Según los últimos sondeos, esta propuesta, conocida también como la "iniciativa contra los salarios abusivos" y a la que se le ha dado el nombre del senador que la propuso, Thomas Minder, será aprobada por amplia mayoría.

Los suizos votan este domingo en referéndum sobre la denominada "Iniciativa Minder", que pretende poner límite a los salarios que cobran los directivos de grandes compañías a través del control y el aval de los accionistas.

Según los últimos sondeos, esta propuesta, conocida también como la "iniciativa contra los salarios abusivos" y a la que se le ha dado el nombre del senador que la propuso, Thomas Minder, será aprobada por amplia mayoría, aunque aún no se conocen los resultados definitivos.

De ser aprobada la iniciativa, el gobierno (Consejo Federal) tendrá un año para redactar una ley que incluya todos sus preceptos.

Una vez su entrada en vigor, la ley se aplicará a todas las sociedades anónimas helvéticas que coticen en la bolsa suiza o en el extranjero.

La Asamblea general de la compañía elegirá anualmente al presidente del Consejo de Administración y a sus miembros; además, la Asamblea General de la compañía deberá pronunciarse anualmente sobre las remuneraciones del consejo de administración, de la dirección y del comité consultivo.

Asimismo, la nueva ley prohibirá que los miembros de los órganos directivos no reciban ni indemnización de partida, conocidos como los "paracaídas dorados", ni primas por contratación.

Además, cuando los directivos partan no podrán obtener ninguna remuneración anticipada, ni podrán estar vinculados por contrato al consejo o a una sociedad del grupo.

Los estatutos de la empresas deberán regular todo lo relacionado con los bonos y las participaciones, y los créditos y los préstamos que se les pueda entregar a la dirección.

Conscientes del rechazo que la propuesta generaría, los promotores de la iniciativa no olvidaron incluir sanciones en caso de que se violen las disposiciones de la misma.

Cuando se viole lo establecido, la falta será sancionada con una pena privativa de libertad de tres años de máximo y del pago de hasta seis remuneraciones anuales.

A pesar de contar con la oposición de la patronal y de la mayoría de los partidos de derecha, la iniciativa tiene mucho apoyo popular, un sosten que se acrecentó hace quince días con la polémica surgida tras el anuncio de que el presidente de la farmacéutica Novartis iba a recibir una indemnización de 58,4 millones de euros tras su salida de la empresa.

Este directivo renunció finalmente a la indemnización, pero el debate resurgió con fuerza y la propuesta ganó vigor.