"El Estado tiene un rol fundamental y debe implementar una política de redistribución focalizada en los grupos más vulnerables del país", informó.

La implementación de políticas que fomenten una mayor equidad en la distribución de ingresos ayudará a reducir la inseguridad y la violencia en Perú, sostuvo la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el Informe de Desarrollo Humano Regional denominado "Seguridad ciudadana con rostro humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina".

"El Estado tiene un rol fundamental y debe implementar una política de redistribución focalizada en los grupos más vulnerables del país y una mayor fiscalización, como un elemento que debe garantizar mayor equidad", declaró el coordinador general de la AECID, Juan Diego Ruíz.

Indico que Perú ha registrado un crecimiento económico elevado en los últimos años, sin embargo todavía persiste la desigualdad, que es un limitante al desarrollo social.

"Si bien se ha mantenido el crecimiento económico en el último año, no se ha reducido en la misma velocidad la brecha de desigualdad. Hay una enorme brecha con la zona rural, y otros factores como origen étnico, sexo, entre otros", dijo.

Ruíz manifestó que en Perú se han incrementado los delitos como homicidios y robos, pero sobretodo la percepción de la ciudadanía sobre inseguridad.

Según el PNUD, esto se explica por un fenómeno denominado “delito aspiracional”, que se genera porque la estructura económica en América Latina ha condicionado un crecimiento económico sin calidad y centrado en el consumo y una movilidad social insuficiente.

"En Perú, debido al crecimiento económico, existe la expectativa de alcanzar mayores niveles de consumo, a los cuales no se puede llegar con la actual situación de precariedad laboral. De esta forma, el delito sería una alternativa para alcanzar niveles de consumo mayores", dijo.

Puntualizó que en el caso de Perú, la precariedad laboral viene por el lado de la informalidad, lo que no permite a los trabajadores acceder a sueldos mínimos y condiciones de seguridad social adecuadas.

"Dos terceras partes de la economía peruana es informal, es decir, el trabajador no está adecuadamente remunerado, de acuerdo a los mínimos que la ley prevé, o no está cubierto por al seguridad social", anotó.

Según el informe, en Centro América se estima que una reducción del 10% de los homicidios podría incrementar el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita anual hasta uno por ciento en El Salvador; 0,7% en Guatemala y Honduras, y 0,3% en Panamá y Nicaragua, lo cual supone una dimensión económica enorme.