El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es una buena noticia para todos. Lo es, por supuesto, para las partes que integrarán progresivamente sus mercados, que suman más de 700 millones de potenciales consumidores. Contribuye al necesario relanzamiento de la Asociación Estratégica de América Latina con la UE, acordada hace 20 años en la primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de las dos regiones, en Río de Janeiro, relación birregional que en estas dos décadas ha dado muchos frutos, pero que últimamente no ha estado a la altura de la retórica ni de los nuevos tiempos. Y es también muy importante globalmente: tiene efectos sistémicos de orden político y comercial, refuerza el multilateralismo y envía una señal de concertación cooperativa en momentos de amenazas concretas a la paz y el desarrollo.
Al firmarse el acuerdo, se completa por fin el mapa de las relaciones euro-latinoamericanas, explicitando la voluntad política de los jefes de Estado y de gobierno en la primera Cumbre UE-ALC -que ha sido reiterada desde entonces en las posteriores Cumbres de Madrid (2002), Guadalajara, México (2004), Viena (2006), Lima (2008), Madrid (2010), Santiago de Chile (2013) y Bruselas (2015). Dicha voluntad política significa llevar adelante un proceso de acuerdos de la UE con países y regiones latinoamericanas, para conformar una red que en la práctica constituya entre ambas regiones no sólo una zona de libre comercio, sino una asociación estratégica basada en tres pilares: diálogo político, comercio y cooperación al desarrollo.
En la primera Cumbre, los líderes políticos señalaron expresamente, para comenzar, a Chile, México y el Mercosur. Chile y México firmaron cada uno un acuerdo de asociación con la UE en menos de tres años, muy beneficiosos, actualmente en proceso de modernización. Sucesivamente, se fue armando la red, con acuerdos similares con Centroamérica y Panamá, el Caribe, Perú, Colombia, Ecuador, y en diferentes modalidades con Bolivia y Cuba. Pero no ocurrió lo mismo con el Mercosur. Pasaron 20 años de negociaciones complicadas, trabadas por temas agrícolas e industriales, vaivenes políticos y recelos, sobre todo en Argentina y Brasil; reticencias de Francia y otros por el acceso a sus mercados agrícolas, y últimamente también por cuestiones medioambientales, después del Acuerdo de París. Líneas rojas lideradas por Francia y otros países de la UE, y mucha preocupación por lo que Bolsonaro pretende hacer con la Amazonía en lo ambiental, demográfico y étnico. Sin embargo, el presidente brasileño se ha mostrado colaborativo a la hora de cerrar el acuerdo, mientras Macron 'arriscaba la nariz'. Los nuevos vientos políticos en el Mercosur han soplado a favor para que esta vez se llegara a buen puerto.
Por parte de la UE, un último impulso iniciado por España se unió al deseo de la Comisión Juncker, que ya termina su mandato, de sumar este logro al reciente acuerdo con Canadá y Japón. De este modo, con eje en la UE, se constituye entre América latina y el Caribe, la UE, Japón y Canadá, una mega zona de libre comercio, inversiones y cooperación basada en reglas, de 1.300 millones de personas, con un poder adquisitivo promedio de medio a alto. De este modo, se refuerza el multilateralismo y la vigencia del libre comercio, el cuidado del medioambiente y la seguridad alimentaria, se da un impulso a los fundamentos de la OMC que debe entrar pronto en un proceso de reforma, y envía una señal muy potente a las amenazas proteccionistas y conjuran las consecuencias de una guerra comercial entre China y Estados Unidos.
Sin duda que la UE sale reforzada en su posicionamiento global, respondiendo así al ninguneo de Trump y a un cada vez más devaluado Brexit. Y por parte latinoamericana, para esta red de acuerdos firmados en estos 20 años con la UE, que cubren todo el continente, la tarea ahora es armonizarlos y hacerlos convergentes -lo que no debería ser muy difícil, ya que tienen todos unos parámetros comunes-, con lo que es posible que por esta vía por fin lleguemos a una integración de toda la región, como ya lo planteara hace unos años el presidente Ricardo Lagos. Y para ello, disponemos de un marco institucional sólido, que es el Tratado de Montevideo de 1980 y su instrumento, la ALADI.
