Uno de las propuestas llegó desde el exterior y detrás de ella está la compañía pesquera canadiense Cooke Aquaculture, firma que se ha expandido a varios países, entre los que se cuentan Chile, España y Escocia.
Montevideo. Ayer era la fecha marcada en el calendario para que se realizara la licitación de Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur). Se buscaba que la empresa –que daba trabajo a cerca de 1.000 personas y había cerrado en agosto de este año– fuera adquirida en bloque. Si bien hubo dos interesados, la jueza a cargo del caso decidió aplazar el proceso dada la existencia de "defectos formales" en ambas presentaciones, comentó el abogado del estudio Rueda, Abadi, Pereira (síndico de la empresa), Francisco Cobas.
Uno de las propuestas llegó desde el exterior y detrás de ella está la compañía pesquera canadiense Cooke Aquaculture, firma que se ha expandido a varios países, entre los que se cuentan Chile, España y Escocia.
Sus propietarios están llevando adelante en los últimos años un plan de crecimiento que incluye adquisiciones "y una búsqueda estratégica por oportunidades en desarrollo", informa la empresa en su sitio web.
El otro interesado es un grupo compuesto por unos 200 trabajadores de Fripur que armó una cooperativa para llevar adelante la empresa, la cual proponen cogestionar en parte con un privado. Esto, en el entendido de que no podrán trabajar a nivel de toda la planta como cooperativa, por lo que para ciertas áreas –como la comercial– la idea sería tener un socio.
La cooperativa había enviado un escrito al juzgado, pidiendo que se los exonerara del pago del 1% de la base de la licitación, dado que no cuentan con ese capital.
Consultado acerca de cómo se financiaría este proyecto, de prosperar la iniciativa, José Umpiérrez, dirigente sindical de Fripur, dijo esta semana a El Observador que están "negociando" de "qué manera se podría solventar el comienzo del funcionamiento de la planta". La alternativa del Fondo de Desarrollo (Fondes) es una de las que se está barajando, comentó el dirigente sindical, pese a que todavía no han tenido una conversación al respecto con sus responsables.
Para demostrar la "viabilidad" del proyecto, se está trabajando en conjunto con Extensión Universitaria de la Universidad de la República (UdelaR), así como con técnicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), añadió Umpiérrez.
La ausencia del pago de la garantía por parte de la cooperativa fue una de las objeciones que le realizó la jueza. En el caso del grupo canadiense, en tanto, habría presentado alguno de los documentos en inglés.
Cobas explicó que si bien el síndico no tuvo acceso a la información que brindaron ambos interesados, se estima que en un "plazo breve" se los convocará nuevamente.
Si nadie adquiere la empresa en bloque –el precio base es de US$ 15 millones– se procederá a la venta por partes.
"Es lo que no queremos, hemos luchado para que se trate de comprar como un todo la empresa", había dicho Cobas a El Observador días atrás.
