Para los expertos, pese al gran potencial que tienen los países del "triángulo del litio", con un porcentaje de producción que en conjunto supera el 60% a nivel mundial, es inviable específicamente llegar a un control de precios, razón por la que es inadecuado considerar similitudes entre una eventual organización y la OPEP.

Las discusiones acerca de la posibilidad de establecer una organización internacional del litio conformada por Argentina, Chile y Bolivia, con el objetivo de regular la producción y exportación de este mineral e influir en los precios internacionales, están condicionadas por las diferencias normativas, políticas y jurisdiccionales de estos tres países que integran el denominado "triángulo del litio".

La idea de una especie de "OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) del litio" tiene más de una década, pero tomó fuerza durante 2022 por el auge de los precios internacionales en un contexto de fuerte demanda global impulsada por la transición energética y un mayor desarrollo de la electromovilidad.

Dicho contexto mundial ha representado una oportunidad no exenta de desafíos para los países productores, de acuerdo con analistas, si lo que se pretende es que la exportación del mineral coadyuve al crecimiento y desarrollo de estos.

Una de las principales diferencias entre los integrantes del "triángulo", según los expertos, es la declaración del litio como recurso estratégico hecha por los Gobiernos centrales de Chile y Bolivia pero no así en Argentina, país federal, donde el mineral pertenece a las provincias que cuentan con los yacimientos.

Federico Nacif, profesor especialista en modelos de explotación de recursos de litio en América Latina, destacó la actual situación argentina en la que no prevalece una política nacional respecto del mineral estratégico.

"En Argentina, el litio sigue siendo un recurso ordinario, mineral, que cualquier agente privado, nacional o extranjero, puede adquirir a través de la concesión minera ordinaria, que lo entregan las autoridades provinciales a perpetuidad y sin ningún tipo de condicionamiento", subrayó el profesor de la Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo (UMET).

En consecuencia, el peso del sector empresarial privado es muy importante frente a todas las decisiones que puedan circundar al sector, siendo la negativa de este uno de los factores decisivos en la inviabilidad actual de una organización con capacidad de intervenir en la producción, prácticas y precios.

Desde el Gobierno de Argentina se ha enfatizado la pertenencia del litio a las provincias en ratificación del carácter federal del país sudamericano, y se ha descartado una eventual nacionalización al tiempo que se ha ratificado el funcionamiento de la "Mesa del Litio" integrada por representantes del Ejecutivo nacional y los Gobiernos provinciales de Catamarca, Salta y Jujuy, al noroeste.

"Cualquier planteo o idea de nacionalización tiene el obstáculo fundamental de nuestra Constitución Nacional que establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias, y ninguna ley puede ir en contra de eso", sostuvo recientemente la secretaria de Minería de Argentina, Fernanda Ávila.

"Más allá de eso, estoy convencida de que la Mesa de Litio es la plataforma para el diálogo alrededor de los desafíos y oportunidades que se abren para el país y las provincias alrededor de este recurso central para la transición energética", agregó la funcionaria.

Martín Obaya, director del Centro de Investigaciones para la Transformación (Cenit) de la Universidad Nacional de San Martín destaca a su vez que las provincias "no se han mostrado favorables a la constitución de un cartel" que tenga capacidad de intervenir.

El especialista en temas de litio remarcó las vastas diferencias entre los tres países respecto al manejo del recurso, de las inversiones y, en general, del esquema en pos del desarrollo de esta industria.

"Cuando miramos a la región, en un extremo, uno puede poner a Argentina, que ha adoptado un esquema muy liberal respecto a la minería en general. El litio entra dentro de ese esquema y, por lo tanto, es el país más abierto a las inversiones e inversiones extranjeras para la fase minera. Y, en el otro extremo, puede poner a Bolivia, que es un país que ha tenido desde el comienzo un fuerte control estatal sobre el recurso", explicó Obaya.

Nacif, por su parte, recuerda que el Estado boliviano decidió que la explotación y la propiedad de los yacimientos solo puede estar en manos de una empresa estatal, por lo que se ha procedido a la creación de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

"La propiedad y la comercialización de la materia prima queda cien por ciento para la empresa estatal y sí se pueden asociar en Bolivia con empresas privadas para agregar valor a esa materia prima, para hacer cátodos o baterías", explicó el experto, mientras que "en Chile, el Estado decidió con la declaración de recurso estratégico establecer contratos especiales de operación con empresas privadas, desde hace unos 20 o 30 años".

Para los expertos, pese al gran potencial que tienen los países del "triángulo del litio", con un porcentaje de producción que en conjunto supera el 60% a nivel mundial, es inviable específicamente llegar a un control de precios, razón por la que es inadecuado considerar similitudes entre una eventual organización y la OPEP.

"Es muy difícil llegar a esa instancia porque si no se tiene el control de la empresa, exigirle a las empresas privadas que aumenten los precios es difícil de lograr y, por otra parte, no es el problema hoy de América Latina subir los precios (...) Lo que sí es un problema, por ejemplo, para el desarrollo nacional, en el caso argentino, es la falta de control público y de direccionamiento de esas inversiones y la participación del Estado", sostuvo Nacif.

En ese sentido, las posibilidades que según los investigadores pueden comenzar a estudiarse tienen que ver con mecanismos para que el Estado gane terreno en torno a la industria.

La idea es que el Estado argentino pueda capturar la renta "por la diferencia de los precios internacionales y los costos productivos y, además, avanzar en una cadena de agregado de valor", concluyó Nacif.