Con el ajuste realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el proyecto requerirá ahora de US$4.825 millones, un monto que no incluye los costos de los estudios de preinversión ni del nuevo equipamiento técnico de los Servicios a la Navegación.
Ciudad de México. El costo del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), su interconexión con el de la Ciudad de México y la reubicación de instalaciones militares fue ajustado nuevamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que requerirá de 91.977,8 millones de pesos (US$4.825 millones), que representa un incremento de 17% con respecto al monto estimado en abril pasado (que ya consideraba la reubicación) y de 30,1% con relación a la infraestructura únicamente de la terminal.
En información complementaria difundida en julio, la dependencia precisó que esa cantidad no incluye los costos de los estudios de preinversión (885,6 millones de pesos, unos US$46,4 millones) ni del nuevo equipamiento técnico de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) —1.877,9 millones de pesos, unos US$98.5 millones—.
El desglose del nuevo monto de inversión se encuentra reservado en el documento, por lo que no es posible conocer en qué renglones se incrementaron los costos (en el primer ajuste se incluyó la compra de terrenos y la reubicación militar dentro del mismo terreno, no contemplada inicialmente).
Sobre el proyecto que desarrolla la Sedena, se reiteró en el nuevo texto: el periodo de construcción de la infraestructura necesaria para la correcta operación y funcionamiento del AISL será de 30 meses, destacando que se continuará con las operaciones de índole militar ya que se contará con una pista (de tres) para fines exclusivamente militares, permitiendo con esto realizar ágil y oportunamente las actividades que permitan preservar la integridad y soberanía de la nación, así como auxiliar a la población civil en algún tipo de desastre.
A pesar de que formalmente los trabajos constructivos no inician por los procesos legales emprendidos por el colectivo No Más Derroches, el informe del segundo trimestre del año sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Públicas refiere que el proyecto tiene un avance físico de 3%, acumulado hasta el mes de junio, y un monto ejercido de 3.815,7 millones de pesos (US$200 millones).
En el documento del primer trimestre, requerido para los proyectos que se desarrollan con recursos públicos, no aparecía aún registrado el proyecto completo (solamente estaba el relacionado con los estudios de preinversión.
Incógnita en el costo beneficio. El pasado 29 de abril, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó las instalaciones militares de Santa Lucía, se dio a conocer que el estudio costo-beneficio del proyecto (que entre otras cosas define el monto total requerido) estaba registrado en la Secretaría de Hacienda desde el día cuatro del mismo mes.
Sin embargo, a la fecha no se puede consultar porque está en proceso de actualización y tiene un plazo de hasta 180 días hábiles.
Dicho estudio es uno de los requeridos por la autoridad hacendaria, para lo cual se le otorgaron a la Sedena 885,6 millones de pesos (US$46,4 millones) y en su justificación se habló de la necesidad de “contar con un conjunto de elementos relacionados con lógica, tecnológica y cronológicamente para el diseño del proyecto que se ejecutan en un periodo de tiempo determinado, y tienen como objetivo resolver un problema, satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad”.
Actualmente tampoco se sabe quién lo realizó ni qué método de contratación se eligió.
Plan maestro de la obra. Previo a la ejecución del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, la Sedena actualizó el plan maestro el mes pasado e incluyó información para justificar que su desarrollo es asunto de seguridad nacional y que administrarlo, como se le instruyó, “fomentará una operación ágil, con altos estándares de calidad y con los más elevados niveles de seguridad y confiabilidad en materia aeroportuaria”.
En el documento se menciona que el terreno donde se construirá alberga instalaciones estratégicas del Ejército, desde órganos de mando y control del valle de México, grandes unidades de la Policía Militar con capacidad de despliegue y los principales centros logísticos para abastecimientos de insumos del Ejército y Fuerza Aérea, entre otras.
Así, la construcción del aeropuerto tiene “una importante connotación en la seguridad nacional”, por lo delicado y complejo de las responsabilidades que tienen los organismos acantonados en el complejo, los trabajos que se lleven a cabo deben realizarse con la mayor rapidez, con un alto grado de coordinación y secrecía por parte de los ejecutantes, para no interferir y obstaculizar la necesaria continuidad de las operaciones.
Además, se pide considerar “lo complejo y delicado que resultará construir, demoler y reubicar dentro de dicha área y de otros campos militares de manera simultánea instalaciones de importancia militar para la Defensa Nacional, que serán afectadas por las nuevas construcciones”.
Para justificar que la dependencia será la encargada de la obra, se reitera que en el caso de que se decidiera contratar empresas civiles para su construcción en sustitución de los ingenieros militares, existiría la posibilidad de que la obra no se concluya en tiempo y forma, se incrementen los costos iniciales de ejecución, se incurra en posibles demandas o paros injustificados de los trabajadores y se filtre información que pondría en riesgo la seguridad nacional.
