El impacto de la sequía y la inseguridad jurídica afectan al principal cultivo comercial del país.

Las exportaciones bolivianas de soya y sus derivados cayeron drásticamente en el país, con una reducción de US$ 523 millones y 708.000 toneladas hasta septiembre de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este descenso evidencia la crisis que atraviesa el sector debido a factores como la sequía, la baja de precios internacionales y la inseguridad jurídica en el campo, según Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

SOYA

Rodríguez enfatizó que, en 2023, la soya generó divisas por más de US$ 1.750 millones, gracias a la exportación de 3,2 millones de toneladas, consolidándose como “la reina de las exportaciones” en Bolivia.

Sin embargo, hasta septiembre de este año, las cifras muestran un panorama preocupante, con proyecciones de una caída superior a los US$ 650 millones hacia fin de año.

Además, el representante del IBCE cuestionó los avasallamientos de tierras productivas, un problema que no solo amenaza las exportaciones de soya, sino también cultivos rotativos como trigo, maíz y sorgo.

En su criterio, estos incidentes comprometen no solo el comercio exterior, sino también la seguridad alimentaria, al reducir la disponibilidad de forraje para la producción de carne.

INSEGURIDAD

Rodríguez valoró avances como la aprobación de eventos biotecnológicos y esfuerzos por garantizar diésel para las cosechas. Sin embargo, advirtió que estas medidas serán insuficientes si no se resuelve la inseguridad jurídica que afecta al agro, un sector clave para la economía boliviana.

“¿De qué sirve que el presidente Arce (Luis) promueva al país en foros internacionales, si aquí no se respeta la propiedad privada?”, cuestionó Rodríguez. Además, enfatizó en la necesidad de condiciones que permitan invertir, producir y exportar en un sector con alto potencial.

El IBCE destacó que la reactivación del agro es fundamental para revertir la crisis económica y garantizar divisas para los bolivianos, necesarias para importar combustibles e insumos esenciales. Sin embargo, sin seguridad jurídica, el país enfrenta “días muy difíciles”.