Los subsidios a los combustibles serán más focalizados con protección a los más vulnerables constan en plan y, “si es necesario, adoptar cualquier medida adicional”.

Una de las prioridades del Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador es hacer que los subsidios a los combustibles estén más focalizados, pero al mismo tiempo garantizar un mecanismo adecuado de protección social para los más vulnerables.

Además, de un plan para racionalizar los gastos y exenciones fiscales ineficientes, ponerse al día en atrasos y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Todo es parte del compromiso que tiene Ecuador de proteger su estabilidad macroeconómica y por el que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La carta de intención y esquema de lo que hará el Gobierno de Noboa para ese objetivo es público y recoge que “si es necesario, el Gobierno está dispuesto a adoptar cualquier medida adicional que puede ser necesaria para lograr los objetivos de nuestro programa” y, por otro lado, “garantizar que la carga de la consolidación fiscal no recaiga sobre los pobres y vulnerables”.

El acuerdo con el FMI por US$ 4.000 millones aprobado el 31 de mayo pasado busca fortalecer la sostenibilidad fiscal, al tiempo que proteger a los grupos vulnerables; reconstruir las reservas fiscales y externas; salvaguardar la dolarización y estabilidad macroeconómica; mejorar la estabilidad e integridad financiera; y continuar el proceso estructural de reformas para desbloquear el potencial de la economía, según detalla la información publicada por el Fondo en su portal.

El Gobierno ecuatoriano manifiesta que su política fiscal seguirá guiándose por el principio de fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y reducir la deuda pública.

Por el lado de los ingresos, espera que las medidas ya tomadas como el aumento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 15% y las contribuciones temporales impuestas a las empresas aporten alrededor del 2% del PIB en ingresos adicionales.

“Estamos comprometidos a restringir el gasto corriente, respaldado por mantener los salarios y los bienes y servicios prácticamente constantes en términos reales, protegiendo al mismo tiempo espacio para abordar la crisis de seguridad y satisfacer las necesidades sociales y de inversión urgentes”.

Sobre los ingresos no petroleros, se planea racionalizar los gastos y exenciones fiscales ineficientes: un plan para movilizar los ingresos no petroleros a mediano plazo se preparará y compartirá con el personal técnico del FMI, esto se prevé para mediados de noviembre de 2024.

Y sobre los ingresos petroleros se indica que “la mayoría de subsidios (combustibles) benefician a muchos que no necesitan el apoyo, fomentan el consumo excesivo de combustibles fósiles, socavan la transición energética, dañan el medio ambiente y dan pie a la corrupción y el contrabando, beneficiando las actividades mineras informales y el narcotráfico.

Como anunciamos en enero, una de las prioridades de la administración es hacer que los subsidios a los combustibles estén más focalizados, al tiempo que se garantiza un mecanismo adecuado de protección social para los más vulnerables”.

El ese ámbito de protección es ampliar la cobertura de los programas de protección social a 47.000 familias adicionales por año.

A marzo de 2024 hay 1,2 millones de unidades familiares de los tres deciles de ingresos más bajos que ya se benefician de transferencias.

De esa manera, el régimen quiere asegurar que casi todas las familias de los dos deciles de ingreso y la mayoría de las familias del tercer decil de ingreso estén cubiertas por protección al final del programa respaldado por el FMI.

El acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) tendrá una duración de 48 meses y representará un apoyo financiero de US$ 4.000 millones, de los cuales el país recibirá US$ 1.000 millones de manera inmediata.

Otro compromiso es contener al sector público y limitar los aumentos en plantilla y salarios.

La estrategia se elaborará cuidadosamente para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad y la necesaria contratación de personal policial adicional y las fuerzas de seguridad nacionales para contrarrestar la crisis de seguridad. Y avanzar en un mecanismo para liquidar las reclamaciones de asistencia de salud del IESS.

“Esto aportará previsibilidad jurídica al proceso de auditoría y la liquidación de las obligaciones verificadas. A tal efecto, estableceremos un acuerdo actualizado entre las partes: Ministerio de Economía y Finanzas y el Seguro Social, sobre la transferencia de obligaciones sanitarias (tanto internas como externas, proveedores), sobre la base del acuerdo de diciembre de 2022″.

Además, indica que se aplicará el acuerdo resultante para evitar futuros atrasos de obligaciones, mejorar la fiabilidad de las estadísticas presupuestarias y reforzar la sostenibilidad del IESS.

“Con base en el acuerdo actualizado entre el ministerio y el IESS, tenemos previsto iniciar la licitación para la adquisición del auditor externo que revisará las obligaciones sanitarias de 2023 y 2024 con el IESS”, lo que se prevé para finales de diciembre.

EMPRESAS PÚBLICAS Y PETROECUADOR

- Para el acuerdo con el FMI, Ecuador indica que continuará mejorando la eficiencia de las empresas estatales, que en este momento siete empresas públicas que no se gestionaban de manera eficiente están en proceso de cierre.

En el caso de las que permanecerán en funcionamiento, “se comprometen a reforzar su marco operativo, aplicar las mejores prácticas para mejorar la eficiencia y limitar los pasivos contingentes al presupuesto”.

- Las auditorías financieras de Petroecuador están en marcha. “En enero contratamos a una firma de auditoría independiente de primer nivel, con el apoyo del BID. Las auditorías, tal como se previó durante el programa que concluyó en 2022, cubrirán los siguientes aspectos: los estados financieros 2019 y 2020 de Petroecuador y Petroamazonas (ahora fusionada a Petroecuador) y los estados financieros 2021. Planeamos completar y compartir con el personal técnico del FMI los resultados de las auditorías del 2019 y 2020 (marzo del 2025). Poco a poco iremos abordando cualquier problema identificado en las auditorías en el futuro”.