A la Plaza de la Revolución no le cabe una preocupación más. Cuba está hundida en una profunda crisis económica que ha agudizado el desabastecimiento de alimentos, el próximo 24 de febrero la inconformidad popular puede hacer zozobrar el referendo constitucional, y ahora se abre un nuevo frente de conflicto, esta vez, con el Gobierno de Colombia.

Tras el atentado terrorista que dejó 20 muertos y 68 heridos en Bogotá, el presidente Iván Duque ha insistido en que La Habana le entregue a los diez miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de la delegación de paz que permanecen en la isla. Hasta ahora, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, solo ha respondido con un tecnicismo que provoca más dudas que certezas.

Según escribió el ministro de Exteriores en su cuenta de Twitter, "Cuba actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN”, en caso de ruptura de negociaciones. Pero los precedentes de estas últimas seis décadas apuntan a que evitará a toda costa entregar a los guerrilleros. Es poco probable que este caso ponga punto final al largo expediente de protección a prófugos y criminales que tiene La Habana.

En la isla se han escondido por décadas decenas de etarras involucrados en asesinatos y con un amplio historial delictivo en España. En la capital cubana vive también Joanne Chesimard, conocida también como Assata Shakur, quien entró a la lista de los terroristas más buscados por el FBI después de matar a un policía. El famoso ladrón Robert Vesco encontró refugio bajo la falda de la revolución cubana después de robar más de 200 millones.

Esa "solidaridad” con criminales y terroristas parte de dos pilares importantes. El primero de ellos se estableció desde los primeros años en que Fidel Castro llegó al poder y se expresa en la solidaridad y el apoyo a cualquier movimiento o persona que comparta ideas anticapitalistas, comunistas o de subversión del orden establecido en su país de origen. El segundo, obedece a la máxima de que "el enemigo del enemigo” es siempre un amigo para el régimen cubano.

Bajo esas dos premisas, las autoridades han acogido a cuanto delincuente internacional hubiera pedido refugio tras mostrar un prontuario de daños contra las instituciones de Estados Unidos, los gobiernos de América Latina y los cuerpos del orden de los países más críticos con la situación de los derechos humanos en la Isla. Hospedar a esos impresentables ha sido un acto de venganza política, un desafío a la Justicia internacional y una burla a las víctimas.

¿Por qué ahora el gobierno de Cuba actuaría de forma diferente? Cada vez más aislado en la región, con una generación histórica en franca retirada biológica y un sistema que no logra sacar del atolladero material a 11 millones de personas, La Habana debería responder afirmativamente al pedido de Bogotá para dejar claro que los tiempos de la complicidad con criminales han terminado.

Sin embargo, creer que algo así es posible se equipara a soñar con que el escorpión no picará a la rana que lo ayuda a cruzar el río. Aunque se hunda en las aguas del descrédito y de la soledad diplomática, cobijar terroristas está en la naturaleza del castrismo.