El programa El Paso, es una parte clave de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para frenar el flujo de migrantes. Los críticos dicen que viola la ley de Estados Unidos y las normas internacionales.

San Diego. Un juez de Estados Unidos cuestionó el miércoles cómo el gobierno podría atender adecuadamente a los solicitantes de asilo centroamericanos obligados a vivir en México mientras se procesan sus reclamos, el mismo día que el gobierno expandió el programa a El Paso.

El programa es una parte clave de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para frenar el flujo de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que intentan ingresar a los Estados Unidos.

Los críticos dicen que viola la ley de Estados Unidos y las normas internacionales, ya que los inmigrantes son enviados a ciudades a menudo peligrosas en México, donde es difícil hacer un seguimiento de las fechas en las cortes de Estados Unidos y buscar ayuda legal.

En el segundo día de audiencias bajo el programa, conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), el juez Jonathan Simpson en un juzgado de San Diego le preguntó repetidamente al abogado del gobierno cómo manejar los casos de solicitantes que debían esperar sus fechas en la corte de Estados Unidos.

"¿Cómo les notifica la corte si no tenemos una dirección?" preguntó Simpson, luego de decir que le preocupaba si el gobierno podía notificar a los migrantes en México.

"No tengo la respuesta", respondió el abogado del gobierno Robert Wetteis.

Simpson escuchó el miércoles peticiones de 12 migrantes, y dos dijeron que estaban confundidos sobre órdenes para presentarse ante la corte con fechas en conflicto.

El solicitante William Meléndez dijo que recibió dos órdenes para presentarse, cada una programada con 10 días de diferencia, y no estaba claro si ambas eran válidas.

Un migrante hondureño llamado Jorge C.N. fue llevado a la custodia de la Patrulla Fronteriza y Aduanas de la noche a la mañana porque le habían dicho que llegara a un puerto de entrada para una comparecencia ante el tribunal al día siguiente, dijo su abogado.

Retuvo su nombre completo para proteger su privacidad.

Varios otros solicitantes no tenían abogados porque dijeron que era difícil encontrar profesionales para llevar casos en México, y que incluso hacer llamadas telefónicas a Estados Unidos planteaba un desafío.

Otras cuatro personas que debían comparecer no se presentaron en el puerto de entrada fronterizo, donde se les había dicho que se reunieran con funcionarios para escoltarlos a los tribunales.