Texto se publicó en el Registro Oficial el 28 de agosto y hubo diez días para que cualquier ciudadano intervenga defendiendo o impugnando su constitucionalidad.

El acuerdo comercial que el Gobierno de Ecuador firmó con China en mayo pasado sigue su curso de aprobación interna en medio de la preocupación de organizaciones que ven “graves amenazas” y del optimismo empresarial de los “beneficios” que este traerá para la producción ecuatoriana.

Siguiendo el proceso constitucional, el acuerdo comercial fue publicado en el Registro Oficial el pasado 28 de agosto y ahora está a la espera de que sea impugnada o defendida su constitucionalidad parcial o total por la ciudadanía, el tiempo para ello es un periodo de diez días que empezó a correr luego de la publicación, para que luego sea aprobado por la Asamblea Nacional, según lo determinó la Corte Constitucional (CC), y entonces el acuerdo pueda ser ratificado por el presidente Guillermo Lasso.

Para este lunes 11 de septiembre está previsto que desde Acción Ecológica se presente la fundamentación técnica a partir de la lectura que han realizado las organizaciones, pues indican que este día vencería el plazo de los diez días. Creen que “hay graves amenazas, se crean condiciones para que se den vulneraciones de derechos humanos, de la naturaleza, de colectivos”. Los capítulos de inversión, de cooperación económica, así como la aplicación del tratado son algunos puntos que les generan preocupación.

Por otro lado, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), en la revisión que realizaron al acuerdo comercial, no encontraron vicios de inconstitucionalidad. “Es un acuerdo que tiene algunos capítulos de beneficio para el Ecuador y eso acarreará beneficios para los ciudadanos, los comerciantes y el desarrollo. Todavía estamos analizando si es que amerita o no interponer un amicus curiae, que es un pronunciamiento en relación con las ideas que hoy están en análisis de la CC”, señala la directora ejecutiva, Gabriela Uquillas.

Puntos de preocupación

De acuerdo con Cecilia Chérrez, de Acción Ecológica, les genera preocupación el formato de lo que es un TLC que –dice– prioriza el objetivo de crecer el comercio y “dar garantías jurídicas excesivas a las inversiones”, porque el fin es crear un entorno favorable al crecimiento, a la expansión del comercio y a la actuación de las inversiones en este caso de China.

“Crear ese entorno favorable significa varias cosas, unos cambios normativos que ya han sido señalados por la Corte en su dictamen. Admite la CC que se estarían modificando, eliminando o creando normas de distinto tipo para garantizar que el tratado se cumpla. Entonces nos preguntamos, ¿toda esa dinámica de reforma normativa, que ya implica una pérdida de soberanía sobre la posibilidad de establecer al interno nuestras propias normativas, va a significar vulneraciones graves de derechos humanos, colectivos, ambientales de la naturaleza?”, indica.

Chérrez, quien también es parte de la red Ecuador Decide Mejor sin TLC, señala que lo detectado les hace “llegar a afirmar que Ecuador va a entrar en una mayor dependencia a esa geopolítica que está creando China para poder contar con recursos naturales que ellos requieren: minerales, hidrocarburos, madera, recursos pesqueros, camarón y otros productos”.

Sostiene que la expansión de este tipo de operaciones extractivas o productivas evidentemente se hace en territorios que muchas veces son espacios naturales frágiles, incluso zonas que están dentro de áreas con algún nivel de protección. Además, que son espacios de vida de comunidades campesinas, indígenas, afro. “Todo esto va a traer efectos sobre esas realidades”.

Asimismo, señala que les preocupa que “son negociaciones totalmente asimétricas”, esto porque a su criterio, la realidad del Ecuador es una y la de China es “abismalmente diferente”. Menciona que China es uno de los principales acreedores de deuda. Y recuerda que está vigente desde 1997 un tratado de protección de inversiones que ya da ciertas normas de protección jurídica a las empresas chinas y “con este tratado esas protecciones se refuerzan y son cada vez más una camisa de fuerza para la normativa nacional”.

