En Matamoros, la violencia y el abuso contra los migrantes ha obligado a muchos del programa Protocolos de Protección a Migrantes a negarse a mudarse a un refugio en la zona. Human Rights First documentó en agosto 110 casos de abusos.
Matamoros. Incluso después de haber sido secuestrado y asaltado fuera del campamento de migrantes donde había dormido durante dos semanas, Luis Osorto decidió que su única chance de asilo en Estados Unidos era quedarse en la frontera norte de México.
Pero el hondureño de 37 años hizo un pacto consigo mismo: no abandonar el impovisado campamento de tiendas de campaña al final de un puente entre Matamoros y Brownsville, Texas, ni siquiera para comprar agua o recoger transferencias de dinero de su familia.
El pequeño refugio, en una plaza parcialmente cercada que colinda con edificios administrativos a sólo unos metros del río Bravo, alberga a aproximadamente a 1.000 migrantes, muchos de ellos enviados de regreso a México mientras aguardan audiencias migratorias en Estados Unidos bajo el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).
"Ahora espero aquí y confío en otra persona (...) para obtener 70 pesos (US$3,5)", confesó Osorto.
El MPP, que inició a principios de 2019, es una de varias políticas estadounidenses superpuestas destinadas a reducir severamente las solicitudes de asilo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya postura de línea dura sobre la inmigración fue un pilar de su campaña para las presidenciales de 2016, ha dicho que las leyes de asilo en su país alientan a las personas a presentarse en la frontera con sus hijos.
Antes del MPP, era común liberar a las familias que llegaban a Estados Unidos para esperar sus audiencias migratorias, algo que Trump y otros dijeron que permitió que muchos inmigrantes desaparecieran en el país para vivir ilegalmente. Pero estudios han demostrado que la mayoría sí se presenta a sus audiencias.
Más de 51.000 personas, principalmente centroamericanos, han sido enviadas a México desde que comenzó el programa MPP en enero, según la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
Pero los informes de secuestro y extorsión han aumentado desde que el programa se expandió a Matamoros y a la ciudad cercana Nuevo Laredo en el peligroso estado Tamaulipas.
Human Rights First, un grupo de derechos con sede en Estados Unidos, documentó en agosto 110 casos denunciados públicamente de violación, secuestro, explotación sexual y otros actos de violencia contra los repatriados del MPP.
En Matamoros, una ciudad de medio millón de habitantes, la violencia y el abuso contra los migrantes ha obligado a muchos del programa MPP a negarse a mudarse a un refugio en la zona.
Desde julio, Matamoros ha recibido a más de 12.000 solicitantes de asilo bajo el MPP, dijo Enrique Maciel, del Instituto Tamaulipeco para Migrantes, una agencia estatal.
Su alcalde Mario López describió a Matamoros como una ciudad más tranquila que sus vecinas debido a una tregua entre dos cárteles rivales de la droga. En otras partes del estado, la delincuencia luchan a sangre y fuero por territorio.
Reuters habló con seis solicitantes de asilo en el campamento de Osorto que dijeron que habían sido secuestrados o extorsionados, y varios más que tuvieron roces con presuntos delincuentes cerca de la frontera o en otros lugares de México.
Óscar Ramírez, un hondureño de 30 años que espera una cita en la corte de Estados Unidos pautada para el 2 de diciembre, dijo que tres hombres mexicanos lo rodearon una medianoche del mes pasado y comenzaron a interrogarlo, relató.
"Estaba aterrorizado", confesó Ramírez, quien dijo que huyó de los hombres cuando llegó una multitud de personas. "Los rumores que circulan son que en cualquier momento personas desconocidas te secuestrarán".
Reuters no pudo corroborar independientemente las historias de los migrantes.
Kristin Clarens, una fiscal estadounidense que asesora a solicitantes de asilo en la frontera, dijo que había encontrado cinco casos de migrantes en Matamoros pertenecientes al MPP que fueron secuestrados brevemente.
A unos los llevaron a un cajero automático para robar sus cuentas, a otros los obligaron a llamar por teléfono a sus familiares para enviar transferencias de efectivo.
Un portavoz del Instituto Nacional de Migración de México (INM) dijo que no tenía datos sobre tales quejas. El defensor de derechos humanos del país aseguró que estaba buscando datos.
La Oficina del Fiscal General del estado Tamaulipas y la Oficina del Fiscal General federal se negaron a hacer comentarios. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) no respondió a las solicitudes de comentarios sobre los peligros en Tamaulipas.
Demasiado temor para ir al albergue. En el campamento de Osorto, los solicitantes de asilo recurren al río Bravo para lavarse, a pesar de los brotes de erupciones. Las mujeres pagan una pequeña tarifa para usar un baño cercano. Para la comida y las tiendas de campaña dependen de voluntarios a lo largo de la frontera.
Por la noche, las parejas se turnan para vigilar a sus hijos.
A principios del mes pasado, una madre y una hija hondureñas que buscaban asilo se ahogaron en el río cerca del campamento, en lo que la cancillería hondureña calificó como un acto de desesperación tras tres meses de espera en México.
"Ataque a nuestras mentes". Una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el mes pasado permitió que la administración de Trump rechazara el asilo para cualquier persona que pasara por un tercer país, como México, y no solicitara asilo allí.
Trump había amenazado anteriormente con imponer aranceles a México a menos que detuviera a más migrantes y, desde entonces, el país latinoamericano ha utilizado a su recién creada Guardia Nacional para contener la migración hacia el norte.
Clarens, al fiscal estadounidense, dijo que las políticas de Trump estaban bloqueando la mayoría de solicitudes de asilo.
"Es como un juego de ajedrez complicado y esto es como un jaque mate", dijo.
En el campamento de Matamoros, los solicitantes de asilo se lamentan a través de un grupo de WhatsApp, o en voz alta, mientras intentan discernir qué significa esa política para ellos.
"Están atacando nuestras mentes", dijo Óscar Borjas, de 27 años, sobre el cambio de la política estadounidense, barajando un mazo de cartas una noche en un callejón entre tiendas de campaña.
Osorto, quien huyó de la violencia en la hondureña San Pedro Sula dijo que el miedo y la sensación de impotencia eran inevitables.
"No vamos al centro porque dicen que es más peligroso", confesó. Pero haciendo una mueca al mirar por encima de las tiendas, agregó: "No hay nada que hacer aquí".
