"Siguen siendo necesarios debates adicionales en esta y otras áreas clave", declaró el personal técnico del FMI sobre el uso de la popular criptomoneda en el país centroamericano.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha avanzado en las negociaciones con El Salvador para cerrar un programa centrado en políticas para fortalecer las finanzas públicas, aumentar los colchones de reservas de los bancos, mejorar la gobernanza y la transparencia y mitigar los riesgos de Bitcoin.

En el caso del bitcoin, si bien muchos de los riesgos aún no se han materializado, existe un reconocimiento conjunto de que se necesitan más esfuerzos para mejorar la transparencia y mitigar los posibles riesgos fiscales y de estabilidad financiera que plantea el proyecto bitcoin.

"Siguen siendo necesarios debates adicionales en esta y otras áreas clave", ha apuntado el personal técnico del FMI.

En el plano fiscal, el organismo ha alcanzado un acuerdo preliminar con el país centroamericano para mejorar el saldo primario en alrededor del 3,5% del PIB en un período de tres años, a fin de colocar la deuda pública en una senda sostenible.

Se espera que la consolidación se logre mediante un conjunto equilibrado de medidas, con un enfoque inicial en la racionalización de la masa salarial pública, al tiempo que se crea margen para un gasto social y de infraestructura crucial.

También se ha avanzado en la elaboración de un plan para fortalecer gradualmente los mecanismos de reserva del sistema financiero de manera compatible con el crecimiento y el crédito del sector privado.

Esto también está siendo respaldado por los esfuerzos para reducir la dependencia del gobierno de la financiación interna mediante la consolidación planificada y el posible apoyo del Fondo y otros bancos multilaterales de desarrollo.

En el plano estructural, han llegado a acuerdos preliminares sobre una estrategia integral plurianual para mejorar la gobernanza, la transparencia y el clima general de inversión.

Las autoridades están muy avanzadas en la preparación de propuestas legislativas para abordar la corrupción, las vulnerabilidades en materia de lavado de dinero y las debilidades en los marcos de adquisiciones, según ha sostenido el FMI.