 98% de los reportes vienen de una compañía registrada en Ciudad de México", agregó.
Pero Adolfo Grego, director de Tecnología del mexicano Grupo RF, aseguró que un riesgo para las organizaciones delictivas es la volatilidad de la criptomoneda.
A fines de 2017, por ejemplo, Bitcoin llegó a su máximo de casi US$20.000 aunque por apenas 48 horas. Un año después de su récord histórico, había perdido casi el 84% de su valor al caer por debajo de los US$3.100. Pero Bitcoin es apenas una de las casi 7.000 criptomonedas existentes. Las más usadas también incluyen a Ethereum, XRP y EOS.
"Las criptomonedas, desafortunadamente, se están moviendo cada vez más hacia un uso ilícito", sentenció Grego.
