El gobierno boliviano explicó que el operativo policial para la aprehensión de exfuncionarios gubernamentales procesados por distintos delitos se ejecuta en territorio boliviano y, en consecuencia, no vulnera la Convención de Viena.
El gobierno de México decidió presentar una denuncia contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por “violación de obligaciones diplomáticas”, anunció este jueves el secretario de Relaciones Exteriores de ese país, Marcelo Ebrard.
Lo hizo en una conferencia de prensa conjunta con el presidente Manuel López Obrador, donde denunció el “hostigamiento” que las sedes diplomáticas de ese país sufren en La Paz desde que se activó un celoso operativo policial en sus inmediaciones en busca de aprehender a exfuncionarios del gobierno de Evo Morales que se encuentran con asilo.
El gobierno boliviano explicó que el operativo policial para la aprehensión de exfuncionarios gubernamentales procesados por distintos delitos se ejecuta en territorio boliviano y, en consecuencia, no vulnera la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
“El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Penal Internacional (luego aclaró que se trata de la Corte Internacional de Justicia) por violación a obligaciones diplomáticas ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y que se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones, que se consideran parte del territorio mexicano”, anunció Ebrard.
Dijo que también se recurrirá a la Organización de Naciones Unidas para pedir el respeto a las instalaciones diplomáticas y aseguró que México nunca antes había sufrido ese tipo de “acoso”, ni siquiera durante el tiempo de las dictaduras militares en la región.
Recordó que el 15 de noviembre la embajada de México en La Paz recibió varias solicitudes de asilo y que 11 días después recién se notificó que existen órdenes de aprehensión contra al menos cuatro de los nueve asilados que permanecen en el lugar, tras lo cual comenzó el hostigamiento.
“El 23 de diciembre aparecieron fuera de las instalaciones, la embajada y la residencia, un orden de 90 elementos no solicitados de Policía y Ejército. Para que se den una idea, el número habitual no rebasa los seis y de pronto aparecieron 90”, detalló.
“Se estableció contacto con las autoridades de facto de ese país para mostrarles la preocupación de México respecto a ese despliegue. Asimismo, se tomó contacto con la Organización de Naciones Unidas y otras instituciones de organismos internacionales para que se respete la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que rige el comportamiento y las obligaciones de cada país respecto a la sedes diplomáticas en cada uno de los países así como el Pacto de Bogotá", complementó.
Dijo que como no se recibió una respuesta "acorde a los principios internacionales de respeto", se tomó la decisión de acudir a la Corte Internacional de Justicia.
Qué plantea México. Ebrard detalló que lo que plantea su país es "que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano”.
“Exhortamos a que sean respetadas las instalaciones, se preserve su integridad, así como de las personas que están en la embajada y en la residencia”, insistió. Aseguró además que están “estableciendo comunicación con toda la comunidad internacional, porque ni aún ni en los peores momentos de los golpes militares en los años 70 y 80 se puso en riesgo la integridad de las instalaciones de las embajadas México y sus residencias”.
Demandó respeto al principio internacional de derecho al asilo "y a las decisiones soberanas de cada país respecto a su aplicación, que siempre prevalece respecto a otros principios que se quiere hacer valer”.
Poco antes del pronunciamiento del gobierno mexicano, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, negó que en este caso Bolivia vulnere la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y explicó que el despliegue policial tiene que ver con un operativo para hacer cumplir órdenes de aprehensión emitidas por la justicia boliviana.
“Ellos en su país pueden hacer lo que les parezca adecuado y nosotros, en el ejercicio de nuestra soberanía, haremos lo mismo para garantizar el cumplimiento de la ley. Y en esto quiero ser enfático, no vamos a permitir que nadie que tenga cuentas pendientes con el país de la anterior administración abandone Bolivia”, sentenció.
