El Instituto Americano del Petróleo (API) señaló que los obstáculos son "cada vez mayores" para obtener permisos para estaciones de servicio, terminales de almacenamiento y de gas natural licuado, así como importación de combustibles.

Ciudad de México. La mayor organización petrolera de Estados Unidos, el API, denunció prácticas de discriminación contra inversionistas estadounidenses de crudo y gas por parte del gobierno de México que violan el tratado comercial de América del Norte.

En una carta fechada el 11 de junio y dirigida a funcionarios de alto nivel de Washington, incluyendo el secretario de Estado, Mikel Pompeo, el Instituto Americano del Petróleo (API, por su sigla en inglés), dijo que los empresarios de esa nación enfrentan una serie de dificultades para operar en el país latinoamericano.

El organismo señaló que los obstáculos son "cada vez mayores" para obtener permisos para estaciones de servicio, terminales de almacenamiento y de gas natural licuado, así como importación de combustibles.

"Estos ejemplos son acciones de discriminación contra empresas miembros de API que probablemente contravengan los compromisos de México con la protección de inversiones", dijo el API refiriéndose al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLAN) y del nuevo acuerdo comercial que lo sustituirá el 1 de julio, el TMEC.

El API exhortó a los funcionarios en la carta a recurrir a canales diplomáticos para comprometer al presidente mexicano y su gobierno a que "trate a los inversores y exportadores estadounidenses de manera justa" en la víspera de la entrada en vigor del TMEC.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que desea darle nuevos bríos a las estatales Pemex y CFE, que asegura quedaron en desventaja frente a empresas privadas y extranjeras tras las profunda reforma energética concretada en la administración anterior.

Una fuente de una terminal de embarque independiente en México dijo a Reuters que la autoridad tributaria federal, el SAT, está retrasando autorizaciones para descargar y distribuir combustible, argumentando cargamentos no declarados o problemas con la calidad de la gasolina, el diésel y la turbosina.

El gobierno mexicano, que ha cancelado subastas de contratos para exploración y extracción de hidrocarburos, se ha enfrentado en las últimas semanas a inversionistas enojados por cambios en las reglas del sector eléctrico, que algunos consideran que también violan acuerdos comerciales.