"No otorgan mucha importancia al régimen político de un país, es decir a la robustez de su democracia o rasgos de autoritarismo, pues privilegian la estabilidad política y las políticas económicas previsibles para el corto y mediano plazo", explica la entidad.
Una nota especial de Citibanamex expone que el mercado mexicano no parece haber descontado completamente que sí habrá una mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados y que sí se aprobará la reforma judicial, además, parece haber desdeñado el impacto político negativo de ésta y otras reformas, así como subestimado su riesgo económico.
El documento elaborado por el área de Estudios Económicos explica que, en general, los mercados no otorgan mucha importancia al régimen político de un país, es decir a la robustez de su democracia o rasgos de autoritarismo, pues privilegian la estabilidad política y las políticas económicas previsibles para el corto y mediano plazo.
Sin embargo, advierte que “evidentemente”, en muchas ocasiones, un debilitamiento de la democracia, o su desaparición conllevan inestabilidad política e incertidumbre sobre la política pública y el marco jurídico.
El análisis plantea que, dada la moderación en las reacciones del mercado, es posible que quienes ya descuenten las reformas consideren que, aunque éstas debiliten la democracia, no implicarán políticas económicas anti-mercado ni debilitarán el marco macroeconómico. Esto es, “puede ser que tengan confianza en las políticas públicas de la próxima administración, aunque se pierdan contrapesos”.
En ese sentido, manifiesta que es cierto que hay indicios de que esas condiciones serán propicias para cierto crecimiento económico, el aprovechamiento del nearshoring, y el clima de negocios, pero, el problema es que, sin contrapesos y un sólido Estado de derecho, la incertidumbre de que esa perspectiva se concrete crece fuertemente.
Por definición, las primas de riesgos deberían aumentar de forma significativa”, lo cual todavía no ha ocurrido, adelanta.
En el futuro, podría desencadenarse una reacción acumulada de los mercados, advierte.
Los pronósticos macroeconómicos del banco implican un debilitamiento de las variables principales, pero toman en cuenta que los inversionistas parecen estar subestimando los riesgos del nuevo escenario político.
“Hasta ahora hemos sido moderadamente menos optimistas que el consenso de economistas en nuestras proyecciones de variables financieras: estimamos que el peso se depreciará en mayor medida y que el PIB crecerá menos, tanto en 2024 como en 2025”.
Las previsiones de esa institución incorporan que hay una significativa tolerancia al riesgo por parte de los agentes económicos (en la lógica de “esperar a ver”), pero hace hincapié en que, paradójicamente, esto vuelve más frágiles a los pronósticos porque los inversionistas reaccionarán con fuerza a cada cambio relevante de política pública, interpretándolo en sí mismo, y como señalización de hacia a dónde va el nuevo régimen.
Por ello concluye que, en el futuro, podría desencadenarse una reacción acumulada de los mercados, que hasta ahora se han mantenido contenidos.
El texto difundido antes de que el Instituto Nacional Electoral diera a conocer la forma en que su Consejo General podría aprobar la distribución de diputaciones y senadurías plurinominales del Congreso y por lo tanto la conformación de la próxima legislatura, donde Morena y sus aliados tendría la mayoría calificada, indica que si se aprueba la sobre representación de la coalición de Morena, la legitimidad de las urnas le serviría para cimentar en la constitución una nueva configuración de las reglas del intercambio social, económico y político, un nuevo régimen.
“Los contornos de éste, que ya se advierten, podrían suponer la cancelación de la democracia liberal, asentada en el Estado de derecho y regida por el cambio electoral periódico de gobiernos mayoritarios y sólidamente contrapesados”.
Recuerda que, en febrero pasado, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó al Congreso un paquete de 20 reformas, varias de las cuales delinean un nuevo ordenamiento político, en el que las condiciones objetivas de operación de los poderes Legislativo y Judicial los subordinarían al Ejecutivo; donde la gran mayoría de las instituciones-contrapeso, con autonomía política garantizada por la Constitución, la perderían; en el que las elecciones perderían sentido si no hay condiciones equitativas de competencia; donde la alianza de las fuerzas armadas podría dejar de estar con la ley y trasladarse al poder político.
Posteriormente enfatiza que, si bien, la iniciativa de reforma judicial del presidente no desaparece el sistema de tribunales y jueces del país, pero lo somete a la aventura imposible de configurarse a partir de la validación mayoritaria de las urnas, a riesgo de desmoronar la función judicial.
“El planteamiento central de la iniciativa judicial de AMLO es reemplazar la actual integración de la Corte y, luego, al resto de los juzgadores del país, reducir sus números y garantías de independencia”, recalca.
Por otra parte, destaca que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum había sugerido habilitar la discusión de la iniciativa a partir de la inauguración de sesiones ordinarias en septiembre, pero el presidente López Obrador decidió que se instalará de inmediato, para impedir que pudiera dilatar el proceso de autorización de esta reforma en los 30 días de septiembre en los que aún será titular del Ejecutivo y contará con las súper mayorías legislativas recién configuradas.
“Si la reforma judicial se autoriza sin que Sheinbaum tome algún margen de distancia o reflexión, aunque sus detalles de instalación y funcionamiento queden por definirse en leyes secundarias, la sentencia de un cambio profundo de régimen político será contundente”, remarca.
