La última edición de la cumbre climática de la ONU fue blanco de críticas por su organización en un país petrolero, así como la ambigüedad de sus acuerdos.
La COP28 ha sido uno de los eventos clave de la última mitad de 2023 en torno al debate sobre el uso de combustibles fósiles. Pero evidentemente, la carta de presentación no era la mejor: del 30 de noviembre al 12 de diciembre, la conferencia auspiciada por las Naciones Unidas se organizó en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Que el anfitrión fuese un país petrolero, poco democrático y miembro de la OPEP apuntaba a una presión de las compañías explotadoras de hidrocarburos para que los acuerdos pactados no fuesen obstáculo para sus intereses. Y el balance de la COP28 se encuentra a medio camino de este escenario.
En primer lugar, los 198 países participantes en la cumbre climática acordaron finalizar su dependencia de los combustibles fósiles e impulsar una transición hacia energías renovables y limpias que aporten a la lucha contra el cambio climático. El acuerdo alcanzado el pasado 13 de diciembre fue descrito como “histórico” por los representantes de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Reino Unido. Esta es la primera vez en las tres décadas de existencia de la conferencia que los representantes gubernamentales del mundo adoptan tal postura.
Hasta entonces, los acuerdos previos se enfocaron en las emisiones de efecto invernadero, pero no aludían directamente a la necesidad de reducir las fuentes que las provocan como la industria de hidrocarburos. Pero ahora, incluso un centenar de naciones se fijó como meta triplicar la producción de energías renovables para 2030. Y en contrapartida, algunos países industrializados ofrecieron US$ 700 millones de aportes al fondo para mitigar las pérdidas y daños sufridos por los países más vulnerables al cambio climático.
Sin embargo, más allá de las promesas y los gestos de buena voluntad, varios países en vías de desarrollo han alzado su voz de protesta ante lo que consideran un acuerdo meramente formal, sin consecuencias reales. “El acuerdo contiene una letanía de lagunas jurídicas. Hemos logrado un avance gradual con respecto a lo habitual, cuando lo que realmente necesitábamos era un cambio exponencial en nuestras acciones y apoyo”, criticó Anne Rasmussen, delegada de Samoa, estado insular, ubicado en el océano Pacífico. Por su parte, los representantes de Bolivia, Colombia, Nigeria y Uganda también manifestaron su oposición al texto de 21 páginas.
La crítica de estos países apunta a que el acuerdo de la COP28 no posee lapsos de tiempo ni compromisos definidos para dejar de utilizar hidrocarburos como combustible. A pesar que Simon Still, el responsable del área de cambio climático de la ONU, declaró que el acuerdo implicaba “el principio del fin de los combustibles fósiles”, en realidad no se incluye en el documento ninguna medida concreta para eliminar o reducir gradualmente el uso del petróleo, gas o carbón.
Desde un inicio, había motivos para dudar de las intenciones de la cumbre. Para empezar, el evento estuvo presidido por Sultan Al-Jaber, el director ejecutivo de Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), la petrolera estatal del país anfitrión. Durante sus años como magnate petrolero, Al-Jaber superó la producción de cuatro millones de barriles de petróleo diarios en 2022, según la OPEP. Todo apunta a que esta meta no le resultó suficiente, pues posteriormente adelantó la fecha límite de 2030 a 2027 para duplicar la producción de Adnoc. En este contexto, Al-Jaber presentó la “Carta de Descarbonización del Petróleo y Gas”, firmada por una docena de empresas petroleras con alcance internacional y que representaban el 40% de la producción mundial de petróleo. Los participantes incluían gigantes estatales como la saudí Aramco y corporativos como la estadounidense Exxon. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos anunció el lanzamiento de un fondo climático de US$ 30.000 millones en colaboración con BlackRock, la empresa de gestión de activos. Pero nuevamente, estas iniciativas relucen en el papel, pero en la práctica, no involucran acciones definidas.
Ante los alcances reales del acuerdo sobre la reducción del uso de combustibles fósiles, el analista energético mexicano Ramsés Pech tampoco augura un panorama optimista. “No creo que tenga un efecto real. Debido a que la transición referida está acotada a los combustibles fósiles, carbón, gas natural, petróleo y derivados. Actualmente, el gas natural es la base del modelo de generar electricidad en el mundo y este ayudará a transitar para alcanzar el grado de emisiones cero al producir luz eléctrica”, dijo Pech a AméricaEconomía. Desde la óptica de Pech, los combustibles fósiles continuarán en uso por lo menos de unas cinco a siete décadas más. El escenario ideal sería que mientras tanto se masifiquen los mecanismos que permitan la captura y reutilización del dióxido de carbono.
