Un informe de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) detectó desde trabas en procesos hasta riesgos de corrupción.

Los problemas que Ecuador arrastra por años, como limitaciones en materia de inversiones, corrupción en la contratación pública, lentitud y poca transparencia en emisión de licencias de importación de productos agrícolas, aranceles, entre otros, son algunos de los obstáculos detectados en el país andino que dificultan el comercio exterior y que fueron identificados por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR).

Los escollos identificados por la USTR, liderada por el embajador Jamieson L. Greer, están plasmados en el Informe Nacional de Estimación del Comercio 2025 sobre barreras al Comercio Exterior del Presidente de los Estados Unidos sobre el Programa de Acuerdos Comerciales.

El documento dedica capítulos específicos sobre los países a los que Washington aplicó aranceles, los bienes procedentes de Ecuador gravan el 10%. La información fue proporcionada por las embajadas de Estados Unidos, dice el informe.

Fuentes cercanas a sectores empresariales de Ecuador que mantuvieron reuniones con autoridades gubernamentales este jueves 3 de marzo, indicaron a El Universo que el informe de la USTR sería el punto de partida sobre el cual se trabajará para definir estrategias y acciones, con el fin de mejorar las condiciones del país y conseguir, en el mediano plazo, una reducción del arancel.

La aspiración también es lograr abrir las puertas a negociaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos.

OBSERVACIONES DE LA USTR

Ecuador, al ser parte de la Comunidad Andina de Naciones (CEN), otorga y recibe exenciones arancelarias del Sistema Andino de Franja de Precios (APBS, en inglés). En 2023, la tarifa arancelaria promedio fue del 11,1% (17,3% para productos agrícolas y 10,1% para no agrícolas).

El país se comprometió a eliminar progresivamente su participación en el APBS cuando se adhirió a la Organización Mundial de Comercio (OMC), pero hasta diciembre de 2023 no había avances en esta materia.

En este contexto, el país impone un arancel mixto a 360 productos, incluidos textiles y calzado. En algunos casos el arancel mixto da lugar a un arancel equivalente al 40% ad valorem.

En el caso de productos agrícolas se señala que el uso continuado del APBS por parte de Ecuador afecta a muchas exportaciones de EE. UU. porque las somete a un gravamen o recargo variable que aumenta a medida que disminuyen los precios mundiales.

Por otro lado, la USTR anota que el proceso de revisión de las solicitudes de licencias de importación de productos alimenticios y agrícolas suele ser largo y carece de transparencia.

Además, señala que el Comité de Comercio Exterior (Comex) y el Ministerio de Agricultura imponen un proceso obligatorio y engorroso para la asignación de licencias de importación para 55 líneas arancelarias agrícolas, entre las que constan papas (fritas congeladas), carnes (de res, cerdo, pollo y pavo), harina de soya y maíz.

Respecto de productos de cosmética y cuidado personal, en Estados Unidos hay preocupaciones por una resolución de la Comunidad Andina, de diciembre de 2024, para el etiquetado de estos productos.

Washington sostiene que la resolución obliga a realizar traducciones de los nombres de marca o términos genéricos, lo que provoca el cambio de marcas o nombres de productos de larga traducción.

Pero además se anota que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) estaba aplicando dicha resolución incluso antes de estar en vigencia.

En lo concerniente a contratación pública los problemas encontrados son mayores, ya que se advierten indicios de corrupción. El informe de la USTR concluye que la contratación pública puede ser engorrosa, poco transparente y estar marcada por corrupción.

Alerta que, al parecer, en instituciones públicas se retrasan pagos sin explicación, pese a que los bienes y servicios suministrados por los proveedores, así como las órdenes de trabajo y los recibos son correctos.

La Oficina señala que la falta de transparencia podría significar un riesgo, puesto que las entidades adjudicatarias podrían favorecer a un proveedor.

Los contratos de Gobierno a Gobierno a través del Ministerio de Defensa también son motivo de reparos por parte de EE.UU.

El análisis de la USTR resume que las empresas estadounidenses tienen dificultades y no pueden competir en esos contratos porque el Ministerio de Defensa no reconoce las licencias de exportación que expide la embajada de Estados Unidos en Quito, que son equivalentes a los requisitos establecidos en el reglamento de adquisición de bienes para la defensa nacional.

En materia de inversión, el informe anota varias barreras. Por ejemplo, que en 2018 Ecuador rescindió los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), incluyendo al que se tenía con EE. UU.

Otra limitación es el impuesto a la salida de divisas (ISD) a cualquier forma de salida de dinero a través de efectivo, tarjetas de crédito y débito, cheques y medios de pago por internet.

La USTR recuerda que en 2021 el país se comprometió a eliminar el impuesto de forma gradual, cuya tarifa estaba en el 5%, por un lapso de cuarto años, lo cual fue sucediendo, pero se detuvo en el año 2023. Y en 2024 Ecuador volvió a imponer el 5%, a partir de abril de ese año.

La minería ilegal también ha sido identificado como un desincentivo a la atracción de inversión extranjera.

El informe también hace referencia a las subvenciones que otorga el Estado mediante diferentes vías. Desde beneficios tributarios (como reducción del impuesto a la renta) a ciertos sectores de exportación, contratos de inversión, zonas francas.

Además se menciona la eliminación parcial del subsidio a los combustible en junio de 2024, que permitió estabilizar los precios hasta cierto nivel. Sin embargo, se indica que Ecuador mantiene una subvención que reduce el precio a menos del 50% del precio del mercado que no cuenta con subsidio.

Debido a esto, la USTR concluye que no es rentable para una empresa privada importar combustibles a precio de mercado.

Finalmente, se menciona que un acuerdo del Ministerio de Telecomunicaciones restringe la contratación pública de servicios como telefonía fija, servicio móvil avanzado, internet, blockchain, cloud computing y hosting, inteligencia artificial y realidad virtual.

Estos servicios deben ser contratados a través de CNT, apunta el informe. Además, el país exime a la empresa pública de pagar las tasas del espectro.