“Por años, no se han realizado Cumbres Presidenciales, sosteniendo una burocracia regional onerosa para nuestros contribuyentes,absolutamente paralizada y alejada de los temas con real incidencia en el desarrollo de la región”, sostuvo el gobierno de Sebastián Piñera.
El gobierno de Sebastián Piñera anunció la salida definitiva de Chile de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), aduciendo “razones de Estado”, para tomar esta iniciativa.
“En uso de las facultades constitucionales, el Presidente de la República ha decidido proceder a la denuncia, por razones de Estado, del ‘Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas’, suscrito en Brasilia, República Federativa de Brasil, el 23 de mayo de 2008. Por lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la ley N°18.918, Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el Presidente de la República ha solicitado la opinión del Poder Legislativo”, indicaba una minuta del gobierno entregada a diputados oficialistas.
Posteriormente, el gobierno emitió un comunicado donde confirmó la salida de Chile de Unasur y que la denuncia será entregada al Congreso, para potenciar de igual modo Prosur.
El gobierno de Piñera suspendió la participación de Chile el 20 de abril de 2018, al igual que Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, además Ecuador se sumó a esta lista a principios de marzo y de paso pidiendo la devolución de la sede de Unasur en Quito.
“Por años, no se han realizado Cumbres Presidenciales, sosteniendo una burocracia regional onerosa para nuestros contribuyentes,absolutamente paralizada y alejada de los temas con real incidencia en el desarrollo de la región”, agrega la minuta difundida por el gobierno.
El @GobiernodeChile procede con la denuncia del Tratado Constitutivo de UNASUR pic.twitter.com/0k5MPIgtRl
— Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) 21 de abril de 2019
En la misma línea, Piñera buscaría potenciar la conformación de Prosur, para lo cual la salida definitiva de Chile de Unasur, es un paso importante.
El grupo quedó reducido a Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela, además está paralizado al no poder elegir desde 2017 un nuevo secretario general para suceder al colombiano Ernesto Samper.