EL FONDO DE IMPACTO Y RESPUESTA CLIMÁTICA
Por su parte, Margarita Ducci, directora ejecutiva del Pacto Global Chile de las Naciones Unidas, sostiene que el acuerdo final de la COP28 representa un hito histórico, debido a que reconoce por primera vez la existencia de “combustibles fósiles”. Sin embargo, el camino a futuro involucra amplias responsabilidades para los actores políticos y sociales involucrados. “No solo depende de los países. El sector privado deberá invertir en innovación y eficiencia, mientras que la sociedad civil tendrá que participar activamente en el monitoreo y la exigencia del cumplimiento de la reducción”, dice Ducci.
Otro logro que Ducci reconoce de la conferencia es la ejecución de un fondo global de “pérdidas y daños” que obtendrá recursos de los países desarrollados para ayudar a pagar los daños climáticos en los países en desarrollo. Se trata de una propuesta que estuvo en debate durante años, pero recién se materializó en el día inaugural de la COP28. “Hemos hecho historia. Hoy es la primera vez que se adopta una decisión en el primer día de cualquier COP”, destacó Al-Jaber, el presidente de la cumbre. Pero este último detalle queda en lo anecdótico si se toma en cuenta que durante años, los países industrializados rechazaron la idea de ayudar a sufragar los costos de los desastres climáticos en los países pobres.
Si bien durante la COP27, organizada el año pasado en Egipto, los países participantes lograron un acuerdo en torno a la existencia del fondo, esto fue más una formalidad, porque aún no se decidía cómo operaría. Por su parte, Estados Unidos insistió para que el llamado “Fondo de Impacto y Respuesta Climática” estuviera dirigido desde el Banco Mundial. Cabe destacar que esta institución opera desde Washington D.C. y todos sus presidentes han sido ciudadanos estadounidenses, lo que inclinaría las políticas del nuevo fondo hacia un entorno favorable a la Casa Blanca. Estados Unidos ha insistido también en que las contribuciones al fondo no sean obligatorias e incluso, Sue Biniaz, la enviada adjunta para el clima del Departamento de Estado, declaró a principios de 2023, que se opone enérgicamente a la idea de que los países desarrollados sean obligados por la ONU a aportar a un hipotético fondo.
Finalmente, el Fondo de Impacto y Respuesta Climática acordado en Dubái busca complacer a propios y extraños. En primer lugar, durante sus primeros cuatro años, estará alojado en el Banco Mundial, pero se gestionará según las directrices proporcionadas en las reuniones climáticas de la ONU cada año. Asimismo, será administrado por una junta donde los países desarrollados poseerán menos de la mitad de los asientos designados. Cabe resaltar que países insulares como Maldivas o Samoa que están en posibilidad de desaparición, también contarán con asientos exclusivos en la junta. No obstante, Estados Unidos nunca llegó a aceptar que los aportes al fondo implicarían una compensación por emisiones pasadas y ha rechazado cualquier idea de que sea responsable por los daños climáticos de otros países.
LOS AVANCES FRUSTRADOS EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Mientras tanto, en América Latina, el compromiso de descarbonización deja la puerta abierta para impulsar el desarrollo de fuentes energéticas emergentes como el litio y el hidrógeno verde. En ese sentido, Margarita Ducci reconoce que la dependencia al petróleo y el gas natural, que amasan el 50% de la matriz energética regional, es el principal obstáculo para la transición energética. Sin embargo, la falta de compromiso de los actores políticos también puede ser un problema grave. “Podemos sumar la falta de inversión y financiamiento para el desarrollo de las energías renovables, que requieren altos costos iniciales y enfrentan barreras regulatorias y técnicas que en muchos casos desincentivan inversiones”, sostiene.
De esta forma, en la región, existen países que muestran mayor compromiso con la transición energética como Chile, mientras que otros como México aún apuestan por inversiones en el sector petrolero, que carecen de criterios ecológicos. “Las empresas productivas del Estado mexicano no cumplen con los objetivos establecidos en forma anual sobre la cantidad de CO2 que debería emanar de sus plantas. Ahora que a Pemex le redujeron el presupuesto del próximo año, no sabemos de dónde saldrá el dinero para desarrollar tecnología que atrape el dióxido de carbono y el metano que emana de los pozos. Sin dinero no hay cambios”, advierte Ramsés Pech.
