La demanda fue interpuesta por la empresa en 2014, tras el retiro de una concesión en la mina Las Crucitas (norte) por aparentes irregularidades en la tramitación de permisos y daños ambientales.

El gobierno de Costa Rica anunció este lunes 15 de julio que triunfó en un laudo interpuesto por la minera canadiense Infinito Gold, que reclamaba US$ 394,8 millones por la cancelación de un proyecto de minería de oro a cielo abierto debido a irregularidades y daños ambientales.

"El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) le notificó la buena noticia al Ministerio de Comercio Exterior el día de hoy. El Tribunal arbitral concluyó que era improcedente adjudicar daños a favor de la empresa Infinito Gold", indicó un comunicado oficial.

El tribunal arbitral internacional rechazó en junio de 2021 la demanda contra Costa Rica, pero la empresa presentó una apelación, la cual fue resuelta este lunes.

El laudo arbitral determinó en 2021 que Costa Rica nunca le denegó justicia y derecho de defensa al inversionista, que el país tenía su derecho de establecer sus políticas ambientales y que la empresa no logró demostrar el daño que alegaba.

La demanda fue interpuesta por la empresa en 2014 ante el CIADI, ente adscrito al Banco Mundial, y fue planteada con base en el Acuerdo entre el gobierno de Costa Rica y el gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

El caso se remonta a 2010, cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Costa Rica declaró como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Secretaría Técnica Ambiental con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.

La empresa comenzó a construir la mina Las Crucitas, en la zona norte de Costa Rica, pero nunca terminó ni pudo explotar oro debido al retiro de la concesión por aparentes irregularidades en la tramitación de permisos y daños ambientales.

Tras la cancelación del proyecto, la zona fue invadida por mineros artesanales de forma ilegal, quienes han provocado severos daños ambientales.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, giró este lunes una orden al Ministerio de Seguridad Pública para iniciar una operación policial especial para proteger la zona de Las Crucitas.