Al recibir la condición de asilado político, el expresidente Evo Morales, tendrá que normar su proceder a las condiciones que le impone ese estatus, considera el académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y El Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Briceño.
Con la decisión de ofrecer asilo político al derrocado presidente de Bolivia, Evo Morales, México entró al juego político en América Latina, aseveró el académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y El Caribe (Cialc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Briceño.
El académico consideró que en crisis políticas anteriores de la región como la venezolana, la actitud del gobierno mexicano había sido de no involucrarse, con el argumento de que no participa en los asuntos internos de otros países, lo cual ahora cambió.
“Hay un giro aquí interesante (en el caso boliviano) porque entonces sí expresó abiertamente una opinión sobre asuntos internos de un país”, dijo Briceño.
Incluso, para el profesor universitario, es preferible esta actitud, aunque le gustaría que fuera más consistente, porque, ante cualquier hecho que se manifieste como ruptura de la democracia en la región —independientemente del sesgo ideológico—, debería ser atacado porque la democracia es un bien público, global y latinoamericano que tenemos que defender.
En su opinión, en Bolivia hay condiciones para pensar que la vida de Evo Morales estaba en riesgo y México acudió a una vieja tradición que ha tenido desde hace muchas décadas de proteger a líderes políticos que, en sus países, en momentos de cambios y crisis constitucionales están en riesgo.
Por ello consideró que la respuesta a por qué México ofreció el asilo político a Evo Morales es, simplemente, el rescatar una tradición mexicana en situaciones como la que atravesaba el derrocado presidente.
Lo importante en este episodio, dijo, es el hecho de que el gobierno mexicano haya descrito la situación que imperaba en Bolivia como un golpe de Estado, sobre todo porque ha habido una ambigüedad de varios países de América Latina al describir lo que ha sucedido.
“El gobierno mexicano, de manera coherente, señaló que no apoya rupturas constitucionales y, muy en línea con el gobierno electo de Argentina, ha señalado claramente que lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe de Estado”, subrayó Briceño.
El especialista en asuntos políticos de América Latina, llamó la atención que incluso la Organización de Estados Americanos (OEA) “que está tan interesada en aplicar una carta democrática y tan involucrada en el proceso boliviano, ha guardado silencio total de lo que ha pasado” (hasta el Martes 12 de noviembre).
Por otra parte, opinó que una vez en México, el expresidente Evo Morales, al recibir la condición de asilado político, tendrá que normar su proceder a las condiciones que le impone ese estatus otorgado por el gobierno mexicano. Por ejemplo, no puede realizar actividades políticas generales, así que estará aquí como una suerte de imagen de la Bolivia excluida, perseguida y fuera del poder.
En su opinión, no tendrá las condiciones como para convertirse en un gran articulador de un movimiento de masas en su país, porque eso afectaría su condición de asilado político.
Lo que ocurrió sí fue un golpe de Estado. En opinión del investigador de la UNAM, en Bolivia lo que se produjo sí fue un golpe de Estado, porque difícilmente un “consejo” de ese tipo (que renunciara) de un mando militar puede entenderse de otra forma que no sea una orden.
Sin embargo, recalcó que eso no exonera a Evo Morales de los errores que cometió y que, al menos en parte, han generado esta crisis.
En el mismo sentido, indicó que tampoco todos los errores que cometió durante su desempeño como presidente de Bolivia sirven para justificar un golpe de Estado, lo cual implica un retroceso político en la región.
Luego mencionó que, en América Latina, dado que han jugado un papel muy importante en la constitución de los Estados-nación, los pueblos han luchado durante décadas para establecer instituciones democráticas, llevar a los militares a los cuarteles y sacarlos de la vida política.
En ese tenor, consideró que la primera implicación regional de lo ocurrido en ese país sudamericano es el efecto demostración, que consistiría en que esta nueva forma de sacar a presidentes constitucionalmente electos empiece a ser manejadas en otros escenarios de crisis en la región, lo cual sería sumamente grave.
Incluso dijo que, viendo hacia adelante, en el caso de Bolivia habría que mirar cuál es el papel que va a tomar en el futuro inmediato Fernando Camacho, señalado como un líder político radical de extrema derecha, acusado de misógino y que durante los últimos días tuvo una participación muy destacada en las acciones que derivaron en el golpe de Estado contra Evo Morales. “Si este personaje va a tener una alta incidencia en el próximo gobierno de Bolivia, puede tener repercusiones preocupantes”.