Otro capítulo que objetan es el de cooperación económica que tiene que ver con la pesca. Dice que en el tratado “se incluye la posibilidad de la operación de buques fábrica” y que “opere de manera mucho más impune”, lo que les hace considerar “que esa misma flota pesquera que permanece a veces tiempos prolongados va a procesar productos que vienen de esa extracción de las especies marinas y van a poner en el mercado ecuatoriano esos productos”.

Optimismo en los empresarios

En cambio, la directora del CEE es optimista con el acuerdo comercial porque les dará mayores oportunidades a los productos ecuatorianos a nivel internacional. “En la medida que nuestros productos tengan más espacios, más mercados y mejores condiciones, los productos ecuatorianos que son de altísimo nivel pueden tener mayor facilidad para entrar a esos mercados y nuestro comercio puede aumentar. Recordemos que siempre estamos impulsando el tema de una balanza comercial positiva y eso lo logramos con mayores exportaciones”.

Uquillas indica que desde el CEE creen que el acuerdo comercial con China se ha trabajado de una manera “muy meticulosa” y que se ha escuchado mucho a los sectores privados. Además, que se han reconocido las sensibilidades del sector productivo, por lo que consideran que hay “una serie de exclusiones que son ampliamente positivas”.

En ese sentido, comenta que en la revisión que hicieron al acuerdo comercial no encontraron vicios de inconstitucionalidad: “Creemos que es un acuerdo que tiene algunos capítulos de beneficio para el Ecuador y eso acarreará beneficios para los ciudadanos, los comerciantes y el desarrollo”.

En tanto que Chérrez señala que fue un “tratado negociado a puerta cerrada, solo discutido con el Comité Empresarial Ecuatoriano y sin posibilidad de acceder a la información para generar un debate público”.

Con respecto a las preocupaciones de las organizaciones, la directora ejecutiva del gremio empresarial señala que toda posición es válida, analizable; sin embargo, considera que siempre hay que estudiar el proceso desde su óptica general. “Si vemos que Ecuador tiene una excelente producción lo que necesita más que nada son mercados y si queremos tener más mercados en el mundo, el camino son los acuerdos comerciales”, reitera.

Asimismo, indica que desde el CEE creen “firmemente” en que cualquier empresa que llegue a invertir en el Ecuador tiene que cumplir con toda la normativa y regulación. Dice que en la medida que la inversión de un país con altos potenciales económicos pueda llegar a Ecuador “sin duda es beneficiosa” porque va a generar recursos, plazas de empleo, etc., pero siempre “cumpliendo las reglas del juego, nosotros creemos en la igualdad de condiciones”.

Aunque la Corte Constitucional ya emitió el dictamen sobre el acuerdo comercial: determinó que requiere de aprobación legislativa y dispuso la publicación del texto íntegro del acuerdo en el Registro Oficial para que cualquier ciudadano intervenga defendiendo o impugnando su constitucionalidad, Chérrez señala que esperan que la Corte haga “las consideraciones al respeto, a los principios, garantías que tiene la Constitución ecuatoriana y de acuerdo a eso que tenga un dictamen que incluyan” las preocupaciones que exponen, porque esa sería la base sobre la cual posiblemente después la Asamblea Nacional tendría que tomar la posta y pronunciarse en relación a este tratado.

Uquillas resalta que es un acuerdo de preferencias comerciales, por lo que no tiene la variable de solución de diferencias. “Hay sectores que ven preocupaciones y es normal, en todo acuerdo comercial se generan preocupaciones para la producción nacional, pero entendemos que se han tomado las medidas de mayor certeza para que los sectores productivos puedan seguir con su operación”, indica.

Por otro lado, considera muy importante que el Gobierno ecuatoriano trabaje en la agenda de competitividad para los sectores productivos, en el tiempo que se haya establecido para cada uno de los productos que pueden ingresar de China con liberación de impuestos. “Aquí queda una misión muy importante para el Estado, que es trabajar en la agenda de competitividad para que nuestra producción pueda estar en condiciones óptimas”.