Empresas estadounidenses en el país azteca frenaron anuncios de inversión para el país ante posibles implicaciones de reformas que tramita el Congreso para elegir jueces por voto popular y suprimir órganos autónomos.

"Ante las circunstancias actuales, hemos decidido no anunciar la enorme inversión estadounidense programada porque estamos analizando el impacto a la certeza jurídica respecto de la reforma judicial", confirmó Larry Rubín, presidente de la American Society of México (Amsoc), a la agencia de noticias EFE, en una breve entrevista, en el marco de la "Tercera Convención Bilateral: un nuevo futuro compartido", en Ciudad de México.

Rubín señaló que estos anuncios se revisan al interior de la Amsoc, que representa los intereses del capital privado estadounidense en México, de la mano de un grupo de expertos estadounidenses, aunque no precisó cifras de inversión.

El líder empresarial estadounidense incluso mencionó que una de las dos candidaturas presidenciales en Estados Unidos se ha acercado a la Amsoc para expresar su "gran preocupación por el impacto de una reforma tan importante" para la política interna del país.

EMPRESARIOS DE EE.UU. PIDEN NO LEGISLAR "AL VAPOR"

Al inaugurar la Tercera convención Binacional, Rubín pidió al Congreso mexicano no legislar "al vapor” estas reformas, ya que dijo, podría ocasionar daños a la relación bilateral con Estados Unidos y traer repercusiones económicas para el país.

"Es esencial que cualquier reforma de esta magnitud se lleve a cabo con sumo cuidado, se estudie a profundidad, no se haga legislación al vapor y verdaderamente se involucre a todos los actores”, expresó.

Advirtió que los estadounidenses y los mexicanos no son ajenos a los cambios jurídicos y políticos que ocurren en las políticas internas de ambos países, al tiempo que sostuvo que estos cambios legales "no son reformas menores”, sino que se trata de "cambios vitales” que afectan la política interna y la relación comercial con su socio en Norteamérica.

Por eso, llamó al Congreso a tardar, en vez de dos o cuatro días, hasta seis meses, de ser necesario, para que este proceso legislativo no "sea apresurado” y "se desarrolle con la seriedad que demanda una reforma de esta envergadura”.

OFRECEN COLABORACIÓN Y ADVIERTEN REPERCUSIONES COMERCIALES

Rubín dijo coincidir con el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, en apoyar una reforma judicial en el país. Sin embargo, manifestó también su preocupación por la elección de juzgadores por el voto popular, ya que dijo podría no abordar problemas como la corrupción o impulsar su fortalecimiento institucional.

El líder de la iniciativa privada estadounidense en México señaló que este es un tema a discutir en "un momento crucial” para la relación bilateral con su principal socio comercial y en el que se inscribe la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). "Por eso solicitamos al Congreso que tomen consideración la voz de la inversión más importante de este país que es la inversión de Estados Unidos en México”.

En este sentido, señaló que el capital privado de Estados Unidos quiere participar en "discusiones activas y coadyuvar a que México tenga un estado de derecho fortalecido para las empresas estadounidenses” en el país.

Respecto de la intención de suprimir además órganos autónomos, señaló que cualquier cambio que socave la independencia de éstos, podría derivar en disputas comerciales que afectarían a ambas economías, así como la confianza construida en conjunto.

SENADO MEXICANO BUSCA APROBAR POR VÍA RÁPIDA LA REFORMA JUDICIAL

Este llamado se produce cuando la Cámara de Senadores en México aprobó, este martes 3 de septiembre, discutir por la vía rápida (fast track) las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La decisión, impulsada por la mayoría del oficialismo en la Cámara alta del Congreso mexicano, permitirá a los senadores comenzar de inmediato la discusión del dictamen que envíe la Cámara de Diputados sobre la polémica reforma judicial -que contempla la propuesta para elegir jueces por el voto popular- y otras, como la que refiere a la desaparición de órganos autónomos, que han generado polémica al interior del país y en el extranjero.

Además, los acuerdos alcanzados permitirán que los senadores puedan llevar a cabo su discusión e inminente aprobación en sedes distintas al recinto legislativo de la Cámara alta, ubicado en las principales avenidas de Paseo de la Reforma e Insurgentes, en la Ciudad de México, ante las encendidas protestas del poder judicial.

REACCIONES INTERNACIONALES

Antes, la International Chamber of Commerce (ICC) y su capítulo mexicano también pidieron al Congreso "actuar con cautela” en la discusión de estas reformas, ya que podrían incurrir en violaciones al derecho internacional "y, por ende, posibles condenas económicas contra el país que deberán pagarse con los impuestos de todos los contribuyentes mexicanos”.

La reforma judicial en México ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chamber of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros.

De igual forma, las embajadas de Estados Unidos y Canadá han expresado por preocupación, dicen, porque puede representar riesgos a la inversión privada, a los tratados comerciales y posibles sanciones económicas.