En la antesala de un proceso eleccionario para renovar las autoridades de las alcaldías y concejos municipales del país, cuyos períodos ya están vencidos, y ante la idea que en paralelo ha venido imponiendo el Gobierno para configurar las estructuras comunales, conviene hacer algunas reflexiones sobre el papel que corresponde a estos gobiernos locales y sobre la necesidad de educar para la libre y eficiente participación ciudadana, mediante el fomento del capital social.
No hay dudas que frente a tendencias centralistas de gobiernos totalitarios, la promoción y el fortalecimiento de los gobiernos locales es la forma más adecuada para preservar la gobernabilidad democrática y romper con la pasividad ciudadana que tiende a prevalecer en nuestras sociedades latinoamericanas tradicionalmente estatistas y con poca confianza en la democracia y sus instituciones. Por ello es necesario entender la relevancia de fomentar en nuestra cultura política la importancia de la delegación de poderes desde el centro hacia las comunidades regionales y locales, como la forma adecuada de asegurar una genuina democracia participativa en la que los ciudadanos tengan posibilidad de involucrarse directamente en la búsqueda de soluciones propias para mejorar su calidad de vida. Pero ese proceso de descentralización para ser sostenible debe acompañarse de una apropiada asignación de recursos para financiar las actividades y programas a transferir a esos gobiernos, regionales y locales, lo que a su vez obliga a definir un régimen de responsabilidad fiscal por parte de esas comunidades, a fin de asegurar la eficiencia, efectividad y transparencia en la gestión pública de las mismas.
El tema de la transparencia en la gestión de los gobiernos regionales y locales y la capacidad para resolver los problemas de las comunidades, está vinculado a la disponibilidad de informar de manera oportuna a los ciudadanos sobre las actividades gubernamentales, atendiendo adecuadamente las demandas de los mismos, ya que solo en aquellas comunidades en las que las autoridades locales responden eficientemente a la demanda de los vecinos, se puede fomentar el interés de los mismos en la participación comunitaria, en apoyo a las mejoras en esas comunidades y como agentes con poder contralor y de vigilancia y evaluación para asegurar el manejo honesto de los recursos, todo ello fomentando, al margen de las preferencias políticas, la comunicación y la participación activa de los líderes comunitarios y de las organizaciones no gubernamentales de las comunidades.
La participación ciudadana debe promoverse como importante estrategia para construir ciudadanía, educando a las personas para el reconocimiento de sus derechos y de sus obligaciones, no solo respecto al entorno comunal, sino igualmente como integrantes de la comunidad democrática del país. Para ello es necesario entender la importancia del fomento del capital social que debe ser tarea no solo de los gobiernos locales, sino igualmente del sistema educativo del país en su compromiso de formar ciudadanos con cultura cívica y responsabilidad social, como agentes genuinos de una auténtica democracia.
No debemos olvidar que para lograr comunidades ordenadas, dignas, con cultura de paz y que, por consiguiente, se beneficien de una elevada calidad de vida, se requiere desarrollar en las mismas los sentimientos de pertinencia o de capital social, de apego, que aseguren que los derechos y obligaciones surjan en forma espontánea de la propia organización comunitaria y de sus instituciones locales; lo cual se logra además fomentando otros valores constitutivos del capital social como son la participación, el compromiso social, la solidaridad y los principios éticos y el sentido comunitario, indispensables para generar la confianza, reciprocidad e inclusión social, factores claves para asegurar el éxito en una comunidad en la búsqueda de una mejor calidad de vida.
Finalmente, es importante recalcar la necesidad de que las autoridades de los gobiernos locales sean escogidas democráticamente por sus propias comunidades, a través de procedimientos electorales libres y secretos, sin injerencias externas ni manipulaciones del poder central que puedan entorpecer el espíritu de esa actividad comunitaria en desmedro de los intereses de la misma. No olvidar que la genuina democracia es la democracia participativa, pero sin injerencias ni condicionamientos externos, que son vicios de las llamadas democracias pactadas y tuteladas en las que privan solo intereses de cogollos partidistas o de gobiernos autoritarios que, por su naturaleza, tienden a ser regímenes centralistas que descartan la participación comunitaria independiente, ya que la misma es contraria a los vicios del clientelismo y de la demagogia política que son rémoras del desarrollo y males endémicos de las instituciones de la democracia.
*Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo.com.ve.
