Los conductores de Uber pueden ser multados o sufrir la incautación de sus vehículos si son detectados por las autoridades transportando a pasajeros. Chile aún tiene que elaborar un marco regulatorio para el negocio del transporte compartido.
Santiago. El conductor de Uber se detuvo en el aeropuerto internacional de Santiago. Cuando un pasajero se instaló en su reluciente Suzuki, miró rápidamente a su alrededor en busca de alguna señal de problemas.
"Trabajar en el aeropuerto no es fácil", dijo a un reportero de Reuters, mientras un rosario en el espejo retrovisor de su auto se balanceaba en camino a la autopista. "Uber en Chile no es fácil".
Los conductores de Uber pueden ser multados o sufrir la incautación de sus vehículos si son detectados por las autoridades transportando a pasajeros. Chile aún tiene que elaborar un marco regulatorio para el negocio del transporte compartido.
"La aplicación (Uber) no es legal", dijo la ministra de Transporte Gloria Hutt. "Actualmente no cumple con la legislación chilena para llevar pasajeros cobrando por eso".
El estatus poco regulado de Uber en mercados de rápido crecimiento, como Chile, representa un riesgo para la empresa mientras alista su anticipada OPI.
También despliega un juego parecido al del gato y el ratón de proporciones a veces risibles en la nación sudamericana. Los conductores se advierten mutuamente sobre los puntos para recoger y dejar pasajeros donde policías e inspectores están al acecho.
También "preparan" a sus clientes, a quienes habitualmente se les pide sentarse en el asiento del copiloto y aprenderse alguna frase para despistar, por si acaso.
"Si la policía nos fiscaliza, soy el tío Diego de tu amiga", dijo un conductor de Uber a Reuters.
Otro chofer, Guillermo, de 41 años, dijo a Reuters que su coartada más común para pasajeros varones es identificarlos como sus compañeros de prácticas de fútbol. Los conductores se negaron a dar sus apellidos por temor a ser identificados por las autoridades.
La aplicación y el sitio web de Uber no mencionan el estatus legal poco claro en Chile, donde la empresa reporta unos 2,2 millones de usuarios mensuales y 85.000 conductores desde su lanzamiento en 2014.
La compañía aparece en anuncios publicitarios en Santiago y envía correos electrónicos promocionales como cualquier otro negocio.
Verónica Jadue, portavoz de la compañía en Chile, insistió en que Uber era legal. Citó un fallo de la Corte Suprema de 2017 que frustró los esfuerzos de las compañías de taxis y sindicatos chilenos que buscaban detener el servicio en la ciudad norteña de La Serena.
El tribunal mencionó la legislación introducida en 2016 por el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet para regular los servicios de transporte.
"La intención es regularlo, no evitar su desarrollo", indicó el panel compuesto por tres jueces.
La llamada "ley Uber" aún no ha sido aprobada en el Congreso, en momentos en que el Gobierno, los sindicatos de taxistas y "startups" basadas en aplicaciones móviles intentan llegar a un acuerdo.
Jadue se negó a confirmar si la compañía sabía que los conductores en Chile estaban aconsejando a los pasajeros para evitar ser detectados por inspectores de tránsito. "Hemos destacado la importancia de cooperar con las autoridades", dijo.
Una serie de escándalos ya ha dañado la reputación de Uber. La compañía ha sido criticada por sus tácticas de negocios y batallas con los reguladores de todo el mundo. Si bien la empresa con sede en San Francisco se ha valorizado en hasta US$120.000 millones, su crecimiento se ha desacelerado.
Regularizar su estatus ayudará. Aún así, los posibles accionistas probablemente estarán más interesados en la capacidad de Uber para mantener su dominio en Latinoamérica y otros puntos donde se están moviendo rivales como el chino Didi Chuxing, según Nathan Lustig, socio gerente del fondo de inversión Magma Partners, una empresa con sede en Santiago.
"Tendrán más problemas por la participación del mercado y para demostrar que son rentables en lugares (...) donde hay competencia", dijo Lustig.
Recogida en el estacionamiento. En un comunicado enviado a Reuters, Uber dijo que "trabaja diligentemente" para garantizar que la regulación del uso compartido de vehículos avance en Chile.
Mientras tanto, las multas siguen acumulándose. Desde 2016, los inspectores del Ministerio de Transporte de Chile han emitido 7.756 sanciones que van desde US$700 a US$1.100 en contra de conductores de Uber. La policía local también ha repartido miles de citatorios.
