Desde una comisión del Congreso peruano se viene impulsando la creación de una empresa que se encargue del ciclo productivo de un recurso que aun no se extrae en esta nación sudamericana. ¿Qué tan pertinente sería y cuál ha sido la experiencia en otros paises de la región?
A propósito del boom del litio y el mayor impulso de la electromovilidad, desde el Congreso de Perú se propone crear una empresa estatal del denominado oro blanco.
Esta iniciativa nació en la Comisión de Energía y Minas del Legislativo, la cual aprobó acumular los proyectos de ley 4.184 y 5.288, que declaran de necesidad nacional e interés público la creación de una empresa estatal que se encargue de explotar litio, en el dictamen del proyecto de ley 4.775.
En febrero pasado, la iniciativa del legislador Alfredo Pariona, hasta hace unos días parte del partido izquierdista Perú Libre, fue derivada a la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. La solicitud la formuló el legislador Wilson Soto Palacios (Acción Popular) por considerar que es de su “estricta competencia”.
“El Estado mismo debe ser el encargado de poder emplear los recursos, en este caso el litio. Más de 80 congresistas son representantes operadores de las empresas privadas internacionales. (...) No es posible que los privados se lleven las ganancias y el pueblo peruano sufra de necesidades inmensas”, explicó el motivo de su propuesta el congresista Alfredo Pariona a AméricaEconomía. .
De acuerdo con Jorge Flores, presidente de la comisión de Energía y Minas, este dictamen “ya se encuentra listo para su debate en el Pleno”. El acuerdo de acumulación fue aprobado el martes 20 de junio, en sesión extraordinaria, con 11 votos a favor y uno en contra.
No obstante, la propuesta se basa en suposiciones, puesto que, y tal como señala el ex viceministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, no es posible precisar cuántas toneladas de litio hay en el país andino. “Cuando ya termine la exploración, y se conviertan los posibles recursos que dicen en reservas, entonces podríamos decir que hay miles o millones de toneladas de carbonato [de litio]”, dice el ingeniero de minas.
Mucho agrega: “El Estado es un mal empresario. Si una empresa crea una empresa estatal no hay mérito, no hay autonomía, no importa si pierdo o gano plata, como el caso del Petroperú. Siguen invirtiendo más dinero, siguen gastando más dinero. Como se dijo, una empresa del Estado es una empresa de todos pero a la vez de nadie”.
Actualmente, la empresa Macusani Yellowcake, subsidiaria de la canadiense American Lithium, lleva a cabo el proyecto Falchani ubicado en la provincia de Carabaya en Puno. Se estima que produciría aproximadamente 4,7 millones de toneladas de carbonato de litio.
Según Rómulo Mucho, cuando el dictamen fue aprobado se contemplaba que la planta nacional de litio serviría para la producción de pilas, baterías y otros productos. “Producir esos productos es difícil porque las refinerías de esta materia prima se encuentran en China, y ni Australia, que es el principal productor de litio en rocas, cuenta con ellas”, dice.
Además, a diferencia de los países que conforman el triángulo de litio (Argentina, Bolivia y Chile) que tienen el recurso en salmueras y, sin la ventaja del nearshoring de México con Estados Unidos aún cuando lo tiene en arcilla, al igual que Australia, Perú tiene el litio en rocas.
EL CASO MEXICANO Y CHILENO
La iniciativa de una empresa estatal de litio en Perú no es un hecho aislado en la región.
En México, a inicios de año, tras varias idas y venidas, finalmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió nacionalizar el litio. Para ello, en febrero de 2023 se creó la empresa estatal Litio para México (LitioMX), que será la encargada de la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio que se encuentre en tierras mexicanas.
No obstante, antes de que la administración de AMLO tomara estas medidas, la firma china Ganfeng Lithium ya venía desarrollando un proyecto de litio en el estado de Sonora -considerado como el más grande del país- y donde la expectativa era producir 35.000 toneladas del producto por año, volumen que pondría a México en una posición importante como proveedor global de litio.
