Una vez que se ordena a los solicitantes de asilo que esperen en México, las posibilidades de que la decisión sea anulada por razones de seguridad -lo que les permitiría esperar en Estados Unidos- son extremadamente reducidas, según un análisis de Reuters.

Reuters. - El pasado 1 de junio, una adolescente hondureña llamada Tania suplicó durante más de dos horas a un funcionario estadounidense para que no la devolviera a México.

Las autoridades migratorias habían permitido el ingreso de su madre y sus hermanas menores a Estados Unidos dos meses antes para presentar una solicitud de asilo ante los tribunales. Sin embargo, enviaron a Tania de regreso a Tijuana por su cuenta, sin dinero ni un lugar donde quedarse.

La joven de 18 años afirma que le dijo al funcionario que había visto a personas en las calles de Tijuana vinculadas a la banda hondureña que aterrorizó a su familia y le explicó que no se sentía segura allí.

Después de la entrevista, cuya intención era evaluar su miedo a regresar a México, ella aseguró que esperaba poder reunirse con su familia en California.

No obstante, la enviaron de regreso a México bajo una política del gobierno del presidente Donald Trump denominada "protocolos de protección a migrantes" (PPM), que ha obligado a más de 11.000 solicitantes de asilo a esperar en el lado mexicano de la frontera para que se completen sus casos en las cortes estadounidenses. Ese proceso puede llevar meses.

El de Tania no es un caso inusual. Una vez que se ordena a los solicitantes de asilo que esperen en México, las posibilidades de que la decisión sea anulada por razones de seguridad -lo que les permitiría esperar en Estados Unidos- son extremadamente reducidas, según un análisis de Reuters de los datos de tribunales de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR, por sus siglas en inglés).

Muchos migrantes y sus defensores dicen que son vulnerables a la violencia en las ciudades fronterizas de México, que tienen algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo y les obligan a enfrentarse a peligros similares a los que les llevaron a huir de sus países de origen.

De los 8.718 migrantes del programa identificados por Reuters en los datos de la EOIR, solo 106 -cerca del 1%- logró que sus casos fueran transferidos desde los PPM, permitiéndoles esperar en Estados Unidos mientras se resuelven sus solicitudes.

El análisis, que entrega el primer recuento público sobre quién está en los PPM y cómo se está implementando, se conoce en un momento en que se prevé una fuerte expansión del programa. El viernes, México acordó aplicarlo en toda la frontera sur para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos.

Trump, quien se postuló a la presidencia con una plataforma para combatir la inmigración ilegal, está cada vez más frustrado por el número creciente de familias -en su mayoría centroamericanas- que cruzan la frontera y solicitan asilo en Estados Unidos.

El gobierno ideó la política de devolver a los solicitantes de asilo a México para reducir la cantidad de migrantes que vive en Estados Unidos, mientras sus casos avanzan por un sistema judicial que acumula muchos retrasos.

Kathryn Mattingly, portavoz de la EOIR, refirió las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Una portavoz del DHS, que se negó a ser identificada, dijo que la división no puede comentar los hallazgos de Reuters, pero que el programa permite a Estados Unidos "asistir de forma más efectiva a los solicitantes de asilo legítimos y a las personas que huyen de la persecución".

Muchos migrantes centroamericanos eligen viajar a través de México en camino a Estados Unidos, por lo que es probable que "la gran mayoría" no sea perseguida allí, dijo el gobierno estadounidense en documentos judiciales.

Grupos de derechos de los inmigrantes han demandado al gobierno para que detenga esta política. En abril, un juez federal de California dictaminó que probablemente violó la ley de inmigración estadounidense, pero una corte de apelaciones permitió en mayo que el programa continuara mientras avanza el proceso legal.

Una vara alta. Los solicitantes de asilo como Tania, que habló a cambio de que solo se use su nombre porque teme por su seguridad en México, pueden decir en cualquier momento a los funcionarios estadounidenses que temen regresar a México, según las directrices legales. Esto da paso a una entrevista que busca garantizar que no vuelva a estar en peligro, lo que violaría las leyes de Estados Unidos y del derecho internacional.

Pero la vara para superar estas entrevistas es alta: los migrantes deben probar que hay "más probabilidades que no" de enfrentarse a la tortura o a la persecución en México.

En el litigio contra el gobierno de Trump, un juez de apelaciones dijo que puede que los migrantes no sepan que tienen derecho a solicitar una entrevista sobre su miedo a esperar en México.

Sin embargo, el gobierno respondió en un expediente judicial que lo más probable es que, si pregunta a cada migrante si teme ser perseguido en México, se generen reclamos falsos que "ralentizarán significativamente el procesamiento de los PPM y desviarán los escasos recursos".

Tania dijo que cuando se separó de su familia y fue enviada a México por primera vez en abril, no tuvo oportunidad de expresar sus temores. En cambio, según dijo, la subieron a un autobús y la condujeron a través de la frontera. Solo dos meses después, en su primera audiencia en el tribunal de inmigración, pudo decirle a un juez que estaba asustada y fue enviada entonces a un entrevistador, señaló.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la división del DHS que supervisa a los funcionarios que realizan estas entrevistas, se escudaron en el litigio para negarse a decir cuántos migrantes se declaran temerosos de regresar a México y cuántos pueden ingresar a Estados Unidos.

En cambio, Reuters analizó los datos de la EOIR, que incluyen todos los casos registrados en cortes migratorias y muestran cuáles abandonan los expedientes de los PPM. Cuando las personas son devueltas a México, se les da un aviso para que comparezcan ante los tribunales, quedando ingresados en el sistema.

Reuters no pudo rastrear a las personas que pudieron haber sido eliminadas del programa de los PPM antes de que sus casos se registraran en el tribunal. Por razones que no están claras, el total de 8.718 casos registrados hasta el 5 de junio es algo menor que el número de migrantes que fueron devueltos, según los funcionarios mexicanos.

Abogados expertos en estos casos en El Paso y San Diego dijeron que las transferencias son un buen indicador de la cantidad de personas que ha podido esperar en Estados Unidos, aunque ven probable que algunos inmigrantes hayan sido admitidos porque estaban embarazadas, enfermos o fueron considerados vulnerables, no porque hayan pasado una entrevista.

Hasta ahora, la mayoría de los migrantes han sido devueltos a Tijuana y Juárez, ciudades con altos índices de homicidios, donde operan las pandillas y los cárteles de la droga y los migrantes a menudo son secuestrados o atracados, según reclaman ellos y sus abogados.

Los migrantes devueltos también dicen tener dificultades para encontrar trabajo, abogados y una dirección permanente para recibir avisos de sus audiencias judiciales, lo que puede afectar negativamente a sus casos. Reuters encontró que al menos 106 inmigrantes del programa fueron deportados en ausencia, lo que significa que no se presentaron a las audiencias.