Conductores dijeron a Reuters que Uber les reembolsa el costo de sus multas para mantenerlos en movimiento. Al ser consultada, la compañía dijo que aborda "caso por caso".
La tecnología de la compañía también está ayudando. Por ejemplo, los usuarios del área de Santiago se habían quejado en las redes sociales de que los conductores frecuentemente cancelaban los viajes hacia y desde el aeropuerto.
La solución: una categoría especial de servicio en la aplicación chilena de Uber conocida como UberX SCL, llamada así por el código de aeropuerto santiaguino Arturo Merino Benítez. Esas carreras son atendidas por almas audaces dispuestas a correr el riesgo de una multa, dijeron los conductores a Reuters.
Conseguir un conductor puede ser solo la mitad de la batalla.
En su web chilena, la empresa instruye a pasajeros que salen del aeropuerto para que se encuentren con sus conductores en un estacionamiento. Choferes dijeron a Reuters que usan el sistema de mensajería de Uber para cambiar los puntos de reunión si sospechan que hay inspectores en las cercanías.
Uber se negó a discutir las razones de su comunicación personalizada en Chile. La portavoz Jadue dijo que los productos de la empresa en Chile "están diseñados para brindar una experiencia positiva a pasajeros y conductores".
Matías Muchnick, miembro de la vibrante comunidad de "startups" en Chile, dijo que el "caos" es embarazoso. El país promociona su orden y sofisticación a inversores extranjeros, quienes podrían no ver los problemas de tener que esquivar a inspectores de tránsito justo tras llegar al país.
"(La idea es) que cada persona que ingrese a Chile, sea inversionista o no, entre bien", afirmó, sugiriendo que la situación compleja de la empresa no ayuda a la imagen del país.
Pero David Brophy, profesor de finanzas en la Universidad de Michigan, dijo que estas complicaciones podrían generar un incentivo para algunos inversores en la OPI.
"La clave es que la gente quiere usarlo, aunque no es cómodo si te detiene la policía", sostuvo.
Hasta la policía usa Uber. Uber ha tenido dificultades con reguladores de todo el mundo, incluso en otras partes de América Latina.
En Argentina, por ejemplo, la compañía sigue sin estar regulada años después de ingresar al mercado. Los legisladores en Buenos Aires se han aliado en gran medida con los taxistas, quienes se quejan de que Uber cobra tarifas artificialmente bajas y elude los gastos generales que conllevan los taxistas.
Pero los pasajeros de la región están encantados con el precio y la comodidad, mientras que los propietarios de automóviles ven oportunidades. Uber dice que tiene 25 millones de usuarios activos mensuales en Latinoamérica y un millón de conductores.
En un país tras otro, ha tenido éxito al seguir una serie de jugadas exitosas: expandirse rápidamente en medio de vacíos legales y luego aprovechar la popularidad y el poder del mercado para configurar la regulación.
Sin embargo, algunos gobiernos locales están reafirmando su autoridad. En Estados Unidos, por ejemplo, la ciudad de Nueva York limitó el año pasado la cantidad de vehículos para viajes compartidos en sus calles. Los Ángeles está contemplando un impuesto sobre el transporte para reducir la congestión vial.
En Chile, las negociaciones sobre la "ley Uber" han sido lentas.
Los sindicatos de taxis quieren que los legisladores limiten el número de conductores de viajes compartidos y garanticen tarifas que consideran más justas.
Las nuevas empresas de transporte, lideradas por Uber, impulsado sus propios esfuerzos de cabildeo. Los pasajeros han participado de votaciones desde sus teléfonos móviles, muchos tienen poca simpatía por las "mafias de taxis" que mantienen precios vistos como muy altos y ofrecen servicios desprolijos.
Justo en el medio de la disputa se encuentran los funcionarios chilenos.
Hutt, la ministra de transporte, admitió públicamente que sus hijos han utilizado la aplicación y que ella también lo hacía hasta antes de asumir su cargo el año pasado. Conductores de Uber dijeron a Reuters que funcionarios, incluidos los oficiales de la policía, son clientes frecuentes.
En una entrevista en su oficina de Santiago, José Luis Domínguez, subsecretario de Transporte del país, reconoció el dilema.
"Hoy día no debe operar (Uber). Sabemos que hay una informalidad y queremos legalizar", afirmó. "Pero ...(ignorar que existe sería como tratar de) esconder el sol con un dedo".
