El comunicado de Bachelet "no refleja en su real dimensión el contexto de violencia y el impacto social que tuvieron los violentos sucesos del pasado mes de octubre", dijo el canciller José Valencia, en respuesta al informe de la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU.

Quito. El ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, rechazó este jueves el comunicado emitido la semana pasada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las protestas que sacudieron la nación andina en octubre, en el que cuestiona la actuación policial, por considerar que se trata solamente de "apreciaciones subjetivas".

El comunicado de Bachelet "contiene algunas apreciaciones subjetivas y no refleja en su real dimensión el contexto de violencia y el impacto social que tuvieron los violentos sucesos del pasado mes de octubre", dijo Valencia en una nota oficial del Ministerio de Exteriores ecuatoriano que se hace eco de una "comunicación" enviada a la Alta Comisionada el pasado lunes.

En opinión de Valencia, "el comunicado pone un desmesurado acento en los supuestos excesos de la Fuerza Pública, mientras muy de paso describe el gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados o a la virulencia de los disturbios, que provocaron terribles efectos".

Defendió que "la Fuerza Pública ecuatoriana actuó dentro del marco de la ley, con disciplina y con respeto a los protocolos y estándares internacionales aplicables, bajo la presión que suponía actuar en una atmósfera de violencia extrema por parte de agresivos grupos de manifestantes".

"Incluso bajo las difíciles condiciones en las que operó, la Fuerza Pública no empleó medios letales para rechazar los ataques de los violentos, por expresas órdenes de sus superiores. Por ello, en Ecuador no se produjeron ni heridos ni muertos por disparos de armas de fuego de la Fuerza Pública", valoró.

En cualquier caso, subrayó que "la Fiscalía General del Estado investiga los casos de denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, que la ministra de Gobierno ha informado de que se desarrollarán de manera expedita, de conformidad con los procedimientos aplicables".

Además, lamentó que, "pese a la masiva conflictividad que vivió Ecuador, el comunicado se limita a observar que 'algunos manifestantes' recurrieron a la violencia". "Nos hemos quedados sorprendidos por ese cálculo tan frugal", confesó.

"No fueron 'algunos' manifestantes sino, en realidad, centenares de atacantes que en varios puntos del país y, en especial, en Quito actuaron de una manera concertada, con tácticas de guerrilla urbana y evidente premeditación", afirmó.

El jefe de la diplomacia ecuatoriana señaló que "pruebas de ello son que hayan usado escudos claramente fabricados en serie, lanzadores de cohetes, bombas incendiarias, además de ejecutar ataques en grupos coordinados como los que incendiaron el edificio de la Contraloría o Teleamazonas, todo lo cual fue registrado por las cámaras".

"Total transparencia". Valencia expresó igualmente su malestar por las recomendaciones que hizo Bachelet al Gobierno ecuatoriano, reivindicando que ha actuado con "total transparencia frente a los hechos suscitados en las manifestaciones de octubre".

El canciller ecuatoriano consideró que "las apreciaciones del comunicado (...) no se ciñen a los hechos y reflejan solo los puntos de vista de la oposición o de entidades cercanas a los violentos".

En concreto, se refiere a la petición de que "las autoridades ecuatorianas se abstengan de hacer declaraciones o cualquier otra acción que estigmatice a los pueblos indígenas y a los extranjeros".

"Se da a entender que hubo tales pronunciamientos y que posiblemente fueron múltiples. Aquello no ocurrió. No tenemos registradas palabras de autoridades que estigmaticen a otras personas por su origen étnico o nacionalidad", aseveró.

Valencia enfatizó que "acusar de estigmatización a un Gobierno como el del presidente Moreno es una apreciación injusta y que a todas luces no se corresponde con la realidad".

Protestas en Ecuador. La derogación de los subsidios al combustible por parte del Gobierno desencadenó el 3 de octubre unas manifestaciones que se extendieron hasta el día 13 y durante las cuales el presidente llegó a decretar el estado de excepción. Por invitación del propio Ejecutivo, una misión del Alto Comisionado investigó los posibles abusos entre el 21 de octubre y el 8 de noviembre.

Según las informaciones recabadas el equipo de Bachelet, que realizó 373 entrevistas, al menos nueve personas murieron y 1.507 resultaron heridas -entre ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad- , mientras que 1.382 fueron detenidas.

"Los disturbios del mes pasado tuvieron un alto coste humano", lamentó la ex presidenta chilena, quien ha insistido que "las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas".