Los jueces de la Corte de Apelación de Roma consideraron a un grupo de militares y policías responsables del operativo militar pactado entre las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para secuestrar y ejecutar a los disidentes, conocido como Plan Cóndor.
La Justicia italiana condenó en ausencia este lunes a cadena perpetua a 24 represores sudamericanos procesados por la desaparición y muerte de 23 opositores de origen italiano, indicaron fuentes judiciales.
Los jueces de la Corte de Apelación de Roma consideraron a un grupo de militares y policías de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay responsables del operativo militar pactado entre las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para secuestrar y ejecutar a los disidentes, conocido como Plan Cóndor.
De este modo, el Tribunal de Apelación de Roma cambia la sentencia en primera instancia de enero de 2017 y que estableció ocho cadenas perpetuas y 19 imputados absueltos por haber prescrito los delitos.
Entre los condenados de este lunes está el ex militar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, el único que se ha personado en el proceso, ya que reside en libertad en Italia desde que se escapara de la justicia de su país en 2007 y que había sido absuelto.
También el ex presidente peruano Francisco Morales Bermúdez, su primer ministro Pedro Richter Prada (muerto en julio de 2017), el ex militar peruano Germán Ruiz, los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco.
A estos condenados se suman ahora los ex militares chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan.
Asimismo los ex militares uruguayos José Arab, José Gavazzo, Juan Larcebeauy, Pedro Mato, Luis Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Santa Lima, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Gilverto Vázquez.
Todos han sido condenados por los delitos de homicidio voluntario y deberán también pagar las costas del juicio.
Este proceso comenzó con la denuncia hace exactamente 20 años en Italia de algunos familiares de desaparecidos, un año después de que se ordenara la detención del dictador chileno Augusto Pinochet tras la investigación del juez español Baltasar Garzón.
