Más de 9.000 migrantes bajo el polémico programa Protocolo de Protección a Migrantes, que obliga a solicitantes de asilo en EE.UU. a esperar en México, han sido llevados a Chiapas desde las ciudades fronterizas bajo un programa pagado por el gobierno de México.
Ciudad de México. El día que llegó la fecha para asistir a su primera audiencia en Estados Unidos, donde el mes pasado se discutiría su solicitud de asilo en ese país, Yesenia estaba a 1.300 millas del lugar, a donde asegura fue llevada bajo engaños de autoridades mexicanas.
La mujer hondureña de 28 años quedó varada junto a su familia en Chiapas, el estado más austral de México y fronterizo con Guatemala, a donde fueron llevados en un autobús pagado por el Gobierno mexicano con la promesa de que irían a una ciudad más segura que Nuevo Laredo, en el norteño Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país.
La migrante, quien pidió a Reuters no ser nombrada con su nombre completo por temor a su seguridad, dijo que lo único que recuerda es que funcionarios del gobierno les ofrecieron sacarlos de la fronteriza ciudad y ellos aceptaron atemorizados por ser víctima de algún secuestro u otro delito.
Ella, y otros viajeros, pensaron que iba a poder bajar de la unidad en el momento que lo deseara y que sólo sería llevada a un lugar cercano y seguro pero cuando pidió al conductor parar él se negó, por lo que la familia terminó su trayecto tres días después.
Al igual que Yesenia, otros más de 9.000 migrantes bajo el polémico programa Protocolo de Protección a Migrantes (Mpp), que obliga a solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en México, han sido llevados a Chiapas desde las ciudades fronterizas de Matamoros y Nuevo Laredo bajo un programa pagado por el gobierno de México, según muestran documentos del gobierno que Reuters obtuvo.
El programa de autobuses comenzó el verano pasado y estaba en curso en el momento de la publicación. Esta medida es parte de una serie de políticas migratorias mexicanas que incluye un importante despliegue de la Guardia Nacional Mexicana, en tareas para reducir el número de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que llegan a la frontera con Estados Unidos.
El Instituto Nacional de Migración de México (INM) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no respondieron a las solicitudes de comentarios.
En los mismos documentos, el INM dijo que los autobuses fueron puestos por el gobierno y que son parte de un programa de apoyo para que migrantes que quieran regresar "voluntariamente" a su país puedan hacerlo. Sin embargo, migrantes entrevistados por Reuters aseguran que fueron engañados y abandonados en Chiapas. En el caso de Yesenia provocó que perdiera su audiencia en Estados Unidos.
La organización Fray Matías de Córdoba en Chiapas documentó unos 50 casos de migrantes que utilizaron estos autobuses. Ellos dijeron que al momento de intentar volver a la frontera para su audiencia de asilo fueron detenidos por funcionarios mexicanos.
Solamente algunos lograron ir a la corte pero otros no, dijo Enrique Vidal, del organismo de derechos humanos en Chiapas. Al igual que Yesenia, muchos dicen que nunca se les informó que serían llevados tan lejos, agregó.
"Corren el riesgo de perder su procedimiento de asilo", dijo Vidal. En la mayoría de los casos deben pasar por más de tres audiencias y permanecer por meses en México.
Una portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo a Reuters que a muchos de los migrantes que han entrevistado y que subieron a los autobuses "les faltaba información sobre su situación".
Funcionarios a cargo del programa de autobuses no entrevistan a los solicitantes para asegurarse que entienden la decisión que están tomando, narraron dos migrantes que utilizaron el servicio y un defensor de Derechos humanos.
Yesenia dijo que ella y su esposo preguntaron en varias ocasiones a los funcionarios de inmigración en México hacia dónde se dirigía el autobús, pero solo les dijeron que los llevaría lejos de Nuevo Laredo.
El viaje consistía en "prácticamente una deportación", agregó.
El mes pasado Yesenia y su familia intentaron regresar al norte para ir a su audiencia de asilo en Laredo, Texas, pero se vieron obligados a bajar del autobús después de que funcionarios mexicanos de migración vieron que su documentación para transitar en México había expirado.
El abogado de Yesenia logró reprogramar la audiencia de su familia para abril, dándoles más tiempo para renovar sus documentos.
Yesenia dice que si hubiera sabido hacia dónde se dirigía el autobús, habría buscado refugio en Nuevo Laredo. "Nos sentimos engañados, defraudados", dijo.
