El recurso fue presentado por el Partido de los Trabajadores (PT) y por el Partido Comunista de Brasil (PCB).

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Luis Roberto Barroso, rechazó un recurso para cancelar la votación en el Congreso de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que establece un techo a los gastos públicos por 20 años.

El recurso fue presentado por el Partido de los Trabajadores (PT) y por el Partido Comunista de Brasil (PCB).

"La responsabilidad fiscal es la base de las economías sanas y no tiene ideología. No respetarla significa predeterminar el futuro con déficit, inflación, altas tasas de interés, desempleo y todas las consecuencias negativas que surgen de estas disfunciones", afirmó.

En su despacho, Barroso salió en defensa de la responsabilidad fiscal, al decir que es una "base de las economías saludables".

"La democracia, la separación de poderes y la protección de los derechos fundamentales, derivan de las decisiones presupuestarias transparentes y debidamente justificadas, y no de la realización de gastos mayores a las posibilidades del erario, que ponen en peligro el futuro y cuyas cargas recaen en las generaciones futuras", dijo.

Barroso reconoció que la PEC puede causar pérdidas financieras a la administración pública, pero no por eso la propuesta ofende la Constitución.

"Ciertamente, existe el riesgo de (que) sectores más vulnerables y menos representados políticamente pierdan la disputa por recursos escasos", comentó.

El ministro del STF complementó, sin embargo, que "no es una cuestión constitucional, sino política, a ser enfrentada con movilización social y conciencia cívica, no con la judicialización".

La PEC, que limita el crecimiento anual del gasto público a la inflación del año anterior, fue aprobada el pasado 6 de octubre por una comisión especial de la Cámara de Diputados y debe ser analizada por el plenario este lunes.

En declaraciones a la prensa, el presidente brasileño Michel Temer, aseguró que el gobierno cuenta con los votos necesarios para la aprobación de la polémica enmienda y que los recortes no implicarán reducciones en las inversiones en salud y educación.