El sistema judicial es un factor clave. ¿Sería mejor que hubiera más juezas y menos jueces? ¿Más prevención y transparencia? En América Latina hay avances en la legislación.

Mientras que en Europa se registraban en 2017, 3.000 feminicidios, en América Latina fueron 8.000. Es decir, 1,6 de cada 100.000 mujeres latinoamericanas y 0,7 de cien mil europeas. ¿Por qué la diferencia?

"Primero que todo hay que subrayar que estos datos son bastante conservadores y provienen de las mismas instituciones”, explica a DW en Bruselas, Mariana López, especialista en políticas públicas de Equis, Justicia para la Mujeres. Esta organización feminista busca transformar las instituciones para que todas las mujeres tengan acceso a la justicia.

Discrepancia en las cifras. Como ejemplo de la discrepancia que puede haber: según la CEPAL, en México en 2018 se registraron 808 casos de feminicidio; según datos que manejan organizaciones de la sociedad civil, como la misma Equis, en ese país se mata 10 mujeres al día. ¿Por qué? Por el hecho de ser mujer.

"No es que todo asesinato de una mujer sea un feminicidio”, explica López. "Para que lo sea, debe haber móviles relacionados con el género. Si antes de que una mujer fuese asesinada hubo violencia sexual es un feminicidio. Hay visiones y valores que son su base”, concluye la especialista. 

Fallas en el cumplimiento del rol tradicional de mujer y madre se suelen dar como motivo del acto violento. Consumo o venta de sustancias ilícitas es otro motivo. La argumentación en ese caso es, así López, "por ser mujer no debería hacer eso”. 

No obstante, si bien hay casos documentados de sentencias de este tipo –absolviendo judicial o socialmente al victimario-, estadísticas veraces se echan en falta, pues, en el caso de México, no hay obligación de hacer públicas las sentencias. 

Como fuere, volviendo a la diferencia entre América Latina y Europa, "ésta sí podría deberse al diferente grado de eficiencia de las instituciones. En cualquier caso, el sistema mexicano está desbordado y necesitamos políticas públicas que rebasen el derecho penal", apunta López.

Por el lado europeo, no tenemos estadísticas oficiales de la UE,  porque existe una disparidad total en la recolección de datos. Éstos, en parte, no son comparables porque son producto de sistemas penales distintos”, explica María Eugenia Rodríguez Palop, vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Parlamento Europeo.

Cabe resaltar, que en América Latina se ha avanzado mucho en cuanto a legislación. El feminicidio existe como figura penal y las condenas por ello no son blandas. No obstante, en general, la impunidad registra altas tasas en la región.  En lo que se refiere a la justicia con enfoque de género, la especialista mexicana detecta fallas como la ausencia de conocimiento de los derechos, los medios para acceder realmente  a la justicia y las resoluciones judiciales. 

"Si bien se ha invertido mucho en capacitaciones en diferentes dependencias del Estado y también en el caso de los jueces para que sepan juzgar con perspectiva de género y entender los diversos problemas relacionados con la violencia contra la mujeres, falta monitorear su resultado”, afirma López.

¿Jueza versus juez? En cuanto a sentencias más "justas"?, ¿se trata quizás de un enfoque que una jueza tendría y un juez no? "No”, responde López. "Apartémonos de la falsa premisa de que más mujeres implica más justicia. Sí debería haber más juezas por una cuestión de paridad, pero no implica que vayan a ser más justas. La solución es que nuestros jueces –hombres o mujeres- se apeguen a los criterios, leyes y convenciones que ya existen”, subraya.

"En 2017, 24 países de la UE tenían planes para combatir la violencia de género. Hemos avanzado en cuanto a la trata, a la mutilación genital, al acoso sexual. Pero hay poco avance en la prevención y en el apoyo a las víctimas", afirma Rodríguez Palop.

Por último, Mariana López, de Equis, Justicia para la Mujeres, concluye, que "la solución va por políticas públicas que no sólo apuesten por el derecho penal, sino que desarrollen políticas públicas basadas en evidencia, en diagnóstico que sean evaluables y que prevengan la violencia más que reaccionar a ella cuando ya  se ha dado”.