Entre febrero de 2019 y agosto de 2022, fueron retornados a territorio mexicano 81,350 personas a través del programa estadounidense Protocolos de Protección a Migrantes; de 2019 a 2022 más de 2.5 millones de personas fueron retornadas al país bajo el título 42.

Estados Unidos enfrenta un éxodo sin precedentes de personas desplazadas por razones económicas, así como de solicitantes de asilo, que han obligado a su gobierno a tomar medidas que convirtieron a México en sala de espera de migrantes en busca de protección internacional.

Durante los últimos dos años, ciudades mexicanas ubicadas en las fronteras sur y norte de México, así como en las rutas de la migración irregular hacia el norte, han estado sometidas a una fuerte presión, debido a la escalada en el arribo de migrantes extranjeros, tanto procedentes del sur del país como los retornados desde Estados Unidos.

En Tapachula, Chiapas y ciudades de la frontera norte, están varados decenas de miles de extranjeros que tienen la intención de conseguir refugio en Estados Unidos.

De acuerdo con cifras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), desde diciembre, han surgido nuevos campamentos de migrantes en Matamoros, Reynosa y Tapachula.

Por tratarse de migración irregular, no existen cifras precisas, pero tan solo en Tapachula se estima que actualmente hay alrededor de 6,000 migrantes extranjeros; 15,000 en Baja California; 20,000 en Ciudad Juárez, Chihuahua y 3,000 en Matamoros, Tamaulipas.

Las estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dejan ver la escalada en la llegada de migrantes extranjeros a México en busca de llegar a la frontera con Estados Unidos. De 2014 a 2019 la cantidad de personas extranjeras que buscaron protección en México se duplicó año con año. El número de solicitantes pasó de 1,296, en 2014, a 70,314 en 2019. Eso significa un incremento de 5,325%.

En 2020, debido a la pandemia, la cifra bajó a 40,914, pero en 2021 llegó a 129,791 y en 2022 a 118,478.

Las autoridades estiman que en 2023 la cifra de solicitantes será similar a la del año pasado. Esa avalancha de solicitantes de refugio evidentemente saturó los servicios de la Comar.

El 25 de enero de 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el de México, Andrés Manuel López Obrador, pusieron en marcha los llamados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), mejor conocidos como “Quédate en México” (para solicitantes de asilo)

Mediante ese instrumento, se da la expulsión inmediata a territorio mexicano de personas de México, El Salvador, Guatemala y Honduras que cruzaron la frontera sin autorización para solicitar asilo.

Posteriormente, en octubre de 2022, México admitió que se enviara a su territorio a ciudadanos de Venezuela y el 5 de enero de 2023 permitió además a los ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Haití, con lo que se recibirán hasta 30,000 al mes de esas tres nacionalidades.

De acuerdo con el segundo reporte “Entre la espera y el asentamiento: inserción laboral y residencial de inmigrantes y desplazados en ciudades fronterizas del norte de México” publicado por El Colegio de la Frontera Norte (Colef), el programa MPP se terminó definiendo en dos etapas: el MPP 1 inició en 2019 y concluyó con una Orden Ejecutiva en febrero de 2021, mientras que el MPP 2 inició con su reactivación por orden de un juez federal, ratificada por la Suprema Corte de Justicia en diciembre de 2021 y finalizó en agosto de 2022.

Cifras del Trac Inmigration, señalan que entre febrero de 2019 y agosto de 2022, fueron retornados a México 81,350 personas a través de los MPP. Un número no determinado son reincidentes.

El problema es que, según Human Rights Watch (HRW), los solicitantes de asilo devueltos a México corren el riesgo de ser secuestrados, extorsionados y violados; se les niega el acceso a servicios fundamentales como la atención médica y la educación y se viola sistemáticamente su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.

El programa también agrava las deficiencias existentes en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, como la falta de acceso a la asistencia jurídica, los obstáculos a la representación legal, la falta de transparencia en los procedimientos de inmigración y las limitadas protecciones legales para las personas que solicitan asilo.

Durante visitas realizadas en marzo de 2022 a ciudades mexicanas fronterizas con Texas, trabajadores humanitarios dijeron a WOLA que miembros de grupos del crimen organizado esperan todos los días cerca de los puentes fronterizos, vigilando a las personas migrantes expulsadas para secuestrarlas

Según reportes de HRW, en esa cifra se incluyen a decenas de miles de niños y personas con discapacidades y condiciones de salud crónicas.

En tanto, WOLA, refiere que, desde que se impuso por primera, vez las administraciones de Trump y Biden han utilizado el Título 42 unas 2.5 millones de veces para expulsar a personas migrantes.

La misma organización no gubernamental asegura que el programa también ha provocado más de 13,000 delitos contra migrantes a quienes se ha impedido la entrada en Estados Unidos o se ha expulsado a México durante la administración Biden, según reportes de organizaciones de derechos humanos que cita.

A pesar de continuar con el rechazo a solicitantes de asilo, el gobierno de Biden ha implementado excepciones tanto a las expulsiones por Título 42 como al programa MPP a través de permisos humanitarios (parole), que son tramitados con la intermediación de organizaciones humanitarias, o bien, de abogados de inmigración, han cruzado miles de personas en los puertos de entrada. La mayoría se ha reunificado con sus familiares para dar continuidad a sus casos de asilo en cortes de inmigración al interior de Estados Unidos

Entre febrero y agosto de 2021, cerca de 13,000 personas fueron readmitidas a Estados Unidos a través del sistema CONECTA, lo que representa poco menos de la mitad de los casos pendientes bajo MPP.

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) durante la segunda fase del programa MPP, de diciembre de 2021 a junio de 2022, un total de 9 653 personas ingresaron a ese mecanismo, de las cuales más de 35% (3,411) salieron del mismo por manifestar temores fundados de ser enviados a México.