Una vez manifiesto el hecho de que los precios de las materias primas no responden únicamente a la decaída demanda asiática, sino también a los permanentes estímulos monetarios de la Reserva Federal de EE.UU., los flancos que han quedado descubiertos en la economía boliviana no están relacionados únicamente a los precios del petróleo, que aún se mantienen elevados (los de la minería ya han caído con serias consecuencias), sino también a la presión que esta excesiva oferta de liquidez ejerce sobre los sistemas cambiarios.
Uno de los casos que podría resultar útil para ilustrar este problema es el de Brasil, cuyo ministro de Hacienda, Guido Mantega, lleva varios años lamentando las distorsiones que la marea internacional de liquidez ha provocado sobre su moneda. Sin embargo, en vez de establecer políticas de apertura y flexibilidad laboral y productiva como en Chile, Colombia y Perú, que mitiguen el impacto de la “guerra monetaria” que acusa, Mantega y su gobierno han optado por la apreciación cambiaria, el proteccionismo y los controles de precios circunstanciales como en Venezuela y Argentina, buscando retrasar los ajustes tanto como para garantizar una relativa estabilidad para el Mundial de Fútbol y las elecciones generales en octubre, pero hace escasos tres meses, mucho antes de las esperadas caídas del precio del petróleo, Mantega tuvo que desmentir los reportes de la prensa internacional sobre el inicio de una recesión que se sumaría a la elevada inflación y las consecuentes protestas.
Pues en el mismo camino de Brasil, el gobierno de Bolivia acaba de anunciar otro incremento del salario mínimo nacional como los que ha venido estableciendo cada año desde que ascendió al poder en enero de 2006, y tan sólo cuatro meses después de decretar el incremento del 100% en el aguinaldo de fin de año de los trabajadores.
La opinión oficial al respecto sostiene que al incrementar los salarios se generará un círculo económico virtuoso que probablemente no tendrá mayores consecuencias que las de un ligero incremento de la inflación, aunque presumir el control de la misma mientras llaman auge a, por ejemplo, los estratosféricos precios en el sector inmobiliario, debería ser motivo de sospecha, sobre todo si el virtuoso incremento fue de tan sólo 20% y no de 100%.
De la misma manera, lo que no se advierte es que estas medidas se traducen en el desempleo de los menos cualificados en la sociedad, o la informalidad de aquellos que están dispuestos a trabajar por menos de lo establecido por ley. Al mismo tiempo, a medida que los salarios se incrementan, mayores serán los costos de producción del empresario, que no tendrá mayor remedio que trasladarlos a los precios, y a medida que éstos se incrementen, la cantidad de bienes y servicios que el público puede adquirir será cada vez menor, a la vez que será menor el margen de ganancia que el empresario tiene como incentivo para iniciar o sostener cualquier negocio.
No obstante, y más importante aún, es que la inflación consecuente estaría siendo controlada fundamentalmente con un tipo de cambio fijo. Esta medida, aunque torpe, podría ser en realidad la única acertada. Es cierto que de esta manera se ha provocado la importación de casi todo lo que tradicionalmente se producía en el país, pero por otro lado permite que sólo los negocios mejor capitalizados sean los capaces de competir en los mercados internacionales y sostenerse en tiempos adversos.
Por el contrario, apuntar al incremento del tipo de cambio como se pretende pronto, significa suscribir estas medidas orientadas a postergar la corrección de una estructura productiva que ya tendría que haber empezado a readaptarse para el momento en que la ciudadanía se vea forzada a modificar sus hábitos de consumo ante cualquier contingencia, ya sea por el agravamiento de la crisis internacional o el agotamiento del “modelo capitalista andino-amazónico”.
El problema entonces no es el tipo de cambio fijo en sí mismo, sino el conjunto de medidas populistas de corto plazo que lo presionan con miras al tercer mandato en octubre. Así, las expectativas sobre cuál vaya a ser el desenlace de la inflación dependen de si el margen de maniobra que se cree tener para modificar el tipo de cambio es tan amplio como para que una descoordinación entre oferta y demanda de considerable magnitud no tenga lugar antes de las elecciones de fin de año.