En febrero último, medios mexicanos informaron que el gobierno mexicano venia negociando términos de la concesión de litio de Ganfeng en Sonora. El mandatario mexicano, durante una de sus conferencias mañaneras ya había adelantado que su administración estaba buscando llegar a un acuerdo conciliatorio con una compañía -no precisó el nombre- que posee un permiso para explotar el mineral en el norte del país. Esto, con el objetivo de evitar recurrir a los tribunales. Hasta ahora no hay ninguna novedad sobre el tema.
No obstante, el gobierno mexicano es consciente que desarrollar la industria del litio no es fácil y mucho menos barato. En ese sentido Pablo Taddei, director de LitioMx, ha afirmado que se negociaría con firmas para concretar asociaciones público-privadas ante la carencia de la capacidad y tecnología para explotar yacimientos de arcillas de litio.
En tanto, en Chile, país que es el segundo productor de litio en el mundo, en abril pasado el presidente Gabriel Boric finalmente presentó la tan esperada estrategia nacional de litio, la cual incluye la creación de una Empresa Nacional del Litio, a través de la cual el Estado participará en el ciclo productivo de este mineral.
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No obstante, esta estrategia no cierra la puerta al sector privado. "El Estado participará en todo el ciclo productivo del mineral. La exploración, explotación y agregación de valor, lo haremos con base en el principio de la colaboración virtuosa público-privada", dijo Boric, en un mensaje en cadena nacional, tras presentar la estrategia.
Asimismo, en mayo se anunció que la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) será la encargada de regular y fiscalizar la gestión e inversiones de la futura empresa nacional del litio.
Además, la estrategia presentada por Boric implica que la estatal Codelco, la mayor empresa productora de cobre del mundo, se encargue de negociar acuerdos con nuevas empresas, así como con las actuales mineras de litio que hoy operan en el país: la estadounidense Albemarle y la chilena SQM.
¿PROBLEMA O IMPULSO?
Resuelto el tema de las reservas, el desarrollo de una empresa estatal de litio en Perú depende del interés de grandes empresas de tecnología para que la cadena de valor avance.
Y es que una vez extraído el recurso, se requiere, primero, de la refinación para la obtención de iones de litio Posteriormente, traer materias primas como cobalto y níquel para hacer el ensamble de baterías destinadas a carros grandes y pequeños. No obstante, para ello también se debe atraer una empresa fabricante de carros para el ensamble de las partes.
La cadena de valor -después de obtener el carbonato de litio- es larga, necesita mucho conocimiento y recursos.
Para Rómulo Mucho, este tipo de empresa (estatal) es el eslabón débil de la cadena, ya que el Estado está omnipresente. El ex ministro peruano cita el ejemplo de Bolivia, que desde 2017 cuenta con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), empresa estatal boliviana para la promoción de los depósitos minerales de litio del país y que, por décadas, ha tratado de explotar el salar de Uyuni con pocos avances.
Finalmente en 2018, durante el gobierno del entonces presidente Evo Morales, se firmó un joint venture con la empresa alemana ACI Systems (Acisa) para industrializar el litio. No obstante, un año después, en noviembre de 2019, esta sociedad tuvo que anularse tras huelgas de diversos movimientos civiles en la región de Potosí que exigían la cancelación de dicho contrato.
Recientemente, la china Citic Guoan y la rusa Uranium One Group, subsidiaria de la gigante Rosatom, firmaron un convenio con YLB. Juntas invertirán US$ 1.400 millones para la construcción de dos plantas para la producción y exportación de 50.000 toneladas anuales de litio a partir de 2025 en los salares de Pastos Grandes, al suroeste de Bolivia.
En el caso de Perú, el desarrollo de esta industria es incipiente. Queda esperar si en la siguiente Legislatura se evaluará el proyecto del congresista Pariona y, si de pasar a votación, primará el interés político y populista que desata la promesa de las nacionalización de una industria extractiva con la creación de una nueva empresa estatal o si pesará más el aspecto técnico y económico para la viabilidad de esta propuesta.
