El juez federal de distrito Jon S. Tigar dictó este martes una orden de restricción temporal luego de haber escuchado los argumentos de ambas partes. Trump, había emitido un decreto que habría dificultado que las miles de personas que ingresan al país pudieran evitar ser deportadas.

Washington. Un magistrado de San Francisco dictó una orden de restricción temporal tras una petición de la Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro por los Derechos Constitucionales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había emitido un decreto que habría dificultado que las miles de personas que ingresan al país pudieran evitar ser deportadas.

El juez federal de distrito Jon S. Tigar dictó este martes una orden de restricción temporal luego de haber escuchado los argumentos de ambas partes en San Francisco. La petición fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) y por el Centro por los Derechos Constitucionales, los cuales interpusieron una demanda justo después de que Trump decretó el veto, este mes de noviembre, en respuesta a las caravanas de migrantes que comenzaron a llegar a la frontera sur.

El 9 de noviembre de 2018, Trump emitió un decreto por el que cualquier persona que haya cruzado la frontera sur de Estados Unidos no podría ser aceptada como candidata a recibir asilo. Las normas, que permanecerían vigentes tres meses, a menos que se produjese una orden judicial, habrían dificultado que las miles de personas que ingresan al país eviten la deportación.

"Los individuos tienen derecho al asilo si cruzan (la frontera) entre los puertos de ingreso", dijo Baher Azmy, abogado del Centro por los Derechos Constitucionales. "No se puede ser más claro".

En los últimos años, decenas de miles de migrantes se han presentado cada año en el desierto de Arizona o en la cuenca norte del río Bravo, en Texas, para entregarse a las autoridades migratorias y solicitar asilo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) calcula que cada año unas 70.000 personas piden asilo después de ser detenidas entre los puertos oficiales de ingreso.

El argumento de Trump es que las caravanas más recientes son una amenaza para la seguridad nacional.

Alrededor de 3.000 personas de la primera caravana llegaron a Tijuana, México, en la frontera con San Diego, California. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo este lunes que cerró el tránsito con dirección norte del cruce de San Ysidro durante varias horas. También instaló barreras móviles con alambre de púas en la parte superior, aparentemente para impedir un ingreso masivo de personas.

Desde la entrada en vigor del decreto presidencial y hasta este lunes, 107 personas detenidas entre los puertos de ingreso solicitaron asilo, informó el DHS, que está al frente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los funcionarios no revelaron si los casos de esas personas avanzan por los otros canales que tienen disponibles para procesar su solicitud.

El DHS señaló que quiere que los solicitantes de asilo en la frontera sur se presenten en un cruce fronterizo oficial. Pero muchos de ellos, como el de San Ysidro, ya tienen un largo tiempo de espera. Por lo regular, las personas se ven obligadas a aguardar, incluso semanas, en refugios o en campamentos al aire libre en el lado mexicano.

El abogado de la ACLU Lee Gelernt dijo que algunos de los solicitantes de asilo cruzan entre los puertos debido a que "corren un peligro real", ya sea en México o en sus países de origen.

"No condonamos a los que ingresan entre los puertos de ingreso, pero el Congreso ha tomado de la decisión de que si ellos lo hacen, de todas formas se les debe permitir solicitar asilo", apuntó.