La portavoz de Industrias Infinito, filial de Infinito Gold en Costa Rica, anunció que de no llegar a un "acuerdo amistoso" con el gobierno en los próximos seis meses la demanda será presentada ante el Ciadi, organismo autónomo del Banco Mundial.
San José. La minera canadiense Infinito Gold advirtió este jueves a Costa Rica de una demanda por US$1.092 millones por la anulación judicial de la concesión del proyecto de minería de oro a cielo abierto "Las Crucitas", en el norte del país.
Yokebec Soto, la portavoz de Industrias Infinito, filial de Infinito Gold en Costa Rica, anunció en una conferencia de prensa que de no llegar a un "acuerdo amistoso" con el gobierno en los próximos seis meses la demanda será presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo autónomo del Banco Mundial.
Soto afirmó que la única "solución amistosa" que prevé la empresa es la reactivación del proyecto minero, cancelado por orden judicial debido a irregularidades en el trámite y otorgamiento de diversos permisos ambientales.
Según la portavoz, Infinito Gold notificó este jueves al Ministerio de Comercio Exterior en una carta sobre incumplimientos al Tratado Bilateral de Inversiones entre Costa Rica y Canadá, con lo que se abre un periodo de seis meses para llegar a un acuerdo.
Los US$1.092 millones de la demanda corresponden a 92 millones que la firma ya había invertido a lo largo de 20 años en estudios y una primera fase de construcción de la mina, y US$1.000 millones en dinero que dejará de percibir al no concretarse el proyecto.
El gobierno costarricense aún no se ha pronunciado sobre el asunto.
El Tribunal Contencioso Administrativo declaró en 2010 como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.
La Sala I (casación) de la Corte Suprema de Justicia declaró en 2011 sin lugar una serie de apelaciones de la empresa minera.
Además, recomendó a la Fiscalía investigar al expresidente Óscar Arias (2006-2010) por firmar un decreto en el que declaró el proyecto minero como de "conveniencia nacional" en el año 2008, y a su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, por el otorgamiento de permisos.
La Fiscalía de Costa Rica acusó el año pasado de prevaricato (firma de resoluciones ilegales) al exministro Dobles y a otros siete funcionarios de menor rango, mientras abrió una investigación contra Arias, sin que se le hayan formulado cargos hasta ahora.
La empresa minera inició en 1995 la exploración en la zona de Las Crucitas, cercana a la frontera con Nicaragua, y siempre ha sostenido que contaba con los permisos necesarios para operar.
La firma, que esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro durante los 10 años que preveía la concesión, inició la construcción de la mina pero nunca pudo finalizarla ni extraer oro.
Durante varios años grupos ambientalistas denunciaron ante los tribunales las irregularidades en el otorgamiento de permisos y los riesgos para el medio ambiente que, a su juicio, suponía el proyecto.
