El acceso a educación de calidad ha sido una de las demandas del movimiento social, impulsado en su origen por estudiantes secundarios.

Santiago.- La prueba universal para acceder a las universidades públicas y privadas en Chile fue suspendida parcialmente el miércoles por protestas en sedes a lo largo del país, en medio del estallido social que se inició en octubre.

El acceso a educación de calidad ha sido una de las demandas del movimiento social, impulsado en su origen por estudiantes secundarios. El mecanismo de ingreso a las universidades a través de una prueba única es, de acuerdo a muchos expertos, un sistema que segrega a los estudiantes según su origen social.

Las autoridades de educación suspendieron temporalmente el examen en al menos 64 de los más de 700 locales habilitados debido a manifestaciones y desórdenes, pero garantizaron que los afectados podrán completar el proceso posteriormente.

"Ese grupo de jóvenes que se ha visto afectado (...) va a tener una solución, una alternativa, para rendir la PSU (prueba de selección universitaria)", aseguró a periodistas el subsecretario de Educación, Juan Vargas.

Unos 297.000 estudiantes están inscritos para participar del proceso, que se realiza el lunes y martes en todo el país. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) llamó a mantener el boicot contra la prueba, a la que consideran discriminatoria.

"Seguiremos en la calle contra la educación de mercado y luchando x un país donde pobres e hijxs de trabajadores puedan estudiar sin competencia sin segregación", publicó la organización en su cuenta de Twitter.

El gobierno informó que 81 personas habían sido detenidas por incidentes relacionados con las protestas contra el examen.

La prueba, originalmente fijada para mediados de noviembre, fue pospuesta en dos ocasiones debido a las continuas protestas sociales detonadas por un alza en el precio del transporte, pero que derivaron en diversas demandas en materia de pensiones, salud y educación, entre otras.

El estallido social ha dejado al menos 26 muertos, miles de detenidos y cuantiosos daños materiales a infraestructura pública y privada.