El gobernador Ricardo Rosselló, señaló que la medida anunciada por la Junta de Supervisión Fiscal aumentará la crisis.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que no implementará la reducción de jornada laboral para los funcionarios públicos que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad federal de control al Ejecutivo de la isla.
Rosselló señaló en un mensaje enviado al país que "no acepto, ni pondré en ejecución la reducción de jornada laboral sometida hoy por la Junta de Supervisión Fiscal". Estas declaraciones son una respuesta a la determinación de la JSF, entidad establecida por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, que aprobó la reducción de jornada laboral de dos días al mes para la mayoría de los empleados públicos. Medida que busca ahorrar US$218 millones en medio de una crisis de insolvencia que enfrenta el país.
La directora de la JSF, Natalie Jaresko, dijo que el Plan Fiscal para las finanzas de Puerto Rico establece en el año fiscal 2018 un ahorro de US$880 millones. Jaresko aclaró que, el Gobierno, al haber conseguido ahorrar US$662 millones la matemática marca que se deben obtener otros 218, razón por lo que la JSF aprobó que el Ejecutivo ponga en marcha, a partir del próximo 1 de septiembre, un programa de reducción de jornada laboral para sus empleados.
Rosselló anunció también que cursará una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de la Cámara de Representantes federal, Paul Ryan, para informar su decisión. El mandatario aseguró que la medida adoptada por la JSF es innecesaria, ya que según Rosselló se superaron las expectativas de liquidez establecidas por el propio organismo federal.
"El recorte de jornada propuesto por la Junta aumentaría la crisis, además de golpear innecesariamente a nuestro pueblo, razón por la cual no lo vamos a permitir", advirtió. Del mismo modo, el mandatario puertorriqueño expresó su oposición a los recortes en las pensiones que también pide la JSF
Puerto Rico enfrenta una enorme crisis presupuestaria que se refleja en una deuda pública cercana a los US$70 mil millones y la quiebra de sus sistemas de retiro para empleados públicos, lo que se une a una recesión en su economía que se arrastra desde 2006 y de la cual no se prevé recuperación por al menos en los próximos tres años